Como muchos otros problemas en la Argentina, el resarcimiento a los 33 mil empleados de la YPF estatal, que no adhirieron al programa de propiedad participada sigue demorándose. Aunque el proyecto de ley tiene sanción unánime de la Cámara de Diputados desde el 12 de noviembre último, el oficialismo impidió ayer el tratamiento sobre tablas en el Senado de la Nación.
El texto apunta a resarcir la deuda económica que mantiene el Estado nacional con los ex trabajadores de YPF a raíz de la exclusión arbitraria por la que no pudieron acogerse al Programa de Propiedad Participada.
El escenario
El Norte salteño tuvo en la YPF estatal una suerte de avanzada de desarrollo. La privatización petrolera dispuesta en 1992, fecha en que la actividad quedó en manos de varias empresas, incluyó el despido de gran cantidad de empleados que no encontraron lugar en las compañías privadas. A este problema se sumó, en la última década, la paralización de la actividad gasífera a raíz de los topes de precios impuestos a la producción local, equivalentes a la quinta parte del que se paga a Bolivia y la octava parte respecto de otros proveedores. Esta política desalentó la inversión y sus efectos se sintieron en el déficit energético nacional y la caída del empleo en el norte salteño, especialmente, en el departamento San Martín
El texto apunta a resarcir la deuda económica que mantiene el Estado nacional con los ex trabajadores de YPF a raíz de la exclusión arbitraria por la que no pudieron acogerse al Programa de Propiedad Participada.
El escenario
El Norte salteño tuvo en la YPF estatal una suerte de avanzada de desarrollo. La privatización petrolera dispuesta en 1992, fecha en que la actividad quedó en manos de varias empresas, incluyó el despido de gran cantidad de empleados que no encontraron lugar en las compañías privadas. A este problema se sumó, en la última década, la paralización de la actividad gasífera a raíz de los topes de precios impuestos a la producción local, equivalentes a la quinta parte del que se paga a Bolivia y la octava parte respecto de otros proveedores. Esta política desalentó la inversión y sus efectos se sintieron en el déficit energético nacional y la caída del empleo en el norte salteño, especialmente, en el departamento San Martín
El proyecto
La indemnización prevista en el proyecto equivale al valor de las 956 acciones de YPF S.A. al día del cobro ($439.000 a cotización del 31/10), y representa una reparación histórica que se cobrará en bonos.
El vicepresidente segundo de la Cámara Alta, Juan Carlos Romero, opinó que "se perdió otra oportunidad de reparar hacia el futuro una situación que fue injusta para los entonces trabajadores".
Romero fue uno de los impulsores de la iniciativa en la Cámara alta y ayer ratificó ante sus pares que "la región hidrocarburífera de Salta debe recuperar su potencia, su producción, su generación de empleo y su desarrollo".
La indemnización prevista en el proyecto equivale al valor de las 956 acciones de YPF S.A. al día del cobro ($439.000 a cotización del 31/10), y representa una reparación histórica que se cobrará en bonos.
El vicepresidente segundo de la Cámara Alta, Juan Carlos Romero, opinó que "se perdió otra oportunidad de reparar hacia el futuro una situación que fue injusta para los entonces trabajadores".
Romero fue uno de los impulsores de la iniciativa en la Cámara alta y ayer ratificó ante sus pares que "la región hidrocarburífera de Salta debe recuperar su potencia, su producción, su generación de empleo y su desarrollo".
Juan Carlos Romero CANDIDATO A GOBERNADOR "Es una demora injustificada para quienes apostamos al futuro de San Martín"
Los ex ypfianos salteños involucrados en el reclamo son más de tres mil. "Apostamos a un futuro donde la gente pueda tener oportunidad de trabajos en cada uno de sus lugares, como por ejemplo, en Tartagal y en General Mosconi, dos ciudades petroleras por excelencia. Queremos que ambas ciudades vuelvan a crecer en paz, con trabajo y esperanza, como debe ser. Esta vez no se pudo pero seguiremos insistiendo y sé que vamos a lograrlo".
El reclamo de los ex empleados vuelve a encolumnar a las grandes provincias petroleras. La diputada nacional por el Movimiento Popular Neuquino Alicia Comelli opina que "el gobierno nacional es quien debe reconocer los derechos adquiridos de los ex empleados de YPF, cumpliendo con la ley que oportunamente se sancionara en reconocimiento de la Propiedad Participada y que aún no se hizo efectiva". Cuando el proyecto sea ley, los ex ypefianos o sus herederos, luego de largos años de espera, podrían finalmente cobrar acciones de propiedad participada con las que en su momento fueron beneficiados a la hora de la privatización de YPF, en época de Carlos Menem, pero que nunca más le fueran reconocidas. En el caso de la provincia de Salta, con actividad petrolera y gasífera que pese a la falta de inversión le permite ocupar el cuarto lugar en el contexto del país por su producción, son unos 3 mil los ex ypefianos que lograrán obtener el beneficio.
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El reclamo de los ex empleados vuelve a encolumnar a las grandes provincias petroleras. La diputada nacional por el Movimiento Popular Neuquino Alicia Comelli opina que "el gobierno nacional es quien debe reconocer los derechos adquiridos de los ex empleados de YPF, cumpliendo con la ley que oportunamente se sancionara en reconocimiento de la Propiedad Participada y que aún no se hizo efectiva". Cuando el proyecto sea ley, los ex ypefianos o sus herederos, luego de largos años de espera, podrían finalmente cobrar acciones de propiedad participada con las que en su momento fueron beneficiados a la hora de la privatización de YPF, en época de Carlos Menem, pero que nunca más le fueran reconocidas. En el caso de la provincia de Salta, con actividad petrolera y gasífera que pese a la falta de inversión le permite ocupar el cuarto lugar en el contexto del país por su producción, son unos 3 mil los ex ypefianos que lograrán obtener el beneficio.
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Como muchos otros problemas en la Argentina, el resarcimiento a los 33 mil empleados de la YPF estatal, que no adhirieron al programa de propiedad participada sigue demorándose. Aunque el proyecto de ley tiene sanción unánime de la Cámara de Diputados desde el 12 de noviembre último, el oficialismo impidió ayer el tratamiento sobre tablas en el Senado de la Nación.
El texto apunta a resarcir la deuda económica que mantiene el Estado nacional con los ex trabajadores de YPF a raíz de la exclusión arbitraria por la que no pudieron acogerse al Programa de Propiedad Participada.
El escenario
El Norte salteño tuvo en la YPF estatal una suerte de avanzada de desarrollo. La privatización petrolera dispuesta en 1992, fecha en que la actividad quedó en manos de varias empresas, incluyó el despido de gran cantidad de empleados que no encontraron lugar en las compañías privadas. A este problema se sumó, en la última década, la paralización de la actividad gasífera a raíz de los topes de precios impuestos a la producción local, equivalentes a la quinta parte del que se paga a Bolivia y la octava parte respecto de otros proveedores. Esta política desalentó la inversión y sus efectos se sintieron en el déficit energético nacional y la caída del empleo en el norte salteño, especialmente, en el departamento San Martín
El texto apunta a resarcir la deuda económica que mantiene el Estado nacional con los ex trabajadores de YPF a raíz de la exclusión arbitraria por la que no pudieron acogerse al Programa de Propiedad Participada.
El escenario
El Norte salteño tuvo en la YPF estatal una suerte de avanzada de desarrollo. La privatización petrolera dispuesta en 1992, fecha en que la actividad quedó en manos de varias empresas, incluyó el despido de gran cantidad de empleados que no encontraron lugar en las compañías privadas. A este problema se sumó, en la última década, la paralización de la actividad gasífera a raíz de los topes de precios impuestos a la producción local, equivalentes a la quinta parte del que se paga a Bolivia y la octava parte respecto de otros proveedores. Esta política desalentó la inversión y sus efectos se sintieron en el déficit energético nacional y la caída del empleo en el norte salteño, especialmente, en el departamento San Martín
El proyecto
La indemnización prevista en el proyecto equivale al valor de las 956 acciones de YPF S.A. al día del cobro ($439.000 a cotización del 31/10), y representa una reparación histórica que se cobrará en bonos.
El vicepresidente segundo de la Cámara Alta, Juan Carlos Romero, opinó que "se perdió otra oportunidad de reparar hacia el futuro una situación que fue injusta para los entonces trabajadores".
Romero fue uno de los impulsores de la iniciativa en la Cámara alta y ayer ratificó ante sus pares que "la región hidrocarburífera de Salta debe recuperar su potencia, su producción, su generación de empleo y su desarrollo".
La indemnización prevista en el proyecto equivale al valor de las 956 acciones de YPF S.A. al día del cobro ($439.000 a cotización del 31/10), y representa una reparación histórica que se cobrará en bonos.
El vicepresidente segundo de la Cámara Alta, Juan Carlos Romero, opinó que "se perdió otra oportunidad de reparar hacia el futuro una situación que fue injusta para los entonces trabajadores".
Romero fue uno de los impulsores de la iniciativa en la Cámara alta y ayer ratificó ante sus pares que "la región hidrocarburífera de Salta debe recuperar su potencia, su producción, su generación de empleo y su desarrollo".
Juan Carlos Romero CANDIDATO A GOBERNADOR "Es una demora injustificada para quienes apostamos al futuro de San Martín"
Los ex ypfianos salteños involucrados en el reclamo son más de tres mil. "Apostamos a un futuro donde la gente pueda tener oportunidad de trabajos en cada uno de sus lugares, como por ejemplo, en Tartagal y en General Mosconi, dos ciudades petroleras por excelencia. Queremos que ambas ciudades vuelvan a crecer en paz, con trabajo y esperanza, como debe ser. Esta vez no se pudo pero seguiremos insistiendo y sé que vamos a lograrlo".
El reclamo de los ex empleados vuelve a encolumnar a las grandes provincias petroleras. La diputada nacional por el Movimiento Popular Neuquino Alicia Comelli opina que "el gobierno nacional es quien debe reconocer los derechos adquiridos de los ex empleados de YPF, cumpliendo con la ley que oportunamente se sancionara en reconocimiento de la Propiedad Participada y que aún no se hizo efectiva". Cuando el proyecto sea ley, los ex ypefianos o sus herederos, luego de largos años de espera, podrían finalmente cobrar acciones de propiedad participada con las que en su momento fueron beneficiados a la hora de la privatización de YPF, en época de Carlos Menem, pero que nunca más le fueran reconocidas. En el caso de la provincia de Salta, con actividad petrolera y gasífera que pese a la falta de inversión le permite ocupar el cuarto lugar en el contexto del país por su producción, son unos 3 mil los ex ypefianos que lograrán obtener el beneficio.
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El reclamo de los ex empleados vuelve a encolumnar a las grandes provincias petroleras. La diputada nacional por el Movimiento Popular Neuquino Alicia Comelli opina que "el gobierno nacional es quien debe reconocer los derechos adquiridos de los ex empleados de YPF, cumpliendo con la ley que oportunamente se sancionara en reconocimiento de la Propiedad Participada y que aún no se hizo efectiva". Cuando el proyecto sea ley, los ex ypefianos o sus herederos, luego de largos años de espera, podrían finalmente cobrar acciones de propiedad participada con las que en su momento fueron beneficiados a la hora de la privatización de YPF, en época de Carlos Menem, pero que nunca más le fueran reconocidas. En el caso de la provincia de Salta, con actividad petrolera y gasífera que pese a la falta de inversión le permite ocupar el cuarto lugar en el contexto del país por su producción, son unos 3 mil los ex ypefianos que lograrán obtener el beneficio.
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