Es autora del libro "La trama invisible del suicidio en la adolescencia", y organiza constantes capacitaciones orientadas a la contención de la niñez. Dentro de la institución que conduce, funciona un reconocido programa que se dedica a encontrar padrinos para chicos de familias vulnerables que necesitan apoyo económico para no abandonar la escuela.
Actualmente, impulsa una campaña a favor de la designación en Salta del defensor del niño, figura prevista en la ley nacional 26061.
En diálogo con El Tribuno, analizó la situación de la infancia y la adolescencia en la provincia. Consultada sobre el proyecto de la Nación para bajar de 16 a 14 años la edad en que se puede ser condenado por un delito, consideró que una política adecuada sería garantizar la prevención y la protección de la infancia.
Además, dijo que un defensor del niño podría pedir cuentas ante casos como el del hijo de Andrea Neri, que estaba con ella en la celda en la que su pareja la mató durante una visita íntima el 5 de enero, o el de Thiago, un niño de cuatro años que estaba a cargo de una familia sustituta pero murió por problemas alimentarios en 2015. "La sociedad se organiza en pos de muchos valores, como la lucha contra el maltrato animal, pero los niños no tienen voces que los defiendan", afirmó.
En diciembre se aprobó la ley provincial por la cual Salta se adhiere a la ley nacional 26.061, de
protección a niños, niñas y adolescentes. ¿Qué visión tiene de esta norma?
Era una necesidad porque la ley nacional 20.611, a la cual responde, llevaba 11 años sin que la provincia adhiriera. Ahora ya tenemos el dispositivo legal para ejecutar todas las consideraciones que estipula la ley nacional.
Nosotros hemos iniciado un movimiento a nivel provincial para que se respete el espíritu de la ley nacional, que estipula la necesidad de arbitrar un sistema de protección integral y que alude a una serie de consideraciones a las que la ley provincial quizás no responde acabadamente.
Por ejemplo, la ley provincial apunta mucho a los casos puntuales y no advierte el tema de las políticas públicas necesarias para el respeto a los derechos de niños, niñas y adolescentes.
La ley provincial todavía reitera los abordajes que involucran en todas las situaciones a la órbita de la Justicia, con lo cual se judicializan los casos, cuando el espíritu de la ley es justamente trabajar para expandir el ámbito que llamaríamos administrativo, previo a la intervención de la Justicia.
Con esto, la prevención estaría desplegando una serie de acciones que involucran a las organizaciones de la comunidad.
Tampoco la ley provincial está potenciando la participación de la sociedad. Más bien alude a que el órgano de aplicación corresponde básicamente a la Secretaría de Niñez del Ministerio de Primera Infancia y el Ministerio Público.
Sí contempla un consejo, en el cual hay un representante de todas las ONG. Me parece que eso es limitar mucho las acciones que desplegamos las organizaciones y la comunidad. Tenemos que trabajar para una mayor participación.
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Es autora del libro "La trama invisible del suicidio en la adolescencia", y organiza constantes capacitaciones orientadas a la contención de la niñez. Dentro de la institución que conduce, funciona un reconocido programa que se dedica a encontrar padrinos para chicos de familias vulnerables que necesitan apoyo económico para no abandonar la escuela.
Actualmente, impulsa una campaña a favor de la designación en Salta del defensor del niño, figura prevista en la ley nacional 26061.
En diálogo con El Tribuno, analizó la situación de la infancia y la adolescencia en la provincia. Consultada sobre el proyecto de la Nación para bajar de 16 a 14 años la edad en que se puede ser condenado por un delito, consideró que una política adecuada sería garantizar la prevención y la protección de la infancia.
Además, dijo que un defensor del niño podría pedir cuentas ante casos como el del hijo de Andrea Neri, que estaba con ella en la celda en la que su pareja la mató durante una visita íntima el 5 de enero, o el de Thiago, un niño de cuatro años que estaba a cargo de una familia sustituta pero murió por problemas alimentarios en 2015. "La sociedad se organiza en pos de muchos valores, como la lucha contra el maltrato animal, pero los niños no tienen voces que los defiendan", afirmó.
En diciembre se aprobó la ley provincial por la cual Salta se adhiere a la ley nacional 26.061, de
protección a niños, niñas y adolescentes. ¿Qué visión tiene de esta norma?
Era una necesidad porque la ley nacional 20.611, a la cual responde, llevaba 11 años sin que la provincia adhiriera. Ahora ya tenemos el dispositivo legal para ejecutar todas las consideraciones que estipula la ley nacional.
Nosotros hemos iniciado un movimiento a nivel provincial para que se respete el espíritu de la ley nacional, que estipula la necesidad de arbitrar un sistema de protección integral y que alude a una serie de consideraciones a las que la ley provincial quizás no responde acabadamente.
Por ejemplo, la ley provincial apunta mucho a los casos puntuales y no advierte el tema de las políticas públicas necesarias para el respeto a los derechos de niños, niñas y adolescentes.
La ley provincial todavía reitera los abordajes que involucran en todas las situaciones a la órbita de la Justicia, con lo cual se judicializan los casos, cuando el espíritu de la ley es justamente trabajar para expandir el ámbito que llamaríamos administrativo, previo a la intervención de la Justicia.
Con esto, la prevención estaría desplegando una serie de acciones que involucran a las organizaciones de la comunidad.
Tampoco la ley provincial está potenciando la participación de la sociedad. Más bien alude a que el órgano de aplicación corresponde básicamente a la Secretaría de Niñez del Ministerio de Primera Infancia y el Ministerio Público.
Sí contempla un consejo, en el cual hay un representante de todas las ONG. Me parece que eso es limitar mucho las acciones que desplegamos las organizaciones y la comunidad. Tenemos que trabajar para una mayor participación.