El desfinanciamiento hacia la ley de bosques que se proyecta en el presupuesto nacional 2018 puso en alerta a las provincias que deben cumplir con la protección de sus recursos naturales, pero sin fondos suficientes la tarea se vuelve casi utópica.
inicia sesión o regístrate.
El desfinanciamiento hacia la ley de bosques que se proyecta en el presupuesto nacional 2018 puso en alerta a las provincias que deben cumplir con la protección de sus recursos naturales, pero sin fondos suficientes la tarea se vuelve casi utópica.
Incluso antes de que se conocieran los números finos de las previsiones económicas para el año próximo, que fueron presentados el 15 de septiembre en el Congreso, desde el Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema) se anticiparon con una resolución en la que se reclama a la Nación por el cumplimiento efectivo de la ley N§26.331, más conocida como ley de bosques.
El Tribuno accedió a la resolución del Cofema, con la que el organismo, que aglutina a las áreas de Ambiente de los 24 distritos del país, exige al Ejecutivo nacional y a las cámaras de Diputados y Senadores de la Nación "las acciones necesarias para constituir en el ejercicio 2018 el fondo nacional para el enriquecimiento y conservación de los bosques nativos, como lo ordena el artículo 31 de la ley 26.331".
En ese documento, emitido el 1 de septiembre, se recuerda que la composición del fondo debe estar integrada por al menos el 0,3% del presupuesto nacional y por el 2% del total de las retenciones a las exportaciones de productos agrarios del ejercicio anterior.
"En todos los ejercicios financieros (desde 2010) el fondo nunca alcanzó el 10% de lo que ordena la ley y desde 2013 a la fecha el mismo se encuentra disminuyendo notablemente", da cuenta la resolución.
Como señaló este diario el sábado pasado en un informe, para 2018 el Gobierno prevé solo un 5,5% de los recursos que corresponderían legalmente para la ley de bosques. En cifras, se presupuestaron $556 millones para las 16 provincias que tienen que cumplir con la normativa, cuando deberían haber sido $10.200 millones.
Como en años anteriores, Salta volverá a ser la más perjudicada por Nación, ya que cuenta con la mayor superficie de bosques nativos a proteger, con unos 8 millones de hectáreas y una asignación de apenas 10 pesos por cada una.
De ese presupuesto, el 70 por ciento se destina a los propietarios de tierras protegidas por la ley de bosques que desarrollan proyectos alternativos en esas áreas o como compensaciones de los sectores que deben destinarse exclusivamente a la conservación. El 30% restante, apenas $3 por hectárea, le corresponde a la Provincia para fiscalizar y vigilar que se cumpla con el cuidado de los bosques salteños, donde ya se perdieron 567.805 hectáreas desde la aplicación de la ley.
Otro palo en la rueda
Más allá de los mínimos recursos que se prevén para el cumplimiento de la ley de bosques en 2018, existe otra disposición que podría cortar incluso esos fondos.
Una reciente resolución del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación ata el envío de los recursos a las rendiciones que deben hacer las provincias hasta antes de fin de año por los proyectos que se desarrollan en las tierras protegidas.
Ese requisito deja en jaque al Gobierno local, que, por los engorrosos trámites burocráticos que imponen desde Nación, tiene un ovillo de expedientes sin presentar desde 2010. Por la misma situación pasan las otras provincias, por lo que desde las distintas administraciones iniciaron negociaciones para pedir prórrogas al plazo establecido por la resolución nacional.