El director del diario El Tribuno, Sergio Romero, expuso hoy en la ciudad estadounidense de Charleston el caso del insólito embargo sobre las cuentas bancarias de la empresa editora del diario.
Fue en el marco de la 71º Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), la cual incluyó en su informe preliminar sobre libertad de prensa en la Argentina, el caso vivido en Salta y al cual calificó de "medida excesiva"
A continuación, la exposición compartida:
"El Tribuno está siendo objeto de una persecución judicial como parte de una estrategia del gobierno de Juan Manuel Urtubey quien a través de su ministro Carlos Parodi y de su hermano/funcionario Facundo Urtubey, tratan de amedrentar la libertad de expresión con acciones judiciales. Cuenta para esto en muchos casos con jueces y funcionarios judiciales disciplinados o adictos a su gestión.
Consecuencia de esto, el 18 de mayo, un día después de las elecciones Facundo Urtubey puso una demanda contra el diario El Tribuno. Así también, a fines de julio y durante casi dos meses, todas las cuentas bancarias de Horizontes SA, la empresa editora, estuvieron inmovilizadas por un embargo preventivo que obstaculizó el funcionamiento del principal diario de Salta.
Un juez interino, Leonardo Araníbar, firmó la orden ante una medida cautelar que el ministro de Economía de Salta, Carlos Parodi, promovió y obtuvo, con un trámite exprés de 24 horas, sin siquiera abonar la tasa de Justicia ni hacer efectiva la contracautela que exige la ley en estos casos.
Varios abogados, incluidos los exjueces Armando Frezze y Cristina Garrós Martínez, hicieron públicos cuestionamientos a esas y otras faltas procesales. Advirtieron que los embargos de depósitos bancarios son inusuales hasta en juicios que tienen sentencias favorables a los demandantes en primera instancia.
Mucho más extraña resulta tal medida ante una acción recién iniciada por el ministro Parodi, contra El Tribuno, por informes periodísticos que dieron cuenta de un exponencial crecimiento de su patrimonio (el 2 de julio de 2013) y de sus salidas al exterior (el 19 de marzo de 2015).
Abogados advirtieron que los embargos de depósitos bancarios son inusuales hasta en juicios que tienen sentencias favorables a los demandantes en primera instancia.
Las publicaciones no se apoyaron en transcendidos, fuentes extraoficiales ni denuncias anónimas, sino en las propias declaraciones juradas que el funcionario presentó ante la Escribanía de Gobierno, entre 2000 y 2013, con valuaciones inconsistentes y ostensibles omisiones de bienes y activos.
Las notas periodísticas también fueron respaldadas con actas, asientos y registros oficiales de inmuebles, automotores, sociedades y migraciones. Constancias fehacientes, en contraste con las declaraciones juradas del ministro Parodi, revelaron un crecimiento de diez veces en su patrimonio de bienes y activos entre 2008 y 2013.
A su vez, planillas de ingresos y salidas de la Dirección General de Migraciones mostraron un incremento, de igual proporción, en sus viajes al exterior. Antes de asumir como ministro de Economía, en diciembre de 2007, Parodi había salido del país tres veces. La primera a Uruguay, la segunda a Brasil y otra a España, con un vuelo económico de Copa vía Panamá. Según los registros de Migraciones, desde enero de 2008 hasta diciembre de 2014 salió 30 veces a Nueva York, Miami, Londres, Boston, Roma, Madrid, Montevideo y otros destinos internacionales. Y fue acompañado por su mujer, Josefina Bernis, en 20 de esas escapadas internacionales .
Dos de esos viajes fueron en comisión oficial, con gastos reintegrados por la Provincia. En uno de ellos estuvo en Nueva York cuatro días con su señora.Presentaciones realizadas ante el Ministerio Público de Salta en julio de 2013, para que se investigue judicialmente su evolución patrimonial, fueron archivadas, en tiempo récord, por el fiscal de Delitos Económicos Complejos, Guillermo Akemeier, después ascendido a fiscal de impugnación, luego de sortear un juicio de remoción por mal desempeño.
Tras el archivo del caso Parodi, exento de revisión judicial, el abogado Gonzalo Guzmán Coraita intentó acceder, sin éxito, al contenido de esa resolución.
Primero rechazó sus pedidos Akemeier y después el jefe de los fiscales, Pablo López Viñals, quien puso la resolución de archivo bajo llaves, en la Procuración General de la Provincia, hasta el día de hoy.
Desde el pasado 31 de julio, cuando Araníbar ordenó el embargo contra El Tribuno, los apoderados legales del diario tampoco pudieron acceder, durante varias semanas, al expediente originario de la cautelar: lo tenía a "préstamo" el abogado del ministro Parodi.
Para Garros Martínez, exjueza de la Corte de Justicia de Salta, se trató de una lisa y llana "privación de justicia", ya que con la medida cautelar concretada, asistía a El Tribuno el derecho de enterarse por qué le inmovilizaron sus depósitos bancarios y a reclamar el levantamiento o sustitución del embargo.
Así, con las garantías de justa defensa vulneradas, el diario vio afectadas durante dos meses la liquidación de los sueldos a su personal, los pagos a sus proveedores y la cobertura de cheques librados a terceros.
En días recientes se impuso una sustitución del insólito y gravoso embargo, detrás del cual abogados como el reconocido constitucionalista Gregorio Badeni, advirtieron la intención de trabar el funcionamiento económico de El Tribuno y amordazar su labor informativa crítica del desempeño de las funciones estatales y el uso de los fondos públicos en Salta.
Mucho más extraña resulta tal medida ante una acción recién iniciada por el ministro Parodi, contra El Tribuno, por informes periodísticos que dieron cuenta de un exponencial crecimiento de su patrimonio (el 2 de julio de 2013) y de sus salidas al exterior (el 19 de marzo de 2015).
Las publicaciones no se apoyaron en transcendidos, fuentes extraoficiales ni denuncias anónimas, sino en las propias declaraciones juradas que el funcionario presentó ante la Escribanía de Gobierno, entre 2000 y 2013, con valuaciones inconsistentes y ostensibles omisiones de bienes y activos."
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla
El director del diario El Tribuno, Sergio Romero, expuso hoy en la ciudad estadounidense de Charleston el caso del insólito embargo sobre las cuentas bancarias de la empresa editora del diario.
Fue en el marco de la 71º Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), la cual incluyó en su informe preliminar sobre libertad de prensa en la Argentina, el caso vivido en Salta y al cual calificó de "medida excesiva"
A continuación, la exposición compartida:
"El Tribuno está siendo objeto de una persecución judicial como parte de una estrategia del gobierno de Juan Manuel Urtubey quien a través de su ministro Carlos Parodi y de su hermano/funcionario Facundo Urtubey, tratan de amedrentar la libertad de expresión con acciones judiciales. Cuenta para esto en muchos casos con jueces y funcionarios judiciales disciplinados o adictos a su gestión.
Consecuencia de esto, el 18 de mayo, un día después de las elecciones Facundo Urtubey puso una demanda contra el diario El Tribuno. Así también, a fines de julio y durante casi dos meses, todas las cuentas bancarias de Horizontes SA, la empresa editora, estuvieron inmovilizadas por un embargo preventivo que obstaculizó el funcionamiento del principal diario de Salta.
Un juez interino, Leonardo Araníbar, firmó la orden ante una medida cautelar que el ministro de Economía de Salta, Carlos Parodi, promovió y obtuvo, con un trámite exprés de 24 horas, sin siquiera abonar la tasa de Justicia ni hacer efectiva la contracautela que exige la ley en estos casos.
Varios abogados, incluidos los exjueces Armando Frezze y Cristina Garrós Martínez, hicieron públicos cuestionamientos a esas y otras faltas procesales. Advirtieron que los embargos de depósitos bancarios son inusuales hasta en juicios que tienen sentencias favorables a los demandantes en primera instancia.
Mucho más extraña resulta tal medida ante una acción recién iniciada por el ministro Parodi, contra El Tribuno, por informes periodísticos que dieron cuenta de un exponencial crecimiento de su patrimonio (el 2 de julio de 2013) y de sus salidas al exterior (el 19 de marzo de 2015).
Abogados advirtieron que los embargos de depósitos bancarios son inusuales hasta en juicios que tienen sentencias favorables a los demandantes en primera instancia.
Las publicaciones no se apoyaron en transcendidos, fuentes extraoficiales ni denuncias anónimas, sino en las propias declaraciones juradas que el funcionario presentó ante la Escribanía de Gobierno, entre 2000 y 2013, con valuaciones inconsistentes y ostensibles omisiones de bienes y activos.
Las notas periodísticas también fueron respaldadas con actas, asientos y registros oficiales de inmuebles, automotores, sociedades y migraciones. Constancias fehacientes, en contraste con las declaraciones juradas del ministro Parodi, revelaron un crecimiento de diez veces en su patrimonio de bienes y activos entre 2008 y 2013.
A su vez, planillas de ingresos y salidas de la Dirección General de Migraciones mostraron un incremento, de igual proporción, en sus viajes al exterior. Antes de asumir como ministro de Economía, en diciembre de 2007, Parodi había salido del país tres veces. La primera a Uruguay, la segunda a Brasil y otra a España, con un vuelo económico de Copa vía Panamá. Según los registros de Migraciones, desde enero de 2008 hasta diciembre de 2014 salió 30 veces a Nueva York, Miami, Londres, Boston, Roma, Madrid, Montevideo y otros destinos internacionales. Y fue acompañado por su mujer, Josefina Bernis, en 20 de esas escapadas internacionales .
Dos de esos viajes fueron en comisión oficial, con gastos reintegrados por la Provincia. En uno de ellos estuvo en Nueva York cuatro días con su señora.Presentaciones realizadas ante el Ministerio Público de Salta en julio de 2013, para que se investigue judicialmente su evolución patrimonial, fueron archivadas, en tiempo récord, por el fiscal de Delitos Económicos Complejos, Guillermo Akemeier, después ascendido a fiscal de impugnación, luego de sortear un juicio de remoción por mal desempeño.
Tras el archivo del caso Parodi, exento de revisión judicial, el abogado Gonzalo Guzmán Coraita intentó acceder, sin éxito, al contenido de esa resolución.
Primero rechazó sus pedidos Akemeier y después el jefe de los fiscales, Pablo López Viñals, quien puso la resolución de archivo bajo llaves, en la Procuración General de la Provincia, hasta el día de hoy.
Desde el pasado 31 de julio, cuando Araníbar ordenó el embargo contra El Tribuno, los apoderados legales del diario tampoco pudieron acceder, durante varias semanas, al expediente originario de la cautelar: lo tenía a "préstamo" el abogado del ministro Parodi.
Para Garros Martínez, exjueza de la Corte de Justicia de Salta, se trató de una lisa y llana "privación de justicia", ya que con la medida cautelar concretada, asistía a El Tribuno el derecho de enterarse por qué le inmovilizaron sus depósitos bancarios y a reclamar el levantamiento o sustitución del embargo.
Así, con las garantías de justa defensa vulneradas, el diario vio afectadas durante dos meses la liquidación de los sueldos a su personal, los pagos a sus proveedores y la cobertura de cheques librados a terceros.
En días recientes se impuso una sustitución del insólito y gravoso embargo, detrás del cual abogados como el reconocido constitucionalista Gregorio Badeni, advirtieron la intención de trabar el funcionamiento económico de El Tribuno y amordazar su labor informativa crítica del desempeño de las funciones estatales y el uso de los fondos públicos en Salta.
Mucho más extraña resulta tal medida ante una acción recién iniciada por el ministro Parodi, contra El Tribuno, por informes periodísticos que dieron cuenta de un exponencial crecimiento de su patrimonio (el 2 de julio de 2013) y de sus salidas al exterior (el 19 de marzo de 2015).
Las publicaciones no se apoyaron en transcendidos, fuentes extraoficiales ni denuncias anónimas, sino en las propias declaraciones juradas que el funcionario presentó ante la Escribanía de Gobierno, entre 2000 y 2013, con valuaciones inconsistentes y ostensibles omisiones de bienes y activos."