A último momento, la defensa de una de las imputadas por la muerte de Thiago decidió desistir del testimonio de la exministra de Derechos Humanos Marianela Cansino por considerar que debe ser acusada de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Para realizar esa acción, se deberá abrir una nueva denuncia en la fiscalía y luego determinar si eso prosperará o no. Juan Pablo Recchiuto, patrocinante de la psicóloga Lorena Alejandra Recchiuto, tomó esta determinación luego de analizar en la jornada de ayer el testimonio de Margarita Daza, quien al momento de los hechos (julio de 2015) se desempeñaba como jefa del Programa de Sistemas Alternativos. Se trataba del organismo que debía monitorear a las familias sustitutas que asumían el compromiso de cuidar y proteger a niños abandonados que estaban bajo la tutela de los Juzgados de Familia. En el caso de marras, ese control debía estar focalizado en Patricia Alejandra Sánchez y Víctor Marcelo Senise, el matrimonio que en diciembre de 2013 se hizo cargo de la guarda provisoria de Thiago, de 4 años, y sus hermanos de 8, 10 y 11, hijos de padres drogadictos. Daza confirmó los dichos de las dos psicólogas y la asistente social imputadas en la causa y de los funcionarios que declararon la semana pasada, en el sentido de que el programa funcionaba de manera improvisada. Según la testigo, personalmente se encargó de elaborar un protocolo con una serie de pautas para reforzar el seguimiento y las tareas de control que el sistema exigía. “Elevé varias propuesta a los niveles superiores, pero nunca me respondieron”, expresó Daza.
La exfuncionaria sostuvo que para llevar adelante el trabajo tuvieron que afrontar muchas dificultades, entre ellas la falta de medios y recursos humanos, además de la excesiva demora en la liquidación de ayuda económica que el Estado destina a las familias sustitutas. “Esa ayuda era de seiscientos pesos y la gente iba a reclamar en nuestra secretaría porque en algunos casos tenía que esperar hasta cuatro meses para cobrar”, aseguró. En relación con el trabajo de sus subordinadas, las imputadas Recchiuto, Jaqueline Rosas y Marina del Huerto Vargas, la testigo Daza señaló que ha sido positivo. “Pese a las dificultades que había me consta que las licenciadas efectuaron el seguimiento de la familia y los niños”, dijo. Y agregó: “Se hacían informes al Juzgado de Familia cada dos o tres meses y en ningún momento se advirtió que hubiera problemas con los chicos ni con la familia que los estaba cuidando”. Daza reconoció que ella fue la primer sorprendida cuando tomó conocimiento de la muerte de Thiago, sobre todo con el resultado de la autopsia que determinó que el niño presentaba 276 lesiones en su cuerpo. “Contra la opinión del gabinete técnico, tomé la decisión de retirar a sus tres hermanos de la casa de los Senise”, explicó. La mujer se emocionó hasta las lágrimas al recordar que la nena de 8 años también había sido víctima de maltrato infantil. “Al advertir que la chiquita tenía quemaduras en las manos y marcas de soga en el cuello, la trasladamos de inmediato al Hospital de Niños”, afirmó.
Dijo que personalmente asistió a la revisión de la menor y lo que vio le causó un tremendo impacto. “Me quedé azorada. La nena tenía múltiples lesiones en el cuerpo y las radiografías determinaron que presentaba fracturas que ya se habían curado”, confesó. Daza afirmó que en sus 40 años de experiencia como trabajadora social en Familia y Minoridad, jamás vio algo igual. “Me tocó intervenir en muchos casos de chicos abandonados, pero lo que pasó con esta niña jamás lo vi”, sentenció. Frente a lo expuesto, el abogado Recchiuto anunció al Tribunal de Juicio su decisión de dejar sin efecto la declaración de Cansino. “Con los testimonios que hemos escuchado hasta aquí, está probado que hubo una falla estructural del ex Ministerio de Derechos Humanos”, expresó a El Tribuno.
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A último momento, la defensa de una de las imputadas por la muerte de Thiago decidió desistir del testimonio de la exministra de Derechos Humanos Marianela Cansino por considerar que debe ser acusada de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Para realizar esa acción, se deberá abrir una nueva denuncia en la fiscalía y luego determinar si eso prosperará o no. Juan Pablo Recchiuto, patrocinante de la psicóloga Lorena Alejandra Recchiuto, tomó esta determinación luego de analizar en la jornada de ayer el testimonio de Margarita Daza, quien al momento de los hechos (julio de 2015) se desempeñaba como jefa del Programa de Sistemas Alternativos. Se trataba del organismo que debía monitorear a las familias sustitutas que asumían el compromiso de cuidar y proteger a niños abandonados que estaban bajo la tutela de los Juzgados de Familia. En el caso de marras, ese control debía estar focalizado en Patricia Alejandra Sánchez y Víctor Marcelo Senise, el matrimonio que en diciembre de 2013 se hizo cargo de la guarda provisoria de Thiago, de 4 años, y sus hermanos de 8, 10 y 11, hijos de padres drogadictos. Daza confirmó los dichos de las dos psicólogas y la asistente social imputadas en la causa y de los funcionarios que declararon la semana pasada, en el sentido de que el programa funcionaba de manera improvisada. Según la testigo, personalmente se encargó de elaborar un protocolo con una serie de pautas para reforzar el seguimiento y las tareas de control que el sistema exigía. “Elevé varias propuesta a los niveles superiores, pero nunca me respondieron”, expresó Daza.
La exfuncionaria sostuvo que para llevar adelante el trabajo tuvieron que afrontar muchas dificultades, entre ellas la falta de medios y recursos humanos, además de la excesiva demora en la liquidación de ayuda económica que el Estado destina a las familias sustitutas. “Esa ayuda era de seiscientos pesos y la gente iba a reclamar en nuestra secretaría porque en algunos casos tenía que esperar hasta cuatro meses para cobrar”, aseguró. En relación con el trabajo de sus subordinadas, las imputadas Recchiuto, Jaqueline Rosas y Marina del Huerto Vargas, la testigo Daza señaló que ha sido positivo. “Pese a las dificultades que había me consta que las licenciadas efectuaron el seguimiento de la familia y los niños”, dijo. Y agregó: “Se hacían informes al Juzgado de Familia cada dos o tres meses y en ningún momento se advirtió que hubiera problemas con los chicos ni con la familia que los estaba cuidando”. Daza reconoció que ella fue la primer sorprendida cuando tomó conocimiento de la muerte de Thiago, sobre todo con el resultado de la autopsia que determinó que el niño presentaba 276 lesiones en su cuerpo. “Contra la opinión del gabinete técnico, tomé la decisión de retirar a sus tres hermanos de la casa de los Senise”, explicó. La mujer se emocionó hasta las lágrimas al recordar que la nena de 8 años también había sido víctima de maltrato infantil. “Al advertir que la chiquita tenía quemaduras en las manos y marcas de soga en el cuello, la trasladamos de inmediato al Hospital de Niños”, afirmó.
Dijo que personalmente asistió a la revisión de la menor y lo que vio le causó un tremendo impacto. “Me quedé azorada. La nena tenía múltiples lesiones en el cuerpo y las radiografías determinaron que presentaba fracturas que ya se habían curado”, confesó. Daza afirmó que en sus 40 años de experiencia como trabajadora social en Familia y Minoridad, jamás vio algo igual. “Me tocó intervenir en muchos casos de chicos abandonados, pero lo que pasó con esta niña jamás lo vi”, sentenció. Frente a lo expuesto, el abogado Recchiuto anunció al Tribunal de Juicio su decisión de dejar sin efecto la declaración de Cansino. “Con los testimonios que hemos escuchado hasta aquí, está probado que hubo una falla estructural del ex Ministerio de Derechos Humanos”, expresó a El Tribuno.
“El equipo cumplió con el trabajo”
La imputada Marina del Huerto Vargas, tal como lo hicieron sus colegas Recchiuto y Rosas, también se avino a declarar en el juicio. Según la trabajadora social, el gabinete técnico realizó el trabajo de seguimiento del matrimonio Senise y de los cuatro hermanos entregados en guarda.
“Pese a las dificultades que teníamos para movilizarnos, por falta de vehículos, nos esforzamos para cumplir con nuestra tarea”, afirmó. Vargas comentó que antes de que Thiago y sus tres hermanos fueran entregados a la familia se realizaron reuniones previas, hasta que finalmente comunicaron al juez de Familia Daniel Canavoso, que las condiciones estaban dadas para formalizar la entrega. “Personalmente visité la casa del matrimonio y pude comprobar que tenían una casa acondicionada para albergar a los cuatro chicos”, aseguró. La profesional sostuvo que en las visitas posteriores al domicilio de la pareja, en barrio Palermo II, no advirtió nada anormal. “Los chicos me decían que estaban bien y fue así que hacia el mes de mayo de 2015 concluimos en que la familia estaba consolidada y así lo expresamos a través de un informe”, expresó.
La trabajadora social del centro de salud de Palermo II, María Laura Carrizo, explicó que durante un año realizó un relevamiento al matrimonio Senise. “Lo hice como una colaboración a pedido de la licenciada Vargas”, contó.
Carrizo señaló que en la primera visita a la familia, Patricia Sánchez le manifestó que no quería que la visite la agente sanitario. “Seguí yendo y, según la señora, había problemas con Thiago y la nena y entonces le pedí que fuera a ver a la psicóloga del centro de salud, pero este trabajo no tuvo continuidad porque faltaban mucho a la sesiones”, aseguró.