El caso de Federico Diez, el juez denunciado por violencia de género, será el primero en el que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados deberá analizar un desafuero por un delito de este tipo, según confirmaron ayer fuentes judiciales. Los miembros del organismo se reunirían entre mañana y el jueves para empezar a evaluar las acusaciones en contra de Diez, quien es integrante de la sala VII del Tribunal de Juicio. Su expareja lo denunció por lesiones, amenazas con arma y violación de una orden que le prohibía acercarse a ella.
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El caso de Federico Diez, el juez denunciado por violencia de género, será el primero en el que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados deberá analizar un desafuero por un delito de este tipo, según confirmaron ayer fuentes judiciales. Los miembros del organismo se reunirían entre mañana y el jueves para empezar a evaluar las acusaciones en contra de Diez, quien es integrante de la sala VII del Tribunal de Juicio. Su expareja lo denunció por lesiones, amenazas con arma y violación de una orden que le prohibía acercarse a ella.
El viernes la causa se elevó a juicio y la jueza a cargo, Ada Zunino, envió al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados la nota correspondiente para que se inicie el denominado proceso de allanamiento de inmunidad, en el que Diez podría perder sus fueros. Según la base de datos del organismo, es el primer caso de este tipo.
A partir del pedido de Ada Zunino, corre un plazo de dos días para que el jurado inicie el procedimiento de análisis. Se espera que el presidente de la Corte de Justicia, Guillermo Catalano, convoque a los demás miembros del cuerpo para comenzar a evaluar el expediente entre mañana y el jueves.
Los jueces, como los legisladores, tienen fueros e inmunidades; los delitos por los que se juzgará a Diez están entre las causales por las que pueden perderlos. El magistrado, además, podría quedar suspendido en sus funciones sin goce de haberes si los miembros del Jurado de Enjuiciamiento consideran que hay pruebas suficientes.
A partir de la convocatoria de Catalano el organismo deberá, "en sesión secreta" y en un plazo de cinco días, resolver sobre el allanamiento de inmunidad que solicitó la jueza Ada Zunino.
Alcances
Las denuncias contra el juez Federico Diez tienen un alto impacto en una provincia en emergencia por violencia de género, en la que los tres poderes del Estado manifestaron su compromiso para aplicar políticas públicas que le pongan un freno a las agresiones machistas y los alarmantes índices de femicidios.
Antes de expedirse sobre el tema, el Jurado podrá recoger información sumaria sobre los hechos en que se funda el pedido.
El desafuero implica un "total sometimiento" a los procesos judiciales, aunque no equivale en sí mismo a la destitución.
La suspensión de las inmunidades o la separación provisoria del cargo quedarán sin efecto si el magistrado es sobreseído o absuelto. Por el contrario, la medida se transformará en definitiva si es condenado.
El desafuero no podrá durar más de 12 meses. Cumplido este plazo, la resolución caducará si no se hubiese dictado un fallo en la causa en la que se lo imputa.
Ningún magistrado puede ser sometido a este proceso sin que lo requiera formalmente el juez a cargo del caso.
"Si el acusado hubiera sido detenido por ser sorprendido in fraganti en la ejecución de un delito pasible de pena corporal, por el cual no corresponda condena de ejecución condicional, el juez pondrá de inmediato el hecho en conocimiento del Jurado", especifica la ley provincial 7.138.
Si Federico Diez quedara suspendido, magistrados interinos deberían hacerse cargo de los juicios que debía resolver.
Ahora se espera que se concrete el juicio en el que se definirán las responsabilidades del magistrado, que dijo a El Tribuno: "Es la Justicia la que tiene que decidir si soy culpable", luego de que las denuncias se hicieran públicas el año pasado.
El Jurado de Enjuiciamiento
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados es el órgano encargado de decidir sobre el apartamiento o desafuero de jueces y fiscales.
El presidente de este organismo es Guillermo Catalano, máxima autoridad de la Corte de Justicia de Salta.
Además, integran el cuerpo: el juez de la Corte Guillermo Posadas; la fiscal de Estado Mónica Lionetto; Silvina Abilés y Jorge Pablo Soto por la Cámara de Senadores; Pedro Sández y Eduardo Luis Leavy por la Cámara de Diputados y los abogados Luis Guillermo López Mirau y Aldo Juárez.
Es función del cuerpo juzgar a los magistrados inferiores del Poder Judicial y miembros del Ministerio Público por las causales de destitución previstas en la Constitución Provincial y la Ley 7.138.
El organismo debe allanar la inmunidad de los funcionarios cuando se formule contra ellos acusación penal por delitos comunes.
“Cuando se formule requerimiento fiscal o querella por delitos comunes contra algunos de los magistrados o funcionarios acusables ante el Jurado de Enjuiciamiento, no podrá ser sometido a procesos contra su persona sin que el juez competente solicite el allanamiento de su inmunidad”, indica la ley provincial 7.138.