El gobierno de Macri concibió un paquete de proyectos de ley que ha sido presentado ante la opinión pública como reformas estructurales.

Estas reformas no son tales. Un collage de proyectos sin definición completa ni claras relaciones entre sí, y sin tiempos ciertos de implementación no son reformas seguras ni reformas propiamente dichas.

1. Porque no se trata de cambios integrales ni de sistemas sino solo de baterías de medidas en distintos ámbitos, y no está claro si son compatibles y si conducen a los objetivos nominalmente previstos, que serían la rebaja de costos empresarios, la reducción del gasto público y la disminución del déficit fiscal.

2. Porque parte de los proyectos todavía no están definidos en detalle.

3. Porque los tiempos de presentación, debate parlamentario y comienzo de vigencia de las medidas que se adopten hacen a estas reformas de cumplimiento relativo.

La clave de respuesta final a estos interrogantes una vez sancionados los cambios que resulten de este complejo proceso de negociaciones extra e intraparlamentarias va a estar en el único lugar que es el receptáculo obligado y concreto de tales modificaciones: el Presupuesto 2018; que fue elevado en tiempo y forma, pero ahora va a tener cambios más que relevantes en el cálculo de los recursos y los gastos del Estado.

El Presupuesto 2018 será la prueba de la realidad o no del supuesto reformismo macrista en los dos años que le restan de su mandato.

Notablemente estas reformas estructurales no fueron objeto de explicaciones oficiales ni mucho menos de debate durante la reciente campaña electoral ni por parte del gobierno ni por parte de la oposición.

Dicho con otras palabras, la administración macrista planteó las cosas así: primero denme los votos frente al peligro dialéctico de un retorno del kirchnerismo que luego yo los sorprenderé con el paquete de medidas que llamo reformas estructurales.

El sentido de las reformas

Conforme al planteo oficial, las principales reformas propuestas por el gobierno de Macri son tres: impositiva, previsional y laboral; y como derivado de la primera, modificaciones parciales de la Coparticipación Federal de Impuestos, en función del acuerdo firmado entre Nación y Provincias.

Este último aspecto no es un tema menor porque, aparte de que en los hechos ello determina un principio de apoyo de los legisladores provinciales en el Congreso a instancias de los gobernadores respectivos, la reforma tributaria en particular conlleva compromisos de reducción de impuestos por parte de las provincias fundamentalmente Ingresos brutos y sellos que constituyen en promedio entre el 70 y el 80 % de sus recursos propios.

Estas medidas de reducción de tributos no resultarían en principio muy compatibles con la prioridad de nueva responsabilidad fiscal que forma parte del paquete de leyes propuesto por el gobierno -que exige la disminución del gasto público y el déficit fiscal de todos los distritos (incluso con alcance municipal) ya que obviamente se estaría trabajando con la hipótesis de una baja de ingresos públicos.

Esto último, empero, no es seguro que reduzca la presión tributaria provincial porque aparte de que las aplicaciones de los cambios son graduales ya varias provincias han decidido aumentos alternativos importantes en el impuesto inmobiliario, además del paralelo incremento de las tasas municipales por servicios generales con lo que los distritos estarían compensando la rebaja de ingresos brutos.

Cabe recordar, además, que la última palabra en esta materia la tienen formalmente las legislaturas provinciales que deben aprobar o no los acuerdos firmados por los gobernadores y que, si bien se considera que darán conformidad sobre lo actuado, no se sabe en qué términos y en qué plazos lo harán.

Ergo, es discutible que baje la presión tributaria neta en la Argentina porque aún no está claro el balance compensatorio de reducciones de impuestos por un lado y aumentos por otro, cosa para la que habrá que esperar el citado nuevo proyecto presupuestario 2018.

Por último, una duda central que hace al nuevo resultado de las cuentas fiscales (algo que ya ha sido percibido pero de lo que poco se habla): la cuestión de si las reducciones impositivas propuestas (en caso que efectivamente se verifiquen) estarían realmente compensadas con baja de gastos por los gobiernos nacional y provinciales ya que se necesitaría una disminución más que proporcional de los gastos públicos en las respectivas jurisdicciones para compensar la supuesta rebaja de recaudación y así poder lograr una reducción final de los déficits fiscales que, como están las cosas, por el momento devienen algo bastante hipotético.

El objeto de las reformas

Las cuentas fiscales de la Argentina no cierran y la necesidad de desacelerar el ritmo del endeudamiento del Estado, que se usa para cubrir los déficits gemelos -fiscal y externo- plantea una dualidad en el objeto de las reformas propuestas.

 El paquete tiene por finalidad declarada bajar los costos impositivos, previsionales y laborales a las empresas pero dice poco acerca de cómo quedarían las cuentas públicas. 
El objeto central de las reformas, siempre según la formulación oficial, sería reducir la presión tributaria (impositiva y previsional) sobre las empresas para favorecer la inversión. Aunque se quiere presentar estas iniciativas como factores clave de una reactivación económica, no se trata, en realidad, de medidas que vayan necesariamente a incidir, y menos en el corto plazo, en las decisiones de inversión, producción y empleo dentro de la economía argentina. Y que se puedan tomar tales decisiones en el futuro depende menos de los cambios tributarios que se instrumenten que de las condiciones fácticas que el propio gobierno de Macri plantea hoy como alternativa en materia económico financiera.
En efecto: ¿qué peso relativo tienen o pueden tener los cambios jurídicos en las decisiones de inversión empresaria cuando es el propio gobierno el que estimula, facilita y alienta la mayor rentabilidad de los negocios especulativos frente a la rentabilidad de la actividad económica?
Este dilema entre cambios legales de instrumentación a futuro versus ofrecimiento de ganancias especulativas inmediatas y/o de muy corto plazo plantea en forma determinante una inconsistencia central sobre la que se asienta la idea de las reformas oficiales: una baja de la presión tributaria compensatoria parcial de la creciente presión financiera, ya que esas ventajas de rentabilidad financiera siguen siendo mayores y más rápidas que las supuestas y graduales rebajas tributarias. 

La gran contradicción 

Dicho en términos más simples: es dudoso que cualquier empresario altere sus decisiones económicas de inversión y producción cuando es el propio gobierno a través del Banco Centra el que le ofrece ganancias especulativas a corto plazo (¡desde los 30 días!) en la compra de Lebac que rinden el 28-29 % anual. Con el agravante de que la propuesta de estas reformas se da en un contexto financiero adverso al de crecimiento económico que debiera llevar a que las empresas aprovechen estas aparentes rebajas impositivas:
A) Tasas: la política de altas tasas de interés del BCRA no solo constituye un ofrecimiento de mayores ganancias financieras que productivas, sino que mantiene el sesgo recesivo que daña la expansión de la producción y el empleo, con el consiguiente problema de desarrollo del mercado que se requiere para nuevas inversiones.
B) Retraso cambiario: porque el retraso cambiario sostenido precisamente en las altísimas tasas de interés domésticas que determina el BCRA retroalimenta el circuito financiero especulativo, favorece el aumento de las importaciones y afecta el valor de nuestras exportaciones.
C) Costo financiero: porque en esta movida compensatoria la idea de bajar la presión tributaria a las empresas para compensar el alto costo financiero existente no garantiza la mayor recaudación del Estado para disminuir el déficit fiscal, ni mucho menos garantiza la baja de la inflación por supuesto traslado a precios de las rebajas impositivas (que es la ingenua esperanza de que las empresas bajen sus precios al público por tener menor presión tributaria).
Por estas razones habría explicaciones realistas mucho más fundadas para suponer que el verdadero objetivo del magnificado paquete de reformas estructurales es otro y que, en consecuencia, lo que se estaría buscando es algo distinto al enunciado:
1) Debido al acelerado proceso de endeudamiento externo, que implica un aumento del stock de la deuda pública y un correlativo aumento de los intereses, el déficit fiscal se está desbocando y es necesario acotarlo.
2) Los grandes acreedores externos están apretando al Gobierno para que se les garantice el pago de estos servicios crecientes de intereses, ya que la totalidad de los vencimientos de capital se refinancia y ello tiene que lograrse a través de planes de ajuste fiscal. 
3) El paquete de reforma estructural es un conjunto de medidas muy insuficiente para reducir significativamente el déficit de las cuentas fiscales; tendría por finalidad seguir ganando tiempo mientras se toma más deuda pública, que es el sostén y motor esencial de la gestión de Macri.
En este contexto, la venta de la idea de reformas configuraría, en gran medida, un distractivo del empeoramiento de la verdadera situación fiscal argentina hoy replanteada en los déficit gemelos (fiscal y externo). Además, pondría en evidencia el aumento de los condicionamientos extranjeros por el problema financiero insoluble del aumento de la deuda nacional sin capacidad de repago y mostraría, a la vez, la gravedad del cuadro que enfrenta un gobierno deuda-dependiente que necesita en forma desesperada vivir renovando vencimientos y colocando deuda adicional todos los días. Gobernar con deuda es parte de una política sin la cual Macri perdería su estabilidad financiera y política.
 

 

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