El juez federal Sergio Torres ordenó la indagatoria y detención de su par en Corrientes Carlos Vicente Soto Dávila, al que acusó de ser el jefe de una asociación ilícita por la cual encubría a narcotraficantes que operaban en esa provincia y traían grandes cantidades de marihuana para distribuir en Capital Federal y varias provincias. Fuentes judiciales informaron a NA que, además, el juez dispuso junto con el fiscal Carlos Stornelli y el titular de la Procunar, Diego Iglesias, la detención de los dos secretarios del magistrado, Pablo Molina y Federico Grau, y de cinco abogados, uno de los cuales ya está arrestado desde hace días.
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El juez federal Sergio Torres ordenó la indagatoria y detención de su par en Corrientes Carlos Vicente Soto Dávila, al que acusó de ser el jefe de una asociación ilícita por la cual encubría a narcotraficantes que operaban en esa provincia y traían grandes cantidades de marihuana para distribuir en Capital Federal y varias provincias. Fuentes judiciales informaron a NA que, además, el juez dispuso junto con el fiscal Carlos Stornelli y el titular de la Procunar, Diego Iglesias, la detención de los dos secretarios del magistrado, Pablo Molina y Federico Grau, y de cinco abogados, uno de los cuales ya está arrestado desde hace días.
Se trata de una causa vinculada por la cual ya está detenido desde hace meses y camino a juicio oral el entonces intendente de Itatí, Natividad Terán; su entonces vice, Fabio Aquino, y gran cantidad de acusados, entre ellos gendarmes, policías federales y provinciales: ingresaban marihuana desde Paraguay por balsas en el río Paraná y una vez en Corrientes, era distribuida hacia Capital Federal, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Tucumán, Chaco, Santiago del Estero y Mendoza.
Soto Dávila quedó comprometido en la causa a partir que uno de los arrepentidos en el caso confesó que le pagaba grandes sumas de dinero para ser encubierto, sumado a escuchas telefónicas de su entorno que lo involucraron: contra el magistrado se investigan al menos una decena de pagos de sobornos a cambio de protección. La acusación concreta sobre el magistrado es de dictar resoluciones favorables hacia los narcos, entre ellos vinculadas a alivianar la acusación o bien otorgarles la libertad de forma muy controvertida.
Al ser en la actualidad juez, Soto Dávila posee fueros y por ello no puede ser detenido aunque sí indagado, y en función de ello se comunicó la decisión y se puso al tanto de la acusación al Consejo de la Magistratura de la Nación para que se proceda a su desafuero.
Mientras tanto, el juez Torres procesa información del caso: evalúa un perfil patrimonial del magistrado así como los movimientos de la cuenta bancaria asignada a su juzgado, y la Procunar evalúa unas 180 mil llamadas entre el magistrado y sus secretarios desde el 2015 a la fecha. Hace pocos días también fue detenido por orden de Torres el exintendente de la localidad correntina de Empedrado Juan Manuel Faraone por dar cobertura a los narcos, junto a familiares suyos y otras personas.
Todo comenzó en 2013, con los primeros detenidos y el secuestro de droga a partir que se detectó parte de la misma en la villa 21 del barrio porteño de Barracas.