La fiscal general de Política Criminal, Derechos Humanos y Servicios Comunitarios de la República Argentina, Mary Beloff, fue una de las capacitadoras de lujo en un curso sobre “Responsabilidad Penal Juvenil”, organizado días atrás por la Escuela del Ministerio Público de Salta. Minutos antes de tomar su vuelo de regreso a Buenos Aires, accedió a dialogar amablemente con El Tribuno. Beloff es abogada, doctora en derecho penal y máster en Derecho por Harvard Law School. También es profesora titular de derecho penal y procesal penal, de régimen penal de la minoridad de la carrera de especialización en derecho penal y docente de posgrado de las maestrías en problemáticas infanto- juveniles, y en derecho de familia, infancia y adolescencia de la Universidad de Buenos Aires.
Para Mary Bellof, bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años “no resuelve ningún problema, sino que agrava la violencia”.
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La fiscal general de Política Criminal, Derechos Humanos y Servicios Comunitarios de la República Argentina, Mary Beloff, fue una de las capacitadoras de lujo en un curso sobre “Responsabilidad Penal Juvenil”, organizado días atrás por la Escuela del Ministerio Público de Salta. Minutos antes de tomar su vuelo de regreso a Buenos Aires, accedió a dialogar amablemente con El Tribuno. Beloff es abogada, doctora en derecho penal y máster en Derecho por Harvard Law School. También es profesora titular de derecho penal y procesal penal, de régimen penal de la minoridad de la carrera de especialización en derecho penal y docente de posgrado de las maestrías en problemáticas infanto- juveniles, y en derecho de familia, infancia y adolescencia de la Universidad de Buenos Aires.
Para Mary Bellof, bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años “no resuelve ningún problema, sino que agrava la violencia”.
¿Cuál es su postura sobre bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años?
Si una autoridad política me preguntara qué es lo que hay que hacer para mejorar la respuesta que el Estado da a los delitos de los menores, mi obligación científica académica es decirle que si está pensando en bajar la edad eso no va a resolver ningún problema. Lo digo porque cuando usted utiliza el derecho penal para abordar problemas que son básicamente sociales lo que hace es agravar la violencia, no reducirla. Entonces, si de más chiquitos ingresan a un sistema penal con todos los efectos que esto tiene de violencia, de abuso, cuando esos muchachos cumplan la pena que se les impongan van a salir más deteriorados de como entraron. Si usted (quiero decir el Estado) lo que busca es neutralizar un grupo de población habría que aclararlo, pero si lo que quiere es más seguridad no la va a generar bajando la edad penal. Además tiene otro problema, que si usted baja la edad está asumiendo que la persona tiene las capacidades intelectuales para elegir quebrar la ley y estamos hablando de chicos. Está claro para todos que un chico es un chico, por eso le llamamos chico y no adulto, le decimos eso porque sabemos que son diferentes y la diferencia se expresa en que son inmaduros, impulsivos, mucho más vulnerables a las influencias del entorno. La mayoría de los delitos que los chicos cometen es por eso. En contextos de vulnerabilidad, de exclusión, de marginalidad el delito se explica por esas razones. Entonces, cómo usted le va a aplicar una lógica penal del castigo que es la que usa para una persona que es madura, que es adulto, comprende, entiende, que no es tan influenciable. Hay una incoherencia en el enfoque.
Hay quienes sostienen que a esa edad los chicos entienden lo que hacen...
A veces se simplifica un poco la cuestión. Se interpreta que es lo mismo entender que algo está bien o está mal, que eso lo entiende un nene de dos años. Otra cosa es entender que algo sea un delito y elegir cometerlo y asumir las consecuencias de cometer un delito. Eso es diferente. De hecho hay cientos de tesis de doctorados en la Universidad de Buenos Aires de principios de siglo que discutían esto: qué significaba tener discernimiento, para lo que está bien o está mal, para lo que está prohibido permitido en general, son todo cosas diferentes. Esto no es opinable: el mundo establece una línea que diferencia la adultez de la infancia en 18 años. Hay un tratado internacional que dice eso y además toda la ciencia criminológica, penal y el derecho internacional de derechos humanos establece que la edad penal mínima no tiene que ser muy temprana porque los chicos carecen de la comprensión para decodificar claramente de qué se trata involucrarse y además carecen de los frenos inhibitorios también para eso. Finalmente, supongamos que usted tuviese un chico súper genio que entendiera, de todos modos utilizar el derecho penal en ese caso no le va a generar un beneficio social, este es el punto. Cuando se interpreta la justicia penal juvenil o cualquiera lo que está buscando es resolver un problema, no generar otros. En América Latina en los ‘90 se cambió la legislación para reducir las edades mínimas a 12 o 14 años, un sistema penal especial pero penal y la violencia ha aumentado exponencialmente en la mayoría de los países, no tuvo un efecto en la reducción de la violencia. La violencia se reduce con mecanismos informales de control social, ¿por qué hay chicos que no cometen delitos, porque son diferentes? Primero porque son chicos que están cuidados por adultos, van a la escuela, están dentro de un sistema simbólico de valores, aunque sean deportivos, de la cultura, pero son chicos que el fin de semana tienen algo que hacer por esta red de contención. Si el Estado quiere evitar el delito juvenil lo que tiene que hacer es eso, poner a los chicos en la escuela, generar en los barrios espacios para que ellos tengan esparcimientos en condiciones, que no sean territorios que se pueda apropiar el crimen organizado, no hay que ser un genio. Es simple, la mayoría de los delitos que cometen los chicos no son delitos graves ni complejos.
¿Se sabe cuántos chicos comenten crímenes o hechos graves en el país?
Sí se sabe. En la jurisdicción más compleja del país que es la provincia de Buenos Aires, la incidencia del delito grave de menores en la estadística general en los últimos 15 años, a partir de la información que provee la Procuración General de la Provincia es en promedio un 4 por ciento. Y hechos graves, dentro de ese porcentaje, también el promedio es del 4- 5 por ciento, hablamos de homicidios, agresiones sexuales, secuestros extorsivos, graves atentados lesiones graves. No estoy diciendo que no sean hechos graves, son muy graves, y son también trágicos para el chico que los comete. Por eso, el Estado tiene que intervenir con una fórmula que resuelva, no que complique más, ni al chico ni a la sociedad.
De estos chicos, ¿cuántos tienen problemas de adicciones?
En la mayoría de las jurisdicciones del país, casi la totalidad. Entonces ¿esto es un problema de política criminal o es un problema de salud pública? Si se comprueba en casi todos los casos que los chicos cometen los delitos bajo la influencia de sustancias aditivas que no les permite tener ninguna conciencia de lo que hacen.
En Pichanal, un pueblo del norte provincial, hace muy poco un adolescente fue a la escuela con un arma, baleó a la compañera en la cara, y si bien la chica está bien, perdió un ojo. ¿Cómo debe actuar la Justicia en este caso, qué debe hacer con ese chico?
Lo primero que hay que determinar es qué fue lo que pasó. Eso no importa la edad, se tiene que hacer un proceso que determine también por las responsabilidades civiles, patrimoniales qué fue lo que pasó. Que un chico lleve un arma al colegio nos está hablando de una catástrofe institucional, en su familia y en el colegio. En su familia porque cómo es que ese chico pudo hacerse de un arma; segundo en el colegio, cómo es que el colegio no genera los mecanismos de empatía y de detección temprana de violencia que permitan prever estas situaciones y anticiparse, no sé pero si es un caso que haya presentado alguna problemática, cómo no se pudo detectar. Hoy los delitos de los jóvenes, las dos cuestiones donde hay que incidir son crimen organizado y acceso a las armas. La Justicia no resuelve, la Justicia hace justicia. Ahora, un chico que va a la escuela con una arma y le tira un tiro a una compañera en la cara tiene un problema psicológico.
¿Se detectó si cada vez más chicos llevan armas a las escuelas?
En Argentina tenemos un problema con las estadísticas. Hay informes y noticias. Lamentablemente noticias cuando ocurren los hechos trágicos, pero no está tematizado. Lo que sí está comprobado es un mayor acceso a las armas y esto es suicida para la sociedad. Tremendo. Es uno de los grandes problemas que hay, la mayor violencia de los hechos es porque los chicos tienen hoy un acceso -aún en los sectores más marginalizados- que antes no tenían a las armas. El cambio fue el acceso a las armas y a las adicciones, que hace 20 años no estaban.
Un nuevo sistema penal juvenil, ¿es viable?
Nosotros tenemos un sistema penal juvenil, lo que hay que hacer es perfeccionarlo. Hay una cosa peculiar acá en Salta y es que ustedes tienen un código procesal muy moderno para adultos, pero no se lo aplica a menores. Cuando perfectamente podrían aplicar el mismo sistema acusatorio a los menores, y eso haría juicios más rápidos, más comprensibles para la sociedad y para los adolescentes.
Tienen programas para tratamientos de adicciones con adultos, tampoco se aplican a los menores. Tienen programas de justicia restaurativas reparadora que a lo mejor en este caso tan terrible que usted comentó se podrían utilizar. No se aplica a menores. Entonces, yo creo que más allá de que a nivel nacional se haga cambios, a nivel local urge empezar a implementar lo que ya está. Esta provincia tiene una ingeniería institucional para adultos que si la aplicaran a menores sería muy exitosa. Debe haber buenas razones, pero realmente sería muy importante que Salta emprendiera el camino de empezar ya a aplicar todas las nuevas herramientas eficaces que tienen.
Hay muchas cárceles abarrotadas con presos que están en proceso y sin juicios.
En algunas, no en todas. En algunas jurisdicciones hay un problema, lo que se conoce como el preso sin condena. Pero yo creo que a partir de la aprobación de códigos procesales como el que tiene Salta, los procesos se van a acelerar muchísimo.