Anta es uno de los pilares de la producción agrícola y ganadera de la provincia, pero la envergadura de sus emprendimientos rurales contrasta con las extremas necesidades y la vulneración de derechos que afecta a muchos de sus 61.000 habitantes.
inicia sesión o regístrate.
Anta es uno de los pilares de la producción agrícola y ganadera de la provincia, pero la envergadura de sus emprendimientos rurales contrasta con las extremas necesidades y la vulneración de derechos que afecta a muchos de sus 61.000 habitantes.
Registros oficiales muestran a sus cinco municipios -Joaquín V. González, El Quebrachal, Las Lajitas, Apolinario Saravia y General Pizarro- entre las jurisdicciones con mayor concentración de causas por violencia familiar, abusos contra niños, niñas y personas ancianas, amenazas, enfrentamientos, lesiones, conflictos de tierras y cuatrerismo.
Cada año, cerca de 5.000 actuaciones preventivas, 4.500 sumarios contravencionales y 2.500 causas penales y civiles acrecientan el desborde que arrastra la estructura judicial del departamento.
Por el momento, Anta solo cuenta con un fiscal penal, Gonzalo Gómez Amado; una jueza civil, comercial, laboral y de familia, Patricia Ramher, y un juez penal, Sebastián Guzmán, para responder a los reclamos de justicia pendientes en más de 14.000 causas acumuladas desde 2014.
La estructura departamental del Ministerio Público se completa con delegaciones auxiliares en Las Lajitas, Apolinario Saravia y El Quebrachal; una asesora de menores e incapaces, María Sensano Poma; un defensor civil, Virgilio Varela, y otro penal, Juan Salinas.
Otras jurisdicciones con menor conflictividad cuentan con más estructuras para disponer medidas de prueba, resolver causas y evitar que la enorme mayoría de las acciones caiga en un inexorable archivo o la prescripción.
Anta es el cuarto departamento más poblado de la provincia, después de Capital, San Martín y Orán. Es, a la vez, el tercero de mayor extensión, detrás de Rivadavia y Los Andes. Tiene 482.732 cabezas vacunas. Esto es el 40% del stock ganadero de Salta. Los destacamentos policiales de General Pizarro y Tolloche están separados por 178 kilómetros. Las distancias, como también la falta de medios y recursos, favorecen a los cuatreros que asuelan las haciendas de empresas ganaderas y masacran los animales de cría de puesteros criollos.
Anta es, además, uno de los principales pilares de la producción de granos de Salta. En la última campaña, los cultivos de soja, poroto, maíz, algodón, trigo, garbanzo, cártamo, maní y algodón ocuparon cerca de 500.000 hectáreas. La aptitud agrícola y creciente cotización de sus tierras movió en los últimos años usurpaciones, demandas apropiatorias y disputas de derechos posesorios que esperan ser dirimidas por la Justicia.
Según datos oficiales, entre 2014 y 2017, la Fiscalía Penal con sede en Joaquín V. González, sus tres delegaciones auxiliares, la Brigada de Investigaciones y la Policía Rural y Ambiental realizaron 19.038 actuaciones de prevención. Las condenas dictadas en el mismo lapso de tiempo fueron 195.
Solo desde el 1 de julio de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2017 se abrieron 6.996 sumarios contravencionales.
Al juzgado que está a cargo de Ramher, desde su habilitación en febrero de 2012, entraron 12.051 causas, de las que 5.807 (el 48,19%) se abrieron por denuncias de violencia familiar. Otros 2.719 expedientes se correspondieron con acciones del fuero de familia, 3.005 se vincularon con procesos civiles y comerciales y 520 se originaron en demandas laborales.
Al Juzgado Penal, que comenzó a funcionar el 14 de agosto de 2014, ingresaron hasta el pasado 31 de diciembre 2.481 causas.
Avanza el nuevo concurso para fiscal multifueros
El próximo 8 de marzo se realizará la evaluación escrita a los 13 postulantes que fueron admitidos en el nuevo concurso que convocó el Consejo de la Magistratura de Salta para cubrir el cargo de fiscal multifueros de Anta.
El anterior concurso fue declarado desierto, en mayo de 2017, tras un controvertido proceso que comenzó con 15 candidatos admitidos, siguió con la renuncia de cinco de ellos y terminó con solo seis de los aspirantes habilitados para las entrevistas personales, porque el resto no alcanzó en las evaluaciones escritas el mínimo de 10 puntos que exige el reglamento para acceder a las entrevistas. Finalmente, el tribunal evaluador resolvió declarar desierto aquel concurso y convocar un nuevo llamado. Este se concretó a fines de octubre y casi dos meses después, el 21 de diciembre, el Consejo dictó la resolución de admisibilidad que dejó en carrera a Marcela Liliana Elías, Fernando del Milagro Escobar, Tomás Adrián Flores, María Celeste García Pisacic, César Gustavo Jorge, María del Milagro Mandaza, Faustino Néstor Pérez, Nancy Silvina Ríos, César Norberto Rodríguez, Héctor José María Salomón, Mónica Raquel Vera y Yonny Elizabet Zigarán.
El cronograma que aprobó el cuerpo colegiado que se encarga de seleccionar magistrados en Salta prevé los exámenes escritos el 8 de marzo y las entrevistas personales siete días después.
Quien resulte elegido o elegida se desempeñará como fiscal de primera instancia ante el Juzgado Civil, Comercial, Laboral y de Familia que tiene sede en Joaquín V. González y que está a cargo de Patricia Ramher desde febrero de 2012.
Nuevo juzgado
Para descomprimir parte de las causas que recaen en la jueza Ramher, las cámaras legislativas de la Provincia aprobaron la creación de otro juzgado que atenderá procesos civiles y acciones desprendidas de las denuncias por violencia familiar y de género. Estas representan casi la mitad de las causas abiertas en los despachos judiciales multifueros de Joaquín V. González.
La ley ya fue promulgada, pero para que el departamento Anta pueda contar con el nuevo Juzgado, el Ejecutivo provincial deberá afectar recursos para el emplazamiento edilicio y la cobertura de los cargos necesarios para su funcionamiento. En este contexto, el gobierno deberá instruir al Consejo de la Magistratura de Salta, para que convoque el concurso de juez y seleccione la terna de la que el Ejecutivo elegirá al candidato o candidata para quien pedirá el acuerdo final del Senado