La provincia se ha convertido en escenario de algunos temas de dimensión nacional que obligan, al menos, a revisar el concepto de “federalismo”. Sobre estos puntos, si no hay debate, debería haberlo.
Dos de ellos le fueron planteados al gobernador Juan Manuel Urtubey hace una semana en el programa porteño Intratables: la enseñanza religiosa en las escuelas públicas y los “falsos calchaquíes” que ocupan fincas privadas en Cachi y los valles.
El otro tema, de implicancia nacional y efectos constitucionales, es la inamovilidad de los jueces de la Corte, un tema en el que Salta también es única.
Finalmente, la decisión de sumarse a o no a un proyecto de desarrollo agroalimentario, y en qué condiciones.
“Federalismo” no es recibir más coparticipación sino asumir protagonismo en las decisiones estratégicas.
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La provincia se ha convertido en escenario de algunos temas de dimensión nacional que obligan, al menos, a revisar el concepto de “federalismo”. Sobre estos puntos, si no hay debate, debería haberlo.
Dos de ellos le fueron planteados al gobernador Juan Manuel Urtubey hace una semana en el programa porteño Intratables: la enseñanza religiosa en las escuelas públicas y los “falsos calchaquíes” que ocupan fincas privadas en Cachi y los valles.
El otro tema, de implicancia nacional y efectos constitucionales, es la inamovilidad de los jueces de la Corte, un tema en el que Salta también es única.
Finalmente, la decisión de sumarse a o no a un proyecto de desarrollo agroalimentario, y en qué condiciones.
“Federalismo” no es recibir más coparticipación sino asumir protagonismo en las decisiones estratégicas.
La educación, sin rumbo
La educación en Salta, como en el resto de la Argentina, se encuentra en una meseta y esto no se debe a razones edilicias ni salariales, sino a la falta de metas rotundas con perspectiva de futuro.
En todos los niveles parece faltar el perfil de la Salta futura y, por ende, de los futuros trabajadores y profesionales salteños. El abordaje parece más empeñado en satisfacer la demanda que en orientar el rumbo del pensamiento creativo y el desarrollo técnico.
La propuesta de asegurar la enseñanza gratuita de la carrera de Derecho, que esgrimen algunos políticos, lo prueba. La otra preocupación es si se podrá sostener o no la carrera de medicina. En los países desarrollados, las carreras que se consideran adecuadas a las próximas décadas son las ingenierías, la electrónica, las ciencias duras, la genética y la biología en general. Además, está claro que la demanda laboral va virando desde las profesiones clásicas hacia la especialización en determinados servicios.
La disponibilidad de profesionales cambia el sistema productivo; la escuela capaz de responder a esta exigencia es atractiva y retiene más alumnos. Para la provincia, darse objetivos en este rubro sería signo de vocación federal.
La enseñanza religiosa
Sin embargo, el gran debate de estos días lo desencadenó la Suprema Corte de la Nación, al recibir un planteo de inconstitucionalidad sobre la enseñanza religiosa en las escuelas públicas. La realización de audiencias para escuchar opiniones podría ser un atajo para un dictamen que mantenga el status quo. El problema no es lo que opina la gente sino lo que manda el Derecho.
“Tribunales populares”, opinó un prestigioso abogado salteño, quien no está de acuerdo con la enseñanza religiosa, pero tampoco con lo que considera una “delegación de facultades”.
Para quienes se oponen, la enseñanza religiosa es discriminatoria y antidemocrática, por cuanto privilegiaría a la Iglesia Católica: hay un dato inapelable: Salta moviliza a cientos de miles de personas para el Milagro, lo cual otorga un contexto muy particular. Pero en materia de catequesis, el número no tiene valor jurídico.
El texto de la Constitución provincial no afecta la condición secular de la educación, porque es un reconocimiento de derechos: “Los padres y en su caso los tutores tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban en la escuela pública la educación religiosa que esté de acuerdo con sus propias convicciones”. Dice “en la escuela pública”, no en la currícula. La Ley de Educación 7.546, de 2008, en su artículo 27 avanza un poco más y ordena “brindar enseñanza religiosa, la cual integra los planes de estudio y se imparte dentro de los horarios de clase... Los contenidos y la habilitación docente requerirán el aval de la respectiva autoridad religiosa”.
Está claro que el problema de fondo es con la Iglesia Católica.
También está claro que es un conflicto que merece debate. ¿Es medieval? ¿Puede decirse esto livianamente en una época en la que las religiones monoteístas profundizan sus miradas más ortodoxas y retornan a prácticas violentas?
Al mismo tiempo, vale preguntarse si no es hora de que la institución católica revise sus estrategias para mantenerse vigente y formar a sus creyentes. Pero es un debate que debe darse dentro de la provincia, con fundamentos éticos, jurídicos y pedagógicos. Y admitiendo que no se está hablando de una visión cultural de la religión, sino de la fe como acto íntimo.
Los seudocalchaquíes
Salta es una provincia con numerosa población originaria. El problema central y el desafío en el que la provincia trabaja- es la exclusión.
Pero al indigenismo no le preocupan tanto las personas que conforman esas comunidades -que viven muy mal, por cierto- como los derechos de las etnias, como nuevos sujetos políticos y como fuente de negocios.
La Ley 23.302, de 1985, reconoce “personería jurídica a las comunidades indígenas” y las define como “conjuntos de familias que se reconozcan como tales”. Si la situación de las comunidades rurales de la región chaqueña es de alta vulnerabilidad, en los valles encontramos infinidad de denuncias contra personas que “se redescubrieron” calchaquíes luego de esa ley y se apropian de campos ajenos, en plena actividad productiva, hasta el límite de desplazar a sus dueños de las viviendas. Frente a esto, el Estado se muestra indolente y cómplice, cruzando los brazos frente a una ley nacional cuya instrumentación también le compete.
El mandato de los jueces
Urtubey sorprendió esta semana con un proyecto de ley para garantizar “la continuidad” de los jueces de la Corte. La Constitución les otorga un mandato de seis años que para la mayoría de los consultados no garantiza estabilidad ni independencia. Un juez inferior es inamovible; los de la Corte son renovables. El proyecto, según los juristas, es inviable, porque requiere una reforma constitucional.
También en este punto se planteó la cuestión federal. Salta es la única provincia sin inamovilidad de los jueces de la Corte, como también es la única con educación religiosa, ordenamiento territorial paralizante y voto electrónico.
Sin embargo, sus atribuciones para fijar el régimen de los magistrados son inobjetables, aunque todo indica que, si el gobernador mantiene la postura de la inamovilidad, hará falta convocar a una Constituyente, aún a riesgo de abrir una caja de Pandora.
La decisión pendiente
La visita del influyente empresario agroindustrial Gustavo Grobocopatel dejó algunas señales. “Salta puede generar 40 mil empleos”, aunque no será por arte de magia, sino a través de un desarrollo agroganadero moderno y acorde a las exigencias de hoy. La morosidad para reformar el ordenamiento territorial se entretiene en un debate crucial en experimentos ganaderos y forestales en los que no creen los funcionarios ni los productores. La inversión requiere seguridad jurídica y un proyecto productivo. El mensaje de Grobocopatel puede traducirse: Salta debe tomar el modelo de la “pampa gringa”, que combina producción primaria con industria (metalmecánica, frigorífica, procesamiento de frutas, verduras y cereales, etc) y tecnología. Pero resulta claro que Salta debe tomar una decisión sobre su futuro, pensando menos en lo que se decida en el centro del país y concentrándose en sus propios intereses.