Tras las declaraciones del abogado tartagalense Sergio Heredia sobre un posible desvío de fondos para viviendas para aborígenes a través del Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta -IPPIS-, y lo que consideró como inacción de la Provincia en cuanto al control sobre los recursos, salió al cruce el presidente del Instituto Provincial de la Vivienda, Sergio Zorpudes.
inicia sesión o regístrate.
Tras las declaraciones del abogado tartagalense Sergio Heredia sobre un posible desvío de fondos para viviendas para aborígenes a través del Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta -IPPIS-, y lo que consideró como inacción de la Provincia en cuanto al control sobre los recursos, salió al cruce el presidente del Instituto Provincial de la Vivienda, Sergio Zorpudes.
El funcionario desmintió una malversación de fondos y aclaró que "no sólo es una difamación, sino una declaración infundada ya que se paga de acuerdo a certificación de avance de obra".
Pero además indicó que el instituto, a principios de este mes notificó al IPPIS para que regule el ritmo de obras de las viviendas, ya que presentan un notorio retraso.
La operatoria
Un convenio firmado a fines de 2016 entre el Instituto Provincial de Viviendas y la Secretaría de Viviendas y Hábitat de Nación, en el marco del Programa Federal de Vivienda y Mejoramiento del Hábitat de Pueblos Originarios y Rurales,
acordó la construcción de 150 viviendas para familias originarias de las 9 etnias de la provincia. Fue el resultado de un proyecto presentado ante el organismo nacional en 2015 que estableció la responsabilidad del IPPIS en la ejecución de ese plan habitacional, previo convenio con el IPV.
Al mismo tiempo, la distribución de las casas fue establecida, por acta, entre todos los representantes del IPPIS, en distintos puntos de la provincia.
El proyecto para la construcción superó los $100 millones, y tras las firmas entre Nación y Provincia, fue el turno del IPPIS de posicionarse como órgano ejecutor, al tiempo que contrataron las cooperativas aborígenes para el plan.
En los planteos del abogado Heredia, quien asegura que hará la denuncia correspondiente en la Justicia federal, reclama al IPV la falta de control sobre el avance de los trabajos. "Controlamos la ejecución de la obra, realizamos la certificación y le pagamos al IPPIS de acuerdo al avance. Ese instituto indígena se ocupa, a su vez, de pagar a los contratistas. El inicio fue a mediados de diciembre de 2016 y el promedio de avance de obra es solo del 10%, por lo que los notificamos para que regularice el ritmo de trabajo, porque el plazo para entregar esas casas no puede superar el año e indudablemente están atrasados", ratificó Zorpudes.
El IPPIS tiene, en su estructura, un responsable técnico, uno social y otro financiero.
"No existe ninguna malversación de fondos, porque el IPV deposita según el avance de las obras. Es el IPPIS quien se encarga de pagar a las cooperativas contratadas. Si hay alguna maniobra entre esos eslabones de la cadena, escapa al IPV".
Construcción propia
El sistema de ejecución de obras a través de las cooperativas es de larga data.
Consultado por El Tribuno respecto de la calidad del trabajo, Zorpudes remarcó que la metodología que se aplica "permite tomar valor sobre lo que se realiza en la propia comunidad, además de ocupar mano de obra de las propias poblaciones. Si bien no son empresas constructoras, se les brinda contención a las familias asesorándolos y asistiéndolos técnicamente. Por su parte, la responsabilidad jurídica y administrativa la tienen las mismas comunidades a través del IPPIS, con una unidad ejecutora con responsables ante el IPV".
Zorpudes admitió que con estos planes tiene una obligación ante la Nación y la Provincia sobre el uso de los fondos. "Procuramos que sea local todo lo que se compra: materiales e insumos y la ocupación de mano de obra. Es el caso de la adquisición de madera, que por un acuerdo con el Centro de Obrajeros del norte se determinó, por decreto, que un 25% de lo que se utilice en obras públicas sean de especies autóctonas. Cumplimos a rajatabla ese decreto para promover lo propio", dijo.
Finalmente, y en relación a los planteos sobre las obras en el norte, Zorpudes remarcó que "si existiera una causa penal se intervendrá presentando los convenios, estados de obra y certificaciones y se tomarán las medidas judiciales que correspondan".
Denuncia de sobreprecio en la madera
Un exvocal del IPPIS dijo que un proveedor cobraba el doble por los insumos.
Julio Palavecino fue vocal del IPPIS por la etnia chané hasta diciembre de 2016. En diálogo con El Tribuno consideró que “150 casas para todas las comunidades de Salta es muy poco, pero como ni avanzan por las coimas que pide el instituto, termina siendo nada”. De ese total, 30 viviendas debían construírse en las comunidades wichi, 35 para el pueblo colla, 20 para los chané y el resto se distribuyó entre otras etnias.
Palavecino contó que “la cooperativa guaraní de Carlos Segundo (el cooperativista que en la edición del 15/06/2017 denunció los hechos de corrupción que involucran al IPPIS) tenía que hacer 10 viviendas en la comunidad chané. No sé las razones, pero esa cooperativa tenía que comprarle los materiales a unos porteños de apellido Lusciani que estaban en Tartagal. Tengo entendido que uno de ellos tiene parentesco con una funcionaria que trabajaba con la exministra Alicia Kirchner. Lo terrible fue que, comparando los precios con un corralón chiquito de Aguaray, esos proveedores vendían aquí al doble. Ese era otro de los negociados que se hicieron con la obra pública”, opinó el dirigente chané.