La falta de viviendas se ha convertido de un tiempo a esta parte en una de las principales problemáticas sociales. Por tal motivo, los senadores nacionales Juan Carlos Romero y Sonia Escudero presentaron, recientemente, un proyecto de ley para poner fin al reparto discrecional de fondos nacionales para la construcción de viviendas, de modo tal que “los recursos lleguen a las jurisdicciones que, como Salta, poseen un alto déficit habitacional”.
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La falta de viviendas se ha convertido de un tiempo a esta parte en una de las principales problemáticas sociales. Por tal motivo, los senadores nacionales Juan Carlos Romero y Sonia Escudero presentaron, recientemente, un proyecto de ley para poner fin al reparto discrecional de fondos nacionales para la construcción de viviendas, de modo tal que “los recursos lleguen a las jurisdicciones que, como Salta, poseen un alto déficit habitacional”.
De acuerdo a los datos del último censo (2010), “Salta es la quinta provincia con mayor déficit habitacional en el país, detrás de Formosa, Santiago del Estero, Chaco y Misiones. Del otro lado de la tabla, las provincias con menor déficit son Ciudad de Buenos Aires, La Pampa, Santa Cruz y Córdoba”, agregaron los representantes salteños.
“El problema es que cada vez se financian menos casas a través del Fondo Nacional de Viviendas (Fonavi), porque el Gobierno nacional privilegia el reparto discrecional de fondos a través de los diferentes planes federales de vivienda; la política habitacional quedó a merced de los intereses del gobierno de turno”, advirtieron los legisladores.
En tal sentido, los legisladores puntualizaron en su iniciativa que “en 1983 se construyeron a través del Fonavi 40.743 viviendas; en 1993 se hicieron 29.913; en 2003 fueron 19.813; mientras que en 2011 solo se hicieron 6.280 viviendas” (fuente: Comisión Nacional de la Vivienda).
El Fonavi se financia con un porcentaje (33%) del impuesto a los combustibles líquidos (para este año le corresponden unos $4.500 millones), más los recuperos de las inversiones y los recursos propios aportados por las jurisdicciones. Estos fondos se distribuyen de manera automática entre las provincias, según un coeficiente que está congelado desde enero de 2001, y hasta que se sancione una nueva ley de coparticipación.