El 26 de septiembre abogados de todo el interior del país elegirán a su nuevo representante en el Consejo de la Magistratura de la Nación. La banca federal fue ocupada desde 2010 por el abogado mendocino Daniel Ostropolsky, a quien se le termina el mandato.
Hay varios candidatos para reemplazarlo en el órgano multisectorial que se creó con la reforma constitucional de 1994 para transparentar la elección de magistrados y garantizar procesos disciplinarios o de remoción justos.
En un Consejo donde la reducción de miembros -de 20 a 13- desequilibró la balanza a favor del estamento político, en desmedro de las representaciones de abogados, jueces y académicos, Ostropolsky representó en estos años una voz opositora ante los avances del oficialismo en busca de una mayoría absoluta.
Por eso, Miguel Piedecasas, uno de los más firmes aspirantes a ocupar la representación de los abogados del interior, asegura que los comicios del 26 de septiembre son "el límite" a esa posibilidad cercana y preocupante. Otro candidato fuerte es Carlos Andreucci, cercano a Julio Alak.
Los dos tienen sus raíces en la provincia Buenos Aires, pero se diferencian por mucho más que sus ciudades de origen. Andreucci nació en La Plata y Piedecasas, en Rojas.
Con tres décadas de ejercicio profesional y una dilatada trayectoria académica como doctor en ciencias jurídicas y sociales, Piedecasas reside en Santa Fe. Ayer, ofreció una charla sobre seguros, responsabilidad civil y consumidores en Salta y compartió con El Tribuno algunas de sus preocupaciones.
¿Cómo ve la actual composición del Consejo de la Magistratura?
El Consejo muestra un claro desequilibrio a favor de los estamentos políticos respecto de los jueces, abogados y académicos. Se ha desvirtuado el espíritu de los constituyentes.
Como esa estructura no servía a los intereses de los poderes de turno, se la deformó. Ahora se intenta imponer una mayoría absoluta para convertirlo definitivamente en un órgano manipulado para intereses políticos.
¿Reducir los miembros del Consejo fue un golpe bajo a la Constitución argentina?
Yo creo que sí, y estoy en desacuerdo con el último fallo del máximo tribunal del país, que consideró que no se había demostrado el predominio del estamento político, pese a que los abogados del interior hemos quedado con un solo representante, al igual que los de Capital Federal. No hay minorías y se ha quebrado el equilibrio necesario.
A medida que se acerca el final del mandato de la presidenta Cristina Fernández crecen los cuestionamientos por designaciones de jueces afines.
¿Hasta qué punto preocupa esta situación?
Es la principal preocupación de todos los que participamos de alguna manera en el ámbito de los colegios profesionales de abogados y de las universidades. La sociedad necesita, más que nunca, gestos fuertes de un Consejo que debe garantizar jueces y fiscales independientes, con libertad de criterio, no serviles a los factores de poder de turno.
Los únicos límites de los fiscales para investigar deben ser la Constitución y los principios republicanos.
¿Qué lecturas desprende del caso del fiscal José María Campagnoli?
El caso Campagnoli puso de manifiesto que los fiscales deben tener las necesarias garantías de la sociedad de que pueden investigar con libertad y hasta las últimas consecuencias, sin presión alguna.
¿Qué está en juego en la elección del 26 de septiembre?
Nosotros entendemos que es el límite. Si el poder político cruza ese límite y logra una mayoría absoluta para la selección y la apertura del juzgamiento de los jueces, podríamos caer en una manipulación del servicio de Justicia federal que cubra intereses ajenos a la finalidad constitucional.
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El 26 de septiembre abogados de todo el interior del país elegirán a su nuevo representante en el Consejo de la Magistratura de la Nación. La banca federal fue ocupada desde 2010 por el abogado mendocino Daniel Ostropolsky, a quien se le termina el mandato.
Hay varios candidatos para reemplazarlo en el órgano multisectorial que se creó con la reforma constitucional de 1994 para transparentar la elección de magistrados y garantizar procesos disciplinarios o de remoción justos.
En un Consejo donde la reducción de miembros -de 20 a 13- desequilibró la balanza a favor del estamento político, en desmedro de las representaciones de abogados, jueces y académicos, Ostropolsky representó en estos años una voz opositora ante los avances del oficialismo en busca de una mayoría absoluta.
Por eso, Miguel Piedecasas, uno de los más firmes aspirantes a ocupar la representación de los abogados del interior, asegura que los comicios del 26 de septiembre son "el límite" a esa posibilidad cercana y preocupante. Otro candidato fuerte es Carlos Andreucci, cercano a Julio Alak.
Los dos tienen sus raíces en la provincia Buenos Aires, pero se diferencian por mucho más que sus ciudades de origen. Andreucci nació en La Plata y Piedecasas, en Rojas.
Con tres décadas de ejercicio profesional y una dilatada trayectoria académica como doctor en ciencias jurídicas y sociales, Piedecasas reside en Santa Fe. Ayer, ofreció una charla sobre seguros, responsabilidad civil y consumidores en Salta y compartió con El Tribuno algunas de sus preocupaciones.
¿Cómo ve la actual composición del Consejo de la Magistratura?
El Consejo muestra un claro desequilibrio a favor de los estamentos políticos respecto de los jueces, abogados y académicos. Se ha desvirtuado el espíritu de los constituyentes.
Como esa estructura no servía a los intereses de los poderes de turno, se la deformó. Ahora se intenta imponer una mayoría absoluta para convertirlo definitivamente en un órgano manipulado para intereses políticos.
¿Reducir los miembros del Consejo fue un golpe bajo a la Constitución argentina?
Yo creo que sí, y estoy en desacuerdo con el último fallo del máximo tribunal del país, que consideró que no se había demostrado el predominio del estamento político, pese a que los abogados del interior hemos quedado con un solo representante, al igual que los de Capital Federal. No hay minorías y se ha quebrado el equilibrio necesario.
A medida que se acerca el final del mandato de la presidenta Cristina Fernández crecen los cuestionamientos por designaciones de jueces afines.
¿Hasta qué punto preocupa esta situación?
Es la principal preocupación de todos los que participamos de alguna manera en el ámbito de los colegios profesionales de abogados y de las universidades. La sociedad necesita, más que nunca, gestos fuertes de un Consejo que debe garantizar jueces y fiscales independientes, con libertad de criterio, no serviles a los factores de poder de turno.
Los únicos límites de los fiscales para investigar deben ser la Constitución y los principios republicanos.
¿Qué lecturas desprende del caso del fiscal José María Campagnoli?
El caso Campagnoli puso de manifiesto que los fiscales deben tener las necesarias garantías de la sociedad de que pueden investigar con libertad y hasta las últimas consecuencias, sin presión alguna.
¿Qué está en juego en la elección del 26 de septiembre?
Nosotros entendemos que es el límite. Si el poder político cruza ese límite y logra una mayoría absoluta para la selección y la apertura del juzgamiento de los jueces, podríamos caer en una manipulación del servicio de Justicia federal que cubra intereses ajenos a la finalidad constitucional.