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Polémica por una antena

Domingo, 15 de junio de 2014 01:02
LAS FAJAS MUESTRAN LA PROHIBICION DEL INGRESO A LA ANTENA.

Tras la clausura impuesta por el municipio de General Güemes a la antena de telefonía celular emplazada en esa comuna, sigue la polémica por el servicio de comunicación en esa zona del Valle de Siancas.

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Tras la clausura impuesta por el municipio de General Güemes a la antena de telefonía celular emplazada en esa comuna, sigue la polémica por el servicio de comunicación en esa zona del Valle de Siancas.

La orden de la comuna apunta a desmantelar la antena instalada a metros de la plaza principal. Recientemente, mediante una orden firmada por el secretario de Obras Públicas de la comuna, Darío Pedro Domínguez, se procedió a la “clausura preventiva” y la prohibición de ingreso del personal de la empresa de telecomunicaciones a la planta.

Desde la empresa aseguran que no solo se imposibilita cumplir con el mantenimiento de la antena, sino que además, y ante los reclamos de los usuarios, no permite configurar los equipos de comunicación para brindar el correcto servicio.

Esta medida se suma a los reclamos de vecinos del lugar en donde está instalada la antena.
Ante las medidas dictadas y según la empresa, si se efectúa el desmantelamiento de la antena, Telecom deberían proveer el servicio desde la localidad de Campo Santo.

El problema es que de ser así, la señal solo tendría un alcance de 7 kilómetros, mientras que la distancia que separa a Campo Santo de Güemes es de aproximadamente 15 kilómetros.

Por otro lado Telecom aún espera una resolución ante los innumerables pedidos al Gobierno de la Provincia para poder instalar la antena de comunicaciones en un lugar cercano a la ciudad güemense.
Hace un tiempo, un empleado de una empresa tercerizada que brinda servicios a Telecom sufrió un accidente al caer de esta antena.

Según informó la empresa, el operario no habría respetado las medidas de seguridad al momento del accidente.

El fallo del
juez Bavio

El juez federal 1 de Salta, Julio Bavio, falló en marzo pasado en contra de un recurso presentado por Telecom argumentando que “la ordenanza 299 fue dictada por el municipio”. 

Si bien el servicio de telefonía está regido por normas nacionales, las obras de emplazamiento de las antenas, la aprobación de sus planos, su ubicación geográfica conforme disposiciones de zonificación urbana, el impacto visual, urbanístico y ambiental, son aspectos que conciernen a las administraciones locales.

Pero concluyó que “no hay ninguna prueba científica convincente” de que las señales de radiofrecuencia procedentes de las estaciones de base y de las redes inalámbricas tengan efectos adversos en la salud.

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