Un polémico proyecto de ley sobre tierras públicas habilitará al Gobierno provincial a vender, adquirir y adjudicar terrenos fiscales sin aprobación legislativa para diversos fines.
A través de una "autoridad de aplicación" que ni siquiera tiene definida su composición en el proyecto, el Ejecutivo podrá enajenar tierras fiscales para loteos de viviendas sin la expresa disposición de una ley y sin las rendiciones de cuentas que prevé la ley de contabilidad. Del mismo modo, podrá adquirir tierras de particulares por contratación directa.
El organismo que asumirá potestades propias de las cámaras de Diputados y Senadores, la Dirección General de Inmuebles y otras áreas competentes en materia de tierras podrá adjudicar terrenos fiscales para explotaciones mineras e hidrocarburíferas y regularizar posesiones con procedimientos y términos mucho más laxos que los que establecen el Código Civil y las legislaciones específicas de las actividades minera y petrolífera.
Por la vastedad de los aspectos que abarca, por la superposición de los intereses que afecta y por la discrecionalidad que favorecerían muchos de sus artículos, el proyecto que giró el gobernador Juan Manuel Urtubey a Diputados espera tratamiento en esa Cámara desde el 27 de noviembre de 2012.
La iniciativa, en realidad, fue elaborada por un grupo de profesionales que encabezó Rodolfo Urtubey, uno de los hermanos del Gobernador y actual senador nacional por Salta. Aquella "comisión amateur", como él mismo la llamó, estableció en 73 artículos finalidades, disposiciones generales, reglas y procedimientos que ocupan desde marzo último a una comisión del Consejo Económico y Social.
Hoy, a las 15, esa comisión dará a conocer en la Cámara de Comercio e Industria de Salta un dictamen con los puntos que más dudas y preocupaciones despertaron. Aunque se tratará de un pronunciamiento no vinculante, las observaciones de los consejeros que representan a cámaras empresarias, sectores productivos y otras instituciones civiles seguramente serán atendidas por diputados y senadores. Muchos, a baja voz, hicieron notar contradicciones en el texto que, de aprobarse tal cual como fue girado a la Legislatura, pondría amplias atribuciones en la cabeza de un organismo con superpoderes sobre tierras tanto públicas como de particulares.
Salta, una de las provincias con mayor superficie de tierras fiscales, tiene cerca de 37 mil familias campesinas y un sinnúmero de comunidades originarias en espera de regularización dominial. El reconocimiento a esas posesiones ancestrales y generacionales está garantizado por la Constitución y leyes, cuyos mandatos son suficientemente claros.
El proyecto en tratamiento, que también toca a esas legislaciones y derechos, invoca la intención de evitar "fraudes y abusos". En algunos de sus capítulos, sin embargo, se advierten fisuras que podrían facilitar aquellos desvíos y prestarse a privilegios para funcionarios, parientes y amigos, como ha venido ocurriendo con los cargos públicos, muchas de las viviendas sociales entregadas por el IPV y hasta con los créditos blandos del programa Procrear para la vivienda única, familiar y de ocupación permanente.
Entre sus controvertidos capítulos, el proyecto oficialista fija nuevos procedimientos y plazos para las prescripciones adquisitivas o usucapiones. Esa forma de apropiarse de tierras mediante posesiones veinteañales o decenales -sí se acredita ocupación de buena fe, un derecho real sobre el inmueble y un título debidamente registrado- está regulada en el Código Civil.
Aún así, ocurren reprochables apropiaciones como la de las 1036 hectáreas de Cuchuy (Ballivián) que terminaron en manos de SAN SRL. La empresa que tiene como gerente a Sergio Mendoza, presidente del Ente Regulador de los Juegos de Azar y socio de Facundo Urtubey, aprovechó un vacío catastral para ocupar las más de mil hectáreas, desmontarlas en violación a ley de bosques nativos y arrendarlas a otra empresa agrícola para plantaciones de soja. En la Justicia de Tartagal, SAN, Mendoza y Urtubey encontraron un inesperado escollo que, con el proyecto de ley de tierras que empuja el Ejecutivo, muchos oportunistas sortearían sin injerencias de los poderes Legislativo y Judicial.
Peligrosas grietas en el proyecto
El proyecto de ley de tierras otorgará al Ejecutivo carta blanca para adquirir tierras destinadas a loteos de viviendas. En una primera lectura, la intención suena plausible ante el déficit habitacional que arrastra Salta. Sin embargo, recientes operaciones que perjudicaron al erario público dejaron ver peligrosas grietas que la futura ley ahondaría.
En El Huayco y Atocha, el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) cedió terrenos fiscales para la construcción de 460 casas a través del denominado Instituto de la Vivienda de los Trabajadores (IVT) de la Uocra. Ilarent, la empresa contratada por la entidad civil, dejó las obras sin terminar y un tendal de perjuicios tras su retirada. Aunque el Gobierno intentó despegarse de las responsabilidades, tuvo que recibir las casas en estado de abandono por su condición de titular de los terrenos.
Por este antecedente, también hay interrogantes abiertos en el proyecto de ley, ya que habilita al Ejecutivo a realizar compras de tierras para loteos pasando por alto a las normas de contratación (ley 6838) y de contabilidad de la Provincia (decreto ley 705/57).
Por el artículo 15 del proyecto, el organismo que asuma las competencias en materia de tierras, con amplia autoridad sobre la Dirección General de Inmuebles, quedará eximido de cumplir con el artículo 56 de la ley de contabilidad.
La cláusula en cuestión establece que "los bienes inmuebles de la Provincia no podrán enajenarse ni gravarse en forma alguna sin expresa disposición de una ley que, al mismo tiempo, deberá indicar el destino de lo producido".
Con todas estas atribuciones no solo se excluiría al Gobierno de rendiciones y controles indispensables, sino que se abrirían las puertas para que funcionarios, parientes y amigos se beneficien con operaciones con tierras públicas e incluso privadas, del mismo modo que con las adjudicaciones de viviendas sociales en barrios como Lomas de Medeiros, Mirasoles, El Huayco y Posta de Yatasto.
Se legitimarán manejos irregulares
Salta Forestal, la sociedad anónima estatal que reflotó en 2010 el gobierno de Urtubey y preside desde 2011 Alfredo Petrón, muestra con la explotación irregular de finca Potrero de Linares y las anómalas regularizaciones de lotes fiscales de Anta dos ejemplos concretos de la discrecionalidad que legitimaría la futura ley de tierras públicas.
Una de las preocupaciones pasa por las potestades que la Constitución confiere al Poder Legislativo y que serán transferidas a una "autoridad de aplicación" del Ejecutivo que ni siquiera tiene su composición definida en el proyecto.
Como están dadas las cosas, las amplias atribuciones para enajenar tierras públicas o adquirirlas de particulares sin aprobación legislativa ni cumplimiento de las normas de contratación, contabilidad y control externo de la Provincia podrían terminar en manos de una empresa como Salta Forestal SA y legitimar reprochables intervenciones como las que sigue teniendo en Potrero de Linares.
Aunque las tranqueras y carteles que hizo colocar Petrón impiden conocer qué ocurre dentro de esas 5.146 hectáreas del dominio público, se sabe que Salta Forestal SA avanzó allí sin aval jurídico con explotaciones agrícolas que incluirían cultivos de chía.
Sin ninguna participación ni información sobre esas actividades, hace poco más de un año la Cámara de Diputados aprobó un pedido de informes. Ante aquel requerimiento legislativo, la Secretaría General de la Gobernación, a cargo entonces de Ernesto Samsón, hoy juez de la Corte, contestó el 27 de mayo de 2013 que ese organismo no tenía registrado ningún instrumento legal que autorice a Salta Forestal SA a ocupar y explotar la extensa propiedad pública localizada a 30 kilómetros al oeste de la ciudad de Salta.
En otra nota enviada a Diputados, Petrón admitió las explotaciones iniciadas a fines de 2012, pero las relacionó con supuestos "actos de conservación" que autorizó en esas tierras fiscales el responsable del Fondo de Administración y Disposición de Bienes Muebles e Inmuebles de la Provincia, Alejandro Patrón Uriburu. "Se determinó que lo más conveniente para evitar el ingreso de personas ajenas sería el aprovechamiento agrícola de los terrenos", manifestó el presidente de Salta Forestal, para justificar las producciones de las que todavía hoy casi nada se sabe.
En Anta
Tampoco tuvieron aval de las cámaras legislativas las extrañas entregas de tierras que Salta Forestal SA anunció, por medios informales, en diferentes puestos de Anta.
En el sitio www.alfredopetron.com.ar, aún pueden verse los textos y fotografías que Petrón subió a Internet el 3 de diciembre de 2012 bajo el título: "Los 6 primeros nuevos Propietarios de Puestos de Salta Forestal" y una expresión final: "Felicitaciones!"
En las imágenes, el titular de Salta Forestal aparece entregando los papeles para la regularización dominial a Julio Flores (Las Mercedes), Isidoro Visgarra (Las Guampas), Manuel Alvarez (Las Guachanas), María Córdoba (La Tres), Francisco Reynaga y Señora (Esperanza) y María Velarde (El Vencido).
Esas, como otras miles de familias campesinas, merecen sin duda la tierra que habitan desde hace dos, tres o más generaciones. Sin embargo, las entregas de títulos deben ajustarse a normas, procedimientos y competencias que en esos casos no se respetaron. Esto molestó a más de un legislador, comenzando por las autoridades de las cámaras, e hizo que muchos del oficialismo vean con recelo los alcances del proyecto de ley de tierras que tiene tratamiento pendiente desde el 27 de noviembre de 2012 en Diputados.
Los ecos de Tolloche
En Tolloche (Anta) aún resuenan los ecos de un escándalo no resuelto por la Justicia. Por esa causa, el juez Pablo Arancibia procesó, en diciembre pasado, a ocho "colonos", algunos de ellos emparentados con el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Godoy, el senador anteño Pedro Sández y el intendente de El Quebrachal, Leonardo García.
Con el recuerdo aún fresco del escándalo que se destapó en Tolloche en 2008, preocupa a algunos que la nueva ley de tierras termine aprobada a libro cerrado, mientras otros ven con desconfianza las atribuciones que tendrá la aún desconocida "autoridad de aplicación".
A fines de 2007 la Provincia adjudicó a ocupantes de tierras fiscales de Tolloche parcelas de 400 a 500 hectáreas. Los lotes fueron entregados a precio simbólico y con expresa prohibición de transferencias durante diez años. No obstante, menos de un año después ocho de los beneficiados revendieron las fracciones a valores de mercado.
Tras las denuncias de genuinos colonos de la zona comenzaron a conocerse las maniobras y los vínculos familiares y políticos. En diciembre de 2013, Luis Alberto Díaz, José Palma, Jorge Díaz, Sebastián Díaz, Félix David, Julio Ríos, Daniel Maldonado y Néstor Maldonado fueron procesados bajo los cargos de falsificación ideológica y fraude en perjuicio de la Administración Pública.
Piedra libre para negociados
Con la nueva ley de tierras, si se aprueba el proyecto como está, el Gobierno podrá adquirir sin autorización legislativa y por compra directa (artículo 8) cualquier mínima fracción de una finca de mayores dimensiones para construir allí unas cuantas casas del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV).
Obviamente, el Estado provincial correrá con todos los gastos para llevar las redes de luz, agua, cloacas y gas hasta esa finca. De esa forma, sin costo alguno, el dueño de la propiedad tendrá todos los servicios en la puerta para encarar desarrollos urbanísticos privados.
La Dirección General de Inmuebles, que hoy rechazaría esa clase de subdivisiones, quedará obligada con la nueva ley a aprobar los planos, aunque las parcelas a regularizar no cumplan con las medidas mínimas establecidas en las leyes provinciales 4597 y 5304, para lotes urbanos o rurales, respectivamente.
Así está establecido para diferentes procedimientos en los artículos 38 y 52 del proyecto que presentó en 2012 Rodolfo Urtubey.
Un fin que no puede ser tal
En el mensaje que acompañó a la Legislatura su hermano, el Gobernador, manifestó que la ley en ciernes busca evitar "negociados y abusos", tanto de parte de funcionarios como de "particulares codiciosos".
Delegar atribuciones del Poder Legislativo a un organismo del Ejecutivo con el que funcionarios tendrán amplia discrecionalidad para enajenar tierras fiscales, como así también para adquirir o expropiar tierras de particulares, no se condice con los propósitos enunciados.
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Un polémico proyecto de ley sobre tierras públicas habilitará al Gobierno provincial a vender, adquirir y adjudicar terrenos fiscales sin aprobación legislativa para diversos fines.
A través de una "autoridad de aplicación" que ni siquiera tiene definida su composición en el proyecto, el Ejecutivo podrá enajenar tierras fiscales para loteos de viviendas sin la expresa disposición de una ley y sin las rendiciones de cuentas que prevé la ley de contabilidad. Del mismo modo, podrá adquirir tierras de particulares por contratación directa.
El organismo que asumirá potestades propias de las cámaras de Diputados y Senadores, la Dirección General de Inmuebles y otras áreas competentes en materia de tierras podrá adjudicar terrenos fiscales para explotaciones mineras e hidrocarburíferas y regularizar posesiones con procedimientos y términos mucho más laxos que los que establecen el Código Civil y las legislaciones específicas de las actividades minera y petrolífera.
Por la vastedad de los aspectos que abarca, por la superposición de los intereses que afecta y por la discrecionalidad que favorecerían muchos de sus artículos, el proyecto que giró el gobernador Juan Manuel Urtubey a Diputados espera tratamiento en esa Cámara desde el 27 de noviembre de 2012.
La iniciativa, en realidad, fue elaborada por un grupo de profesionales que encabezó Rodolfo Urtubey, uno de los hermanos del Gobernador y actual senador nacional por Salta. Aquella "comisión amateur", como él mismo la llamó, estableció en 73 artículos finalidades, disposiciones generales, reglas y procedimientos que ocupan desde marzo último a una comisión del Consejo Económico y Social.
Hoy, a las 15, esa comisión dará a conocer en la Cámara de Comercio e Industria de Salta un dictamen con los puntos que más dudas y preocupaciones despertaron. Aunque se tratará de un pronunciamiento no vinculante, las observaciones de los consejeros que representan a cámaras empresarias, sectores productivos y otras instituciones civiles seguramente serán atendidas por diputados y senadores. Muchos, a baja voz, hicieron notar contradicciones en el texto que, de aprobarse tal cual como fue girado a la Legislatura, pondría amplias atribuciones en la cabeza de un organismo con superpoderes sobre tierras tanto públicas como de particulares.
Salta, una de las provincias con mayor superficie de tierras fiscales, tiene cerca de 37 mil familias campesinas y un sinnúmero de comunidades originarias en espera de regularización dominial. El reconocimiento a esas posesiones ancestrales y generacionales está garantizado por la Constitución y leyes, cuyos mandatos son suficientemente claros.
El proyecto en tratamiento, que también toca a esas legislaciones y derechos, invoca la intención de evitar "fraudes y abusos". En algunos de sus capítulos, sin embargo, se advierten fisuras que podrían facilitar aquellos desvíos y prestarse a privilegios para funcionarios, parientes y amigos, como ha venido ocurriendo con los cargos públicos, muchas de las viviendas sociales entregadas por el IPV y hasta con los créditos blandos del programa Procrear para la vivienda única, familiar y de ocupación permanente.
Entre sus controvertidos capítulos, el proyecto oficialista fija nuevos procedimientos y plazos para las prescripciones adquisitivas o usucapiones. Esa forma de apropiarse de tierras mediante posesiones veinteañales o decenales -sí se acredita ocupación de buena fe, un derecho real sobre el inmueble y un título debidamente registrado- está regulada en el Código Civil.
Aún así, ocurren reprochables apropiaciones como la de las 1036 hectáreas de Cuchuy (Ballivián) que terminaron en manos de SAN SRL. La empresa que tiene como gerente a Sergio Mendoza, presidente del Ente Regulador de los Juegos de Azar y socio de Facundo Urtubey, aprovechó un vacío catastral para ocupar las más de mil hectáreas, desmontarlas en violación a ley de bosques nativos y arrendarlas a otra empresa agrícola para plantaciones de soja. En la Justicia de Tartagal, SAN, Mendoza y Urtubey encontraron un inesperado escollo que, con el proyecto de ley de tierras que empuja el Ejecutivo, muchos oportunistas sortearían sin injerencias de los poderes Legislativo y Judicial.
Peligrosas grietas en el proyecto
El proyecto de ley de tierras otorgará al Ejecutivo carta blanca para adquirir tierras destinadas a loteos de viviendas. En una primera lectura, la intención suena plausible ante el déficit habitacional que arrastra Salta. Sin embargo, recientes operaciones que perjudicaron al erario público dejaron ver peligrosas grietas que la futura ley ahondaría.
En El Huayco y Atocha, el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) cedió terrenos fiscales para la construcción de 460 casas a través del denominado Instituto de la Vivienda de los Trabajadores (IVT) de la Uocra. Ilarent, la empresa contratada por la entidad civil, dejó las obras sin terminar y un tendal de perjuicios tras su retirada. Aunque el Gobierno intentó despegarse de las responsabilidades, tuvo que recibir las casas en estado de abandono por su condición de titular de los terrenos.
Por este antecedente, también hay interrogantes abiertos en el proyecto de ley, ya que habilita al Ejecutivo a realizar compras de tierras para loteos pasando por alto a las normas de contratación (ley 6838) y de contabilidad de la Provincia (decreto ley 705/57).
Por el artículo 15 del proyecto, el organismo que asuma las competencias en materia de tierras, con amplia autoridad sobre la Dirección General de Inmuebles, quedará eximido de cumplir con el artículo 56 de la ley de contabilidad.
La cláusula en cuestión establece que "los bienes inmuebles de la Provincia no podrán enajenarse ni gravarse en forma alguna sin expresa disposición de una ley que, al mismo tiempo, deberá indicar el destino de lo producido".
Con todas estas atribuciones no solo se excluiría al Gobierno de rendiciones y controles indispensables, sino que se abrirían las puertas para que funcionarios, parientes y amigos se beneficien con operaciones con tierras públicas e incluso privadas, del mismo modo que con las adjudicaciones de viviendas sociales en barrios como Lomas de Medeiros, Mirasoles, El Huayco y Posta de Yatasto.
Se legitimarán manejos irregulares
Salta Forestal, la sociedad anónima estatal que reflotó en 2010 el gobierno de Urtubey y preside desde 2011 Alfredo Petrón, muestra con la explotación irregular de finca Potrero de Linares y las anómalas regularizaciones de lotes fiscales de Anta dos ejemplos concretos de la discrecionalidad que legitimaría la futura ley de tierras públicas.
Una de las preocupaciones pasa por las potestades que la Constitución confiere al Poder Legislativo y que serán transferidas a una "autoridad de aplicación" del Ejecutivo que ni siquiera tiene su composición definida en el proyecto.
Como están dadas las cosas, las amplias atribuciones para enajenar tierras públicas o adquirirlas de particulares sin aprobación legislativa ni cumplimiento de las normas de contratación, contabilidad y control externo de la Provincia podrían terminar en manos de una empresa como Salta Forestal SA y legitimar reprochables intervenciones como las que sigue teniendo en Potrero de Linares.
Aunque las tranqueras y carteles que hizo colocar Petrón impiden conocer qué ocurre dentro de esas 5.146 hectáreas del dominio público, se sabe que Salta Forestal SA avanzó allí sin aval jurídico con explotaciones agrícolas que incluirían cultivos de chía.
Sin ninguna participación ni información sobre esas actividades, hace poco más de un año la Cámara de Diputados aprobó un pedido de informes. Ante aquel requerimiento legislativo, la Secretaría General de la Gobernación, a cargo entonces de Ernesto Samsón, hoy juez de la Corte, contestó el 27 de mayo de 2013 que ese organismo no tenía registrado ningún instrumento legal que autorice a Salta Forestal SA a ocupar y explotar la extensa propiedad pública localizada a 30 kilómetros al oeste de la ciudad de Salta.
En otra nota enviada a Diputados, Petrón admitió las explotaciones iniciadas a fines de 2012, pero las relacionó con supuestos "actos de conservación" que autorizó en esas tierras fiscales el responsable del Fondo de Administración y Disposición de Bienes Muebles e Inmuebles de la Provincia, Alejandro Patrón Uriburu. "Se determinó que lo más conveniente para evitar el ingreso de personas ajenas sería el aprovechamiento agrícola de los terrenos", manifestó el presidente de Salta Forestal, para justificar las producciones de las que todavía hoy casi nada se sabe.
En Anta
Tampoco tuvieron aval de las cámaras legislativas las extrañas entregas de tierras que Salta Forestal SA anunció, por medios informales, en diferentes puestos de Anta.
En el sitio www.alfredopetron.com.ar, aún pueden verse los textos y fotografías que Petrón subió a Internet el 3 de diciembre de 2012 bajo el título: "Los 6 primeros nuevos Propietarios de Puestos de Salta Forestal" y una expresión final: "Felicitaciones!"
En las imágenes, el titular de Salta Forestal aparece entregando los papeles para la regularización dominial a Julio Flores (Las Mercedes), Isidoro Visgarra (Las Guampas), Manuel Alvarez (Las Guachanas), María Córdoba (La Tres), Francisco Reynaga y Señora (Esperanza) y María Velarde (El Vencido).
Esas, como otras miles de familias campesinas, merecen sin duda la tierra que habitan desde hace dos, tres o más generaciones. Sin embargo, las entregas de títulos deben ajustarse a normas, procedimientos y competencias que en esos casos no se respetaron. Esto molestó a más de un legislador, comenzando por las autoridades de las cámaras, e hizo que muchos del oficialismo vean con recelo los alcances del proyecto de ley de tierras que tiene tratamiento pendiente desde el 27 de noviembre de 2012 en Diputados.
Los ecos de Tolloche
En Tolloche (Anta) aún resuenan los ecos de un escándalo no resuelto por la Justicia. Por esa causa, el juez Pablo Arancibia procesó, en diciembre pasado, a ocho "colonos", algunos de ellos emparentados con el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Godoy, el senador anteño Pedro Sández y el intendente de El Quebrachal, Leonardo García.
Con el recuerdo aún fresco del escándalo que se destapó en Tolloche en 2008, preocupa a algunos que la nueva ley de tierras termine aprobada a libro cerrado, mientras otros ven con desconfianza las atribuciones que tendrá la aún desconocida "autoridad de aplicación".
A fines de 2007 la Provincia adjudicó a ocupantes de tierras fiscales de Tolloche parcelas de 400 a 500 hectáreas. Los lotes fueron entregados a precio simbólico y con expresa prohibición de transferencias durante diez años. No obstante, menos de un año después ocho de los beneficiados revendieron las fracciones a valores de mercado.
Tras las denuncias de genuinos colonos de la zona comenzaron a conocerse las maniobras y los vínculos familiares y políticos. En diciembre de 2013, Luis Alberto Díaz, José Palma, Jorge Díaz, Sebastián Díaz, Félix David, Julio Ríos, Daniel Maldonado y Néstor Maldonado fueron procesados bajo los cargos de falsificación ideológica y fraude en perjuicio de la Administración Pública.
Piedra libre para negociados
Con la nueva ley de tierras, si se aprueba el proyecto como está, el Gobierno podrá adquirir sin autorización legislativa y por compra directa (artículo 8) cualquier mínima fracción de una finca de mayores dimensiones para construir allí unas cuantas casas del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV).
Obviamente, el Estado provincial correrá con todos los gastos para llevar las redes de luz, agua, cloacas y gas hasta esa finca. De esa forma, sin costo alguno, el dueño de la propiedad tendrá todos los servicios en la puerta para encarar desarrollos urbanísticos privados.
La Dirección General de Inmuebles, que hoy rechazaría esa clase de subdivisiones, quedará obligada con la nueva ley a aprobar los planos, aunque las parcelas a regularizar no cumplan con las medidas mínimas establecidas en las leyes provinciales 4597 y 5304, para lotes urbanos o rurales, respectivamente.
Así está establecido para diferentes procedimientos en los artículos 38 y 52 del proyecto que presentó en 2012 Rodolfo Urtubey.
Un fin que no puede ser tal
En el mensaje que acompañó a la Legislatura su hermano, el Gobernador, manifestó que la ley en ciernes busca evitar "negociados y abusos", tanto de parte de funcionarios como de "particulares codiciosos".
Delegar atribuciones del Poder Legislativo a un organismo del Ejecutivo con el que funcionarios tendrán amplia discrecionalidad para enajenar tierras fiscales, como así también para adquirir o expropiar tierras de particulares, no se condice con los propósitos enunciados.