Las 25.000 hectáreas de El Aybal y El Pajeal, dos fincas fronterizas que sirven de fachada al tráfico de droga a gran escala, seguirán en poder de sus actuales titulares registrales hasta que recaiga una condena firme sobre los miembros de la asociación ilícita comandada por Delfín Castedo.
inicia sesión o regístrate.
Las 25.000 hectáreas de El Aybal y El Pajeal, dos fincas fronterizas que sirven de fachada al tráfico de droga a gran escala, seguirán en poder de sus actuales titulares registrales hasta que recaiga una condena firme sobre los miembros de la asociación ilícita comandada por Delfín Castedo.
Así lo resolvió la Cámara Federal de Salta, al rechazar el requerimiento que formularon los fiscales federales Eduardo Villalba, Carlos Amad, José Luis Bruno y Diego Iglesias, de la Procuraduría de Narcotráfico (Procunar), para que se decomisen esos campos que son utilizados en operaciones de narcotráfico, tras supuestos fines agropecuarios.
El tribunal, luego de confirmar los procesamientos de los hermanos Delfín y Raúl Castedo, como jefe y miembro de una asociación ilícita narco, ordenó el pasado 19 de junio la anotación de la causa en las cédulas parcelarias de ambos inmuebles, ubicados en el borde caliente de Salvador Mazza (Salta) con Tarija (Bolivia). La medida, que hasta ayer seguía sin hacerse efectiva en los asientos de la Dirección General de Inmuebles, apunta a evitar cambios registrales en esos catastros fronterizos que, con la ley de extinción de dominio trabada en el Senado de la Nación, continúan en poder de presuntos integrantes de la organización criminal.
La Cámara, justamente, instruyó al juez subrogante de Orán, Jorge Gustavo Montoya, para que cite a indagatorias a Delfín Castedo y a Eduardo Torino, sindicado testaferro de la finca El Aybal, que había sido sobreseído por el hoy encarcelado exjuez federal de Orán Raúl Reynoso, en 2011.
El pasado 12 de mayo, Reynoso sumó un nuevo procesamiento en su contra por falsear en diciembre de 2013, a cambio de dinero, una declaración indagatoria que Delfín Castedo jamás prestó.
Ahora, con un juicio pendiente en la Justicia ordinaria como autor intelectual del crimen de Liliana Ledesma, la pequeña productora asesinada en Madrejones en septiembre de 2006, el jefe del clan Castedo será indagado en el fuero federal por las operaciones de narcotráfico que dirigió como prófugo hasta su detención en julio de 2016 y que seguiría comandando, según nuevos testimonios, desde su lugar de encierro en la cárcel de General Gemes.
Él y Torino deberán responder, entre otras acusaciones, por los 180 kilos de cocaína secuestrados el 22 de diciembre de 2016 en El Quebrachal. De acuerdo con constancias sumadas por el Ministerio Público Fiscal, la droga que se incautó en aquel procedimiento de Gendarmería Nacional había sido acopiada en las fincas El Aybal y El Pajeal.
Sellos presuntamente vinculados al clan Castedo volvieron a resaltar en los "ladrillos" de los 267 kilos de droga descubiertos en Las Lajitas, el pasado 5 de mayo, ocultos en un camión cargado con bananas, y también en los 1.883 kilos de cocaína secuestrados el martes último, en un campo de Los Pirpintos (Santiago del Estero).
Con las fincas que adquirió en la zona de Madrejones, la organización criminal ejerce un dominio total de 40 kilómetros de la frontera norte. La extensa franja tiene decenas de pasos no habilitados y hasta un camino consolidado que las vincula con territorio boliviano sin barreras ni controles.