Trabajadores del Cepris (Centro Provincial Integrador Sanitario) y el Programa Puente, que atienden a jóvenes con adicciones, se manifestaron ayer en contra de la posibilidad de que las instituciones donde se desempeñan pasen del Ministerio de Salud al de Derechos Humanos. El personal realizó asambleas y expresó que sería un retroceso en la política de atención que vienen desarrollando con los pacientes.
Los psicólogos, enfermeros y operadores se enteraron del supuesto traslado por declaraciones públicas que hizo el ministro de Gobierno, Eduardo Sylvester, en una conferencia de prensa esta semana.
"Estamos en desacuerdo porque es un cambio en el paradigma de trabajo que venimos aplicando. La ley de salud mental contempla a las adicciones como un tema sanitario y la decisión del Gobierno se contrapone al espíritu de esta norma", dijeron a El Tribuno trabajadores del Cepris que pidieron reservar su identidad.
"Los pacientes con adicciones tienen serios problemas físicos que necesitan una atención médica. Por eso venimos trabajando con los hospitales. La contención adecuada es la que se puede dar desde el Ministerio de Salud. Desconocemos las razones de este cambio. Nunca nos informaron ni nos consultaron", cuestionaron los operadores de Puente.
Los trabajadores comunicaron además que no saben si el paso al Ministerio de Derechos Humanos implicaría modificaciones en sus condiciones laborales o si está garantizada la continuidad de todo el plantel.
Pese a que los empleados estuvieron de asamblea y redujeron los servicios, ningún funcionario se había acercado para darles una explicación de lo que sucedería con los programas de rehabilitación.
El traspaso de la atención de las adicciones implicaría una marcha atrás con respecto a la determinación que tomó la Provincia hace cinco años, cuando el área dependía de Desarrollo Humano. Sylvester no dejó claro cuál es la decisión cuando habló del tema en la casa de Gobierno.
"El gobernador ha dispuesto una modificación en la estructura del Gobierno. De manera de darle una especial relevancia, el tratamiento de las adicciones va a pasar del Ministerio de Salud al Ministerio de Derechos Humanos", dijo el funcionario.
Sin embargo, agregó: "Se va a crear en Derechos Humanos un área específica encargada de la prevención... La atención al enfermo de adicción será en el área de salud mental, como establecen las leyes, en el Ministerio de Salud".
El Tribuno intentó obtener información oficial del Ministerio de Gobierno y del Ministerio de Salud con respecto a lo que pasará con Cepris, Puente y otros centros terapéuticos.
Los responsables de prensa del área de Gobierno dijeron a este medio que debía responder el Ministerio de Salud. En la cartera de Salud comunicaron que debía dar información la secretaria de Salud Mental y Abordaje Integral de las Adicciones, Claudia Román Ru. Consultada sobre el tema, la funcionaria explicó a El Tribuno que a ella no le habían confirmado si el tratamiento de las adicciones pasaría a Derechos Humanos.
"Tema sanitario"
"La visión de la toxicomanía como un tema sanitario que se implementó en los últimos años en Salta es un progreso. No queremos retroceder, no hay fundamentos clínicos para hacerlo", dijo ayer a El Tribuno un psicólogo del Cepris (Centro Provincial Integrador Sanitario) que evitó dar su nombre por temor a ser sancionado. Alcanzaste el límite de notas gratuitas
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Trabajadores del Cepris (Centro Provincial Integrador Sanitario) y el Programa Puente, que atienden a jóvenes con adicciones, se manifestaron ayer en contra de la posibilidad de que las instituciones donde se desempeñan pasen del Ministerio de Salud al de Derechos Humanos. El personal realizó asambleas y expresó que sería un retroceso en la política de atención que vienen desarrollando con los pacientes.
Los psicólogos, enfermeros y operadores se enteraron del supuesto traslado por declaraciones públicas que hizo el ministro de Gobierno, Eduardo Sylvester, en una conferencia de prensa esta semana.
"Estamos en desacuerdo porque es un cambio en el paradigma de trabajo que venimos aplicando. La ley de salud mental contempla a las adicciones como un tema sanitario y la decisión del Gobierno se contrapone al espíritu de esta norma", dijeron a El Tribuno trabajadores del Cepris que pidieron reservar su identidad.
"Los pacientes con adicciones tienen serios problemas físicos que necesitan una atención médica. Por eso venimos trabajando con los hospitales. La contención adecuada es la que se puede dar desde el Ministerio de Salud. Desconocemos las razones de este cambio. Nunca nos informaron ni nos consultaron", cuestionaron los operadores de Puente.
Los trabajadores comunicaron además que no saben si el paso al Ministerio de Derechos Humanos implicaría modificaciones en sus condiciones laborales o si está garantizada la continuidad de todo el plantel.
Pese a que los empleados estuvieron de asamblea y redujeron los servicios, ningún funcionario se había acercado para darles una explicación de lo que sucedería con los programas de rehabilitación.
El traspaso de la atención de las adicciones implicaría una marcha atrás con respecto a la determinación que tomó la Provincia hace cinco años, cuando el área dependía de Desarrollo Humano. Sylvester no dejó claro cuál es la decisión cuando habló del tema en la casa de Gobierno.
"El gobernador ha dispuesto una modificación en la estructura del Gobierno. De manera de darle una especial relevancia, el tratamiento de las adicciones va a pasar del Ministerio de Salud al Ministerio de Derechos Humanos", dijo el funcionario.
Sin embargo, agregó: "Se va a crear en Derechos Humanos un área específica encargada de la prevención... La atención al enfermo de adicción será en el área de salud mental, como establecen las leyes, en el Ministerio de Salud".
El Tribuno intentó obtener información oficial del Ministerio de Gobierno y del Ministerio de Salud con respecto a lo que pasará con Cepris, Puente y otros centros terapéuticos.
Los responsables de prensa del área de Gobierno dijeron a este medio que debía responder el Ministerio de Salud. En la cartera de Salud comunicaron que debía dar información la secretaria de Salud Mental y Abordaje Integral de las Adicciones, Claudia Román Ru. Consultada sobre el tema, la funcionaria explicó a El Tribuno que a ella no le habían confirmado si el tratamiento de las adicciones pasaría a Derechos Humanos.
"Tema sanitario"
"La visión de la toxicomanía como un tema sanitario que se implementó en los últimos años en Salta es un progreso. No queremos retroceder, no hay fundamentos clínicos para hacerlo", dijo ayer a El Tribuno un psicólogo del Cepris (Centro Provincial Integrador Sanitario) que evitó dar su nombre por temor a ser sancionado.