"La corrupción es necesaria para la democracia", aventuró el intelectual K, Hernán Brienza. Lo escribió en un diario partidario. Fue un preludio de lo que ocurriría en la Cámara de Diputados con el caso De Vido.
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"La corrupción es necesaria para la democracia", aventuró el intelectual K, Hernán Brienza. Lo escribió en un diario partidario. Fue un preludio de lo que ocurriría en la Cámara de Diputados con el caso De Vido.
El escándalo no es circunstancial. Nadie puede suponer que se trata de un caso más de un funcionario impugnado por aspectos vulnerables de su gestión, aprovechadas por sus adversarios.
En nuestro país debatimos los temas de manera coyuntural y según se presentan los acontecimientos; es por esta razón que volvemos permanentemente sobre los mismos problemas sin darle una solución definitiva. Un ejemplo es lo que aconteció con la sesión en la que no se pudo apartar de sus funciones de un exsuperministro y ahora legislador excesivamente sospechado de actos de corrupción, con cientos de causas en trámite.
La opacidad de la política quedó a la vista, pero no se avanzó en forma concreta a tomar medidas legislativas de fondo que permitan que una investigación contra un parlamentario pueda avanzar sin tantos obstáculos.
Lo que pasó quedó definido por el propio bloque kirchnerista cuando su presidente Héctor Recalde manifestó: "Vamos a estar todos juntos para defender la impunidad" (sic). Fue sincero; este lapsus desnuda que su pensamiento político es convertir a la Cámara de Diputados de la Nación en un verdadero aguantadero.
Pero, y esto hay que ponerlo de relieve, de ninguna manera se debatió qué es lo que se va a hacer con los fueros legislativos que están consagrados en la Constitución y que la ley 25.320 los amplía con privilegios que podrían fácilmente ser derogados en una breve sesión.
En definitiva, sigue la impunidad de Julio De Vido. Probablemente, es el único caso en décadas de vida parlamentaria en que un exministro, con varios funcionarios estrátegicos de su equipo presos, procesados o condenados por acciones qué el avaló y patrocinó de hecho, que no solo devinieron en delitos sino que además, causaron muchas muertes.
El problema de los fueros sigue latente hasta un nuevo escándalo.
Podemos definir a los fueros como una prerrogativa de los legisladores, que los exime de ser detenidos sin previa autorización del órgano legislativo al que pertenecen. Es un "privilegio" para evitar ser apartados de sus funciones sin fundamento alguno. En ninguno de sus artículos la Constitución Nacional menciona la palabra "fuero", pero define en tres artículos una serie de prerrogativas, de las que gozan mientras están en funciones.
En primer lugar, la Carta Magna consagra en el artículo 68 la inmunidad de opinión que es el derecho de los legisladores a no ser acusados por las opiniones o discursos que emitan desempeñando su mandato. Esta inmunidad es irrenunciable porque es la base y naturaleza del poder legislativo, que es el Órgano donde se debe debatir libremente para sancionar leyes y controlar al Poder Ejecutivo.
El debate libre de ideas es esencial al funcionamiento del sistema republicano. Lo que se conoce como fuero propiamente dicho está en los artículos 69 y 70 de la Constitución Nacional. En el primero se dispone que ningún senador o diputado puede ser arrestado, salvo que sea sorprendido in fraganti en la ejecución de algún delito, de lo que se dará cuenta a la Cámara respectiva. En el artículo 70 se establece un procedimiento que se debe seguir ante el requerimiento de la justicia, procedimiento por el cual se necesitan dos tercios de votos para poner al acusado a disposición del juez.
El legislador investigado puede renunciar a este privilegio, pero debe hacerlo en el caso concreto de una investigación judicial que lo involucre, poniéndose personalmente a disposición del juez. La normativa constitucional no permite a la Cámara eximirse de este procedimiento porque es un mandato expreso de la propia Constitución: es por esta razón que no puede disponerse una renuncia general de fueros, medida que se agitó en forma demagógica.
Lo que sí debe reformarse es la ley 25.320 que consagra privilegios que obstaculizan la investigación y que no fueron dispuestos por la normativa constitucional. Esta ley dispone que al legislador no se le puede allanar el domicilio ni su oficina, como así tampoco sufrir una intercepción de su correspondencia o de las llamadas telefónicas . Este derecho sí constituye un verdadero privilegio y debe eliminarse para que las costumbres corruptas sean menos poderosas que la coacción legítima de la ley.
Este privilegio que, repito, no fue consagrado en la Constitución, obstruye el desempeño de la justicia y es irritante a todos los ciudadanos. Este es el debate que se debe dar en forma inmediata para que la Justicia pueda actuar sin obstáculos y sin excusas. Ni siquiera se debe subordinar al calendario electoral. El oficialismo debería convocar a una sesión especial, ya que el tema está vigente en la sociedad y va a obligar a todos los legisladores a tomar una posición frente a la sociedad. De no hacerlo, estaremos nuevamente en la continua costumbre política de hacer ruidos mediáticos sin una gestión concreta, para volver en un tiempo a discutir exactamente lo mismo.
En una sociedad desarrollada siempre se discuten temas nuevos. Nuestro país se está caracterizando por discutir siempre los mismos problemas sin resolverlos en un continuo círculo.
Como dice Héctor Guyot, "el país se debate entre un pasado que no pasa y un presente que no se afirma".
Si no superamos esta actitud, no tendremos futuro.