FOTO: MATIAS POSADAS AYER HUBO UNA CONFERENCIA EN EL IPV.
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FOTO: MATIAS POSADAS AYER HUBO UNA CONFERENCIA EN EL IPV.
Ayer se presentaron algunos cambios en la organización del IPV luego de que salieran a la luz graves irregularidades en el organismo viviendas. Para tratar de enfriar la polémica y el descontento social, el Gobierno planea realizar otros anuncios.
El interventor del IPV, Matías Posadas, dijo ayer que antes de fin de mes el gobernador Juan Manuel Urtubey dará a conocer nuevos proyectos de viviendas para los salteños. Además, la próxima semana, se difundirá el cronograma de sorteos para futuras urbanizaciones que se construirán con fondos públicos.
El lunes pasado, Fernando Alesanco renunció a la presidencia del IPV tras una investigación periodística de El Tribuno que dio a conocer cómo, a través de invitaciones a procesos selectivos y contrataciones directas, se direccionó obras y se favoreció a empresas de familiares de él y de otros funcionarios del IPV. Un día después, Urtubey decidió intervenir el Instituto y puso al frente a Posadas. Fernando Zalazar Ruiz, quien hasta hace horas se desempeñaba como gerente de Control de Obras del IPV también fue removido del cargo. El ingeniero estaba cuestionado, ya que ICA, la empresa que conformó su joven hermano en 2011, fue una de las beneficiadas.
Esa unidad del IPV sigue sin nuevo responsable y tampoco se sabe cuál será el destino de Zalazar Ruiz, quien ingresó a la administración pública, en 2010, de la mano del ministro Carlos Parodi.
Los cambios
Por la nueva estructura del intervenido organismo se eliminaron gerencias y coordinaciones, que serán reemplazadas por seis áreas: auditoría y control, social, financiera, proyectos, control de obras y sistemas.
Al justificar los cambios, Posadas, sostuvo que se buscó “un esquema más ágil, horizontal y dinámico”. Agregó que en esos puestos clave quedaran personas que ya trabajaban en el IPV.
Esteban Chá quedó al frente de Control y Auditoría de Gestión; Alicia Galli del área Social, Carlos Joya en Finanzas y Vicente Gallipoli en Proyectos. Aún falta definir quien se hará cargo de Sistemas.
Por otra parte, ayer se publicó el Boletín Oficial el decreto 1639, firmado por Urtubey y todos los ministros del Gabinete, por el que se interviene el IPV.
Entre los argumentos, además de aspectos legales, el gobernador solo señala la renuncia de Fernando Alesanco y le otorga al interventor las facultades para tomar “las medidas necesarias y conducentes para el normal cumplimiento de los fines del IPV”. Posadas estimó que la intervención será al menos durante ocho meses.
Por las irregularidades que se sucedieron en el IPV durante la gestión de Alesanco, el Senado aprobó, el jueves por la noche, un pedido de informes al organismo. El requerimiento se suma al que resolvió la Cámara de Diputados.
Posadas aseguró el organismo será sometido a auditorías internas y externas y la información será girada a la Legislatura. Esta semana se publicaron notas periodísticas y se compartió documentos sobre tres empresas privilegiadas en los procedimientos de obras públicas. A Fefermax, la firma de la madre de Alesanco, se le adjudicó la construcción de viviendas en Angastaco. El proyecto fue abandonado y transferido a otra compañía.
A 4HS Servicios Empresariales, que tiene como titular a Fátima Moya, la esposa del jefe de inspector del interior Juan Simoliunas, Alesanco le otorgó, por citar un caso, una obra de red de agua en Aguaray, pese a que no estaba registrada en Rentas ni en registros de la construcción.
A cinco días de que se conocieran esos desmanejos, recién ayer Posadas se reunió con los miembros de la Auditoría General.