Empleados de la Clínica del Neurodiagnóstico, clausurada desde el 17 de diciembre por el Ministerio de Salud, se reunieron ayer en la entrada del centro médico para manifestarse en defensa de sus puestos de trabajo.
inicia sesión o regístrate.
Empleados de la Clínica del Neurodiagnóstico, clausurada desde el 17 de diciembre por el Ministerio de Salud, se reunieron ayer en la entrada del centro médico para manifestarse en defensa de sus puestos de trabajo.
El cierre momentáneo de la clínica se resolvió días después de un allanamiento relacionado con una causa en la que se investiga sobrefacturación al PAMI y falta de habilitaciones. El expediente se originó por las denuncias de una exempleada.
Milagro Vizcarra, mucama y subdelegada de ATSA, expresó que los trabajadores necesitan que la clínica vuelva a funcionar. Esperan que el PAMI pronto vuelva a enviarles pacientes. Hay trabajadores que tienen entre 20 y 27 años de antigedad.
"Con este trabajo llevamos el pan a casa todos los días. No puede ser que ahora la clínica cierre por culpa de una persona que ha sido despedida y fue a todos los medios", afirmó.
La clínica, ubicada en la avenida Jujuy 140, permanece cerrada por una resolución del Ministerio de Salud que indica que faltan los requisitos mínimos y obligatorios de seguridad e higiene.
La medida se dictó luego de una presentación realizada por la exadministradora, quien también había radicado una denuncia en la Justicia Federal por supuesto fraude.
Unos 40 trabajadores, entre médicos, técnicos en laboratorio, instrumentistas, enfermeros, mucamas, cocineras y recepcionistas temen por su fuente laboral.
Aún esperan cobrar el sueldo de noviembre. Aseguraron que Emilio Benítez, propietario de la institución, les dijo que les pagarían en cuanto reciban depósitos del PAMI.
Los trabajadores rechazaron además las denuncias de Carolina Pérez, la exempleada y exadministradora de la clínica que expuso las irregularidades que ahora la Justicia investiga.
Vizcarra le endilgó responsabilidades a la denunciante por las irregularidades, aunque luego admitió que no sabe si hubo cobros fraudulentos al PAMI. "Eso que dicen sobre el fraude al PAMI yo no lo sé. No puedo hablar porque no tengo pruebas y no he visto nada", sostuvo.
Según la subdelegada gremial, Carolina Pérez "fue despedida cuando el doctor Emilio Benítez descubrió un faltante de caja que tenía que ver con cobros de cheques de obra social, por lo que la denunció".
Vizcarra aseguró: "El doctor Benítez venía pocas veces y ella (por Pérez) estaba acá siempre a cargo".
Enfermeras y cocineras
María Robles trabaja como cocinera en la clínica desde hace 27 años. Ayer reclamaba por su puesto de trabajo y también consideró a la denunciante como responsable del "desfalco", a pesar de que Carolina Pérez también era empleada.
Por su parte, Susana Arias, también enfermera y quien tiene 20 años de servicio en la clínica, dijo: "El doctor Benítez confiaba en ella (por la exadministradora) al cien por cien. Ahora no sabemos qué vamos a hacer".
Vizcarra también le atribuyó la responsabilidad a Pérez sobre falencias en medicamentos, higiene y seguridad en la clínica.
"Ella era la que tenía que suministrar los remedios. Los enfermeros le bajaban el listado y ella debía proporcionar. Ella los compraba y los entregaba. Entonces, ¿quien hizo las cosas mal?", manifestó.
Agregó que la denunciante "era la encargada de buscar un servicio para higiene y seguridad. Me decía que yo debía sacar las bolsas con residuos, dejarlas en el tacho y avisarle cuando haya varias para que ella llamara a la empresa para que las retire".
Entre enero y noviembre de este año, la Clínica del Neurodiagnóstico, investigada por fraude al PAMI, facturó $14.873.105 a la obra social de acuerdo a los registros contables. En 2017, la facturación total del centro médico 144 fue de $18.870.841, aunque con otro sistema de liquidación durante medio período.
La investigación, que lleva adelante el juez federal número 1 de Salta, Julio Leonardo Bavio, junto al fiscal federal Eduardo Villalba, trata de dilucidar cuánto de esos montos, y los correspondientes a otros años, podrían haber sido obtenidos mediante sobrefacturaciones y subprestaciones.
La denuncia apunta a que se habrían falsificado los datos de los afiliados al PAMI que pasaban por una internación, para cobrar de tres a cuatro días más de lo que correspondía por la permanencia en la unidad de terapia intensiva.