El objeto de este análisis es proponer que los préstamos para vivienda a pagar en 30 años anunciados recientemente no sean actualizados por inflación, sino de acuerdo a los porcentajes de aumentos de sueldos de los trabajadores.
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El objeto de este análisis es proponer que los préstamos para vivienda a pagar en 30 años anunciados recientemente no sean actualizados por inflación, sino de acuerdo a los porcentajes de aumentos de sueldos de los trabajadores.
Los recientes anuncios de préstamos hipotecarios con plazos de hasta 30 años ajustados por inflación nos recuerdan que estamos volviendo a la normalidad, ya que este tipo de empréstitos son comunes en países que tienen sus economías acomodadas y que se puede pensar en el largo plazo.
Es importante la iniciativa de otorgar facilidades en un país con un alto déficit habitacional, pero por los numerosos antecedentes que acumula la historia económica de Argentina o, como diríamos en otros términos, "el archivo la traiciona" son comprensibles los recaudos.
Es correcto que se otorguen préstamos hipotecarios hasta 30 años para vivienda a tasas bajas, actualizables, para no destruir la fuente de financiamiento.
Si se ajusta por inflación, necesario prevenir a los futuros beneficiarios y también al Gobierno que es el garante de estas operaciones.
Para un trabajador o una persona que dependa de otros ingresos fijos como sueldos o jubilaciones, los ajustes por inflación realizados al obtener préstamos resultaron perjudiciales, porque la inflación siempre fue superior a los aumentos de las remuneraciones, razón más que válida para sugerir que los ajustes de estos préstamos deben regirse por los aumentos de sueldos para darle mayor seguridad ala cobrabilidad de estos préstamos y tranquilidad a los beneficiarios de que conservaran sus viviendas.
La "cláusula gatillo" sería el salario mínimo, vital y móvil.
Hiperinflaciones
Brevemente y a los efectos de recordar los procesos inflacionarios que padecimos los argentinos e ilustrar a nuestros dirigentes para que tengan en cuenta al ofrecer este tipo de préstamos ajustados por inflación:
1) La era de Alfonsín. La inflación en el año 1984 llego al 688%; al siguiente año el ministro de Economía Bernardo Grinspun dejó su cartera a Juan Vital Sourrouille, quien el 14 de junio de 1985 instrumentó el Plan Austral; le sacaron tres ceros a la moneda, aplicaron medidas de ajuste fiscal y un tope de déficit para cada ejercicio; se prohibió la indexación y se instrumentó una tabla de desagio para corregir pagos a futuro, que contemplaban la inflación. También se congeló el tipo de cambio, los precios y salarios con algunas excepciones y con el compromiso firme de no emitir dinero para financiar déficit.
2) En 1986 este plan comenzó a deteriorarse y en febrero del 1987 hubo una nueva devaluación con congelamiento de precios y salarios. Este modelo seguía perdiendo confianza; el mercado de cambios se desdobló en "comercial controlado y oficial", y otro libre. Esto fue una forma de lograr devaluaciones parciales para cada sector.
3) En julio de 1988 la inflación llego al 25% mensual, el Gobierno reaccionó implementando el Plan Primavera con más congelamientos y contención del gasto público, período en que la recaudación por la inflación fue mayor que el aumento de salarios y jubilaciones.
4) En julio de 1989 la inflación llego al 200% mensual. Los precios se multiplicaban por 3 cada treinta días y nuestro país estaba en hiperinflación, con serios problemas, no solo económicos sino sociales. La cadena productiva se cortó porque los fabricantes y comerciantes no sabían a qué precio iban a reponer lo vendido, hubo saqueos y despidos y el Gobierno de Raúl Alfonsín tuvo que anticipar la entrega del gobierno a su sucesor el Dr. Carlos Menem.
5) Convertibilidad, Menem y Cavallo. En 1991, la inflación se detuvo con la implantación del Plan de Convertibilidad, cuando, previa devaluación un peso valía un dólar estadounidense, momento en que hubo una dolarización de hecho. Después de años de convertibilidad el modelo no pudo subsistir por el efecto de la inflación inercial y la falta de disciplina fiscal llegando el déficit fiscal cercano al 2% del PBI y al no poder cubrirse con emisión monetaria se hizo con deuda pública que pasó del 32% al 50% del PBI.
6) Con esta realidad se pasó del megacanje de la deuda y, posteriormente, a la huida de la convertibilidad y declarar el default que fueron traumáticos para nuestra economía y marcaron años de gran aislamiento financiero.
7) Ya durante la gestión kichnerista se implantó un dólar competitivo (superalto), logrando un superávit comercial, que sostuvo porque junto al aumento del precio de los productos que exportábamos (commodities), el Gobierno implantó retenciones que le permitió tener superávit fiscal y un significativo crecimiento económico. Nuevamente se incrementó el gasto público y se inicia otra etapa de déficit fiscal; al no tener acceso al crédito se comenzó a financiar con emisión monetaria, con lo cual, de la mano de varios ministros de Economía dependientes en exceso de las órdenes superiores, reinstalaron la inflación en Argentina.
La circular 1050
La Circular 1050 fue emitida por el Banco Central de la República Argentina en enero de 1980 y sigue presente en el recuerdo de quienes la sufrieron. La política se ocupó de recordarles a Néstor y Cristina Kirchner que esa norma fue la base de su exitoso estudio jurídico de Santa Cruz.
Esa norma dictada por José Martínez de Hoz en el último tramo de la gestión de Jorge Videla, reguló y unificó las actualizaciones de los préstamos en pesos para vivienda que se ajustaban por el famoso CER (Coeficiente de Estabilización de Referencia)
Estos préstamos se regían por la tasa de interés vigente en el mercado y fue así que los montos de las deudas contraídas superaron ampliamente los precios de los bienes y servicios y, por supuesto, de los ingresos de los trabajadores.
Las deudas hipotecarias aumentaron en mayor proporción que los precios de los inmuebles y en la mayoría de los casos estos montos sobrepasaron el valor de los bienes. Fue el caso de que si se vendía el inmueble para cancelar la deuda, no alcanzaba el dinero obtenido para cancelar esa deuda. Rsultado: se perdía la vivienda y no alcanzaba para saldar el empréstito.
Los salarios tampoco aumentaron en la misma proporción de los que subió el CER.
Por todas estas razones entiendo que la historia de nuestro país nos obliga a instrumentar otra forma de actualizar las deudas especialmente las hipotecarias para comprar o construir viviendas, proponiendo la actualización en base a los porcentajes de aumentos de sueldos, va a modo de sugerencia.