En un dictamen que acaba de elevar a la Corte Suprema, la Procuración General de la Nación concluyó que es el Congreso, y no ese alto tribunal, el que debe resolver el diferendo limítrofe que mantienen Salta y Catamarca en la zona del Salar de Diablillos.
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En un dictamen que acaba de elevar a la Corte Suprema, la Procuración General de la Nación concluyó que es el Congreso, y no ese alto tribunal, el que debe resolver el diferendo limítrofe que mantienen Salta y Catamarca en la zona del Salar de Diablillos.
De esta forma, el Ministerio Público federal, que preside Alejandra Gils Carbó, reconoció los antecedentes posesorios efectivos que acreditó Salta, en esa parte de la Puna, ante la demanda que inició Catamarca, en diciembre de 2007, por supuestos avances ilegales con concesiones mineras.
La puja, que se remonta a antiguas épocas, es por una franja territorial de 10 kilómetros que ambas provincias reclaman para sí en el borde fronterizo de los departamentos Los Andes y Antofagasta de la Sierra.
El 15 de noviembre de 2011 la Corte nacional se declaró competente para resolver la demanda, pero ahora, tras analizar los alegatos de ambas provincias, la Procuración pidió al tribunal que reconsidere su decisión de seguir entendiendo en el proceso.
“La vía elegida por Catamarca no es la idónea para resolver la controversia, porque excede las facultades de la Corte Suprema”, dictaminó el Ministerio Fiscal de la Nación, tras remarcar que “el pleito no se refiere meramente a un conflicto interprovincial sobre posesión o dominio de tierras fronterizas, sino que se centra en una irresuelta determinación de límites que debe ser tratada por el Congreso de la Nación”.
En efecto, es el Poder Legislativo el que está facultado, por el artículo 67 de la Constitución argentina, para arreglar definitivamente los límites del territorio de la Nación y fijar los de las provincias.
Ya cuando la Corte se había declarado competente para dirimir la acción de Catamarca, el juez Juan Carlos Maqueda, en disidencia, hizo notar que en la zona de Diablillos existe una determinación pendiente de límites que solo puede ser resuelta en el seno del Congreso.
El organismo autónomo que encabeza Gils Carbó recordó que Maqueda, en esa oportunidad, había hecho notar que “históricamente ambas provincias han intentado dirimir diferencias limítrofes en la zona, sin que hasta la fecha se encuentren definitivamente dilucidadas”.
La Procuración fiscal, en línea con el alegato que presentó la Fiscalía de Estado de Salta, ratificó que existe en Diablillos una controversia de límites provinciales y no, como denunció Catamarca, un avance hostil de Salta sobre su territorio.
El viejo conflicto se remonta al desmembramiento del Territorio Nacional de Los Andes, cuyos suelos habían sido incorporados a la República Argentina en 1900.
Un gobierno de facto, sin embargo, derogó la ley de 1900 con otra norma dictada en 1943, que anexó esas tierras a los actuales departamentos de Susques (Jujuy), Los Andes (Salta) y Antofagasta de la Sierra (Catamarca).
Salta, entonces, presentó reclamos por antiguas posesiones en la zona que fueron reconocidas por la Corte Suprema con dos fallos: uno por Diablillos, en 1985, y el otro por el Salar del Hombre Muerto, en 1987.
No obstante, ante la falta de determinación de una línea definitiva, la controversia resurgió en 2007, por la disputa de dos compañías mineras, Silver Standard y Cerro Bayo, que obtuvieron concesiones de Salta y Catamarca, por una misma área.