Los cronistas que debían cubrir para los medios oficiales la llegada de Juan Carlos Romero a Tribunales debieron conformarse con fotografiar al ex subsecretario de Tierra y Habitat, Diego Barreto, acompañado de algunos seguidores, que manifestaban contra el senador.
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Los cronistas que debían cubrir para los medios oficiales la llegada de Juan Carlos Romero a Tribunales debieron conformarse con fotografiar al ex subsecretario de Tierra y Habitat, Diego Barreto, acompañado de algunos seguidores, que manifestaban contra el senador.
Barreto fue denunciado hace un tiempo ante el procurador Pablo López Viñals por irregularidades en el manejo de la expropiación de las cotizadas tierras de la sucesión de Celestino Burgos, en inmediaciones del Hiper Libertad, en Limache.
Sin embargo, no había ido ayer a la sede judicial para dar explicaciones, ya que, como era de esperar, la denuncia no prosperó.
Para entonces ya se sabía que el abogado de Romero, Oscar Pedro Guillén, iba a presentar la recusación contra el juez José María Alvarado Solá, reclamando condiciones básicas de imparcialidad para realizar su declaración. Guillén señaló una serie de vicios en la citación a indagatoria por el caso La Ciénaga, entre ellas, el hecho de que no hayan sido convocados 14 personas, muchos de ellos funcionarios de Juan Manuel Urtubey, que la hipótesis de la fiscalía ubica como los ejecutores de los hechos, que se interpretan como irregulares, que se invocan en la causa y que el senador niega por completo.
La presencia del citado Barreto, las expectativas generadas por el sistema de medios rentados por el gobierno y la versión que circuló por vía digital de que se ofrecían interesantes sumas por la mejor foto del senador entrando a la Ciudad Judicial parecieron confirmar los fundamentos de la recusación redactada por Guillén. El abogado sostiene que el juez obró por efectos de la presión mediática ejercida por los medios periodísticos, digitales, radiales y televisivos que se sostienen con la pauta oficial.
Guillén asigna la responsabilidad de la campaña contra Romero al Gobierno de Urtubey a quien le atribuye intenciones electorales. Señala en el escrito que “los medios oficialistas incluyen en sus portales y ediciones copias de resoluciones judiciales, escritos y argumentos de la Sra. Fiscal actuante. Es muy posible que las resoluciones de trámite del expediente -inaccesible para la defensa- hayan sido proporcionados a la prensa por el Ministerio Fiscal o por propio el Juzgado”.
Por eso solicita que se libre oficio al ministerio de Hacienda y a la Secretaría de Prensa del Poder Ejecutivo de la Provincia de Salta, para que informen de “sus archivos y registros, en forma desagregada y analítica, montos erogados en todo concepto (pauta oficial, publicidad, moratorias, créditos, diferimientos impositivos, etc.) para todos los medios correspondiente a los años 2.012; 2013 y lo que ha transcurrido del 2.014”.
La frustrada expectativa de los medios de prensa se puso de manifiesto en sus reacciones durante la jornada de ayer, en las que nada dijeron sobre el pedido de informes de Guillén para probar cuánto dinero recibió cada uno de ellos de Urtubey y en qué concepto.