Arrecian las voces que critican determinados aspectos del funcionamiento del Poder Judicial y del Ministerio Público de Salta. Tales cuestionamientos están centrados en las amenazas a la independencia de los jueces, en las barreras que, como la morosidad y la precariedad del servicio de atención a pobres, limitan el acceso a la justicia.
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Arrecian las voces que critican determinados aspectos del funcionamiento del Poder Judicial y del Ministerio Público de Salta. Tales cuestionamientos están centrados en las amenazas a la independencia de los jueces, en las barreras que, como la morosidad y la precariedad del servicio de atención a pobres, limitan el acceso a la justicia.
También en las prácticas endogámicas y soberanistas que caracterizan el accionar de este poder del Estado.
Sabemos, desde antiguo, que el Poder Judicial de Salta y, más concretamente, la designación de magistrados, es preocupación permanente de los poderosos locales.
Si durante buena parte del siglo pasado el control de la judicatura desveló a las familias tradicionalmente encumbradas, transitamos hoy una etapa en donde esta sed de control es compartida entre antiguas y nuevas familias afortunadas y otros poderes fácticos. Todo, en un marco en donde el Gobernador aspira a completar su dominio sobre los tres poderes del Estado y los órganos de control.
Es muy probable que los ciudadanos que no frecuentan los pasillos tribunalicios ignoren cómo se concretan estas luchas y aquel dominio. Y es lógico que así suceda, pues ello transcurre en discretas reuniones sociales.
Desde mi punto de vista, la erosión o ruptura del principio republicano de división de poderes están en íntima conexión con un régimen electoral ciertamente perverso que, sin reflejar la auténtica voluntad de los salteños, fabrica híper mayorías alrededor del gobernador de turno. Esta situación facilita al vértice del Poder Ejecutivo controlar al Consejo de la Magistratura y también al Jurado de Enjuiciamiento que ostenta el poder disciplinario.
Como si esto fuera poco, el señor Urtubey inventó un artilugio que le permite designar los representantes legislativos de la mayoría y de la minoría.
Por otra parte, las reglas de funcionamiento del Consejo de la Magistratura garantizan, a aquella mayoría dócil a los dictados del Gobernador, amplios espacios de discrecionalidad a la hora de evaluar los antecedentes, aptitudes y cualidades de quienes aspiran a ocupar juzgados y fiscalías. Una discrecionalidad que, además, resulta funcional a las tendencias endogámicas que obstruyen el ingreso a la judicatura de abogados de “la calle”.
Hay, entonces, mucho que cambiar. Comenzando por el comportamiento del Poder Ejecutivo, y siguiendo por las normas que configuran el Consejo de la Magistratura y regulan su funcionamiento. Sin olvidar la urgente mejora de las estadísticas judiciales, imprescindibles para evaluar el acceso a la justicia y la eficacia y eficiencia del servicio que la Provincia encomienda a los magistrados.
La irreprimible tentación de enchufar parientes
Quienes defienden estas prácticas viciadas, aducen que privar del acceso a las magistraturas a los parientes, socios, incondicionales o amigos del Gobernador y de su entorno, implica discriminarlos.
El argumento, tan audaz como falso, reitera la costumbre de esgrimir versiones de los derechos fundamentales para encubrir comportamientos que dañan a la República.
Lo que se rechaza es el hecho de que la selección de jueces y fiscales esté a cargo de personas que, lejos de mirar la idoneidad de los candidatos y atender a los méritos de los concursantes, prefieren a quienes son gratos a los ojos del Poder Ejecutivo y a su voluntad de controlar la Justicia. Si Salta dispusiera de un Consejo de la Magistratura autónomo, transparente, reglado e intelectualmente solvente, solo una extrema suspicacia podría cuestionar sus dictámenes.
¿Dónde reside la soberanía?
El Poder Judicial actúa, en nuestra provincia (pero no sólo en ella), como un órgano soberano que elude controles democráticos y no rehúye maniobrar políticamente para blindarse frente a críticas, preguntas y cuestionamientos.
La Legislatura y el Consejo de la Magistratura sólo intervienen a la hora de seleccionar jueces y fiscales. Pero carecen de competencias para controlar el funcionamiento del servicio de justicia.
Obsérvese que el Consejo de la Magistratura de España (que sirvió de modelo para la institución local) posee facultades disciplinarias, formativas y reglamentarias, ejerce funciones consultivas, y tiene encomendado mejorar la calidad de la Justicia.
Mientras que la Secretaría de Superintendencia radicada en el ámbito de la Corte es una oficina decorativa y subordinada, los planes estratégicos del Poder Judicial son una buena herramienta. No obstante, en Salta la idea está deslucida por el carácter unilateral de su formulación y por la ausencia de un órgano extra poder encargado de verificar su cumplimiento.
En realidad, la Corte, abandonado ensueños monárquicos, debería al menos presentar su planes y su memoria anual en una audiencia pública y abrir ambos documentos a la participación del Colegio Público de Abogados y de otras organizaciones no gubernamentales interesadas en el servicio de justicia.
En este orden de ideas, nuestra Legislatura debería sancionar un Código de Ética (Armando Frezze) que regule determinados aspectos del ejercicio de la función judicial, y crear un tribunal encargado de su cumplimiento y formado por personas independientes y de reconocido prestigio.
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