La Justicia de Chaco pidió detener a la diputada de Cambiemos y exintendenta de Resistencia, Aída Ayala, por presunto lavado de dinero durante su gestión en la capital de la provincia.
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La Justicia de Chaco pidió detener a la diputada de Cambiemos y exintendenta de Resistencia, Aída Ayala, por presunto lavado de dinero durante su gestión en la capital de la provincia.
El fiscal, Patricio Sabadini, le requirió a la jueza Zunilda Niremperger el arresto, previo desafuero, de la legisladora de Cambiemos. La investigación tiene en la mira el contrato que la municipalidad de Resistencia celebró con la empresa PIMP S.A. a cargo de la recolección de basura de esa ciudad. En rigor, la Justicia investiga presuntas negociaciones incompatibles con la función pública, asociación y enriquecimiento ilícito.
En su presentación, el fiscal describe una serie de maniobras a través de las cuales se conformó una red de empresas que tenía como objetivo beneficiar a la exintendenta y “sus socios”.
“En el mes de febrero del año 2014, durante la gestión de Ayala, se inicia el proceso de licitación en el que finalmente resulta adjudicataria la firma PIMP SA. Dicho proceso estuvo rodeado de evidente irregularidad, que va desde un llamado a licitación hecho a medida, hasta la adjudicación a la única oferente PIMP SA, una firma también armada a medida”, describe el escrito al que accedió el canal Todo Noticias.
PIMP S.A. se constituyó el 30 de julio del año 2013 y obtuvo el reconocimiento del Registro Público de Comercio el 7 de marzo de 2014, es decir, siete días antes de que cierre la presentación de ofertas y apertura para contratar equipos que luego serían afectados a la recolección de residuos.
Los socios originales de la empresa eran Fátima Jessica Rigassio y Nidia Mabel Juárez, quienes según el fiscal son, en realidad, allegadas a Daniel Alejandro Fischer, a cargo de la compañía. El hombre es, a su vez, una persona del círculo íntimo de Aída Ayala y se desempeñó como su jefe de campaña. Sabadini asegura en el escrito que “fue y sigue siendo su persona de confianza tanto en lo comercial, en lo político como en lo familiar al haber sido pareja de la hija o hijastra de la ex intendenta y por ello la necesidad de ocultarlo durante el proceso de licitación”.
Lo cierto es que tiempo después, Pimp S.A. modificó su composición societaria e incorporó al paquete accionario a Eulalio Alfredo Bouza y las empresas “Sistemas de Administración y Control SA”, “TECMASA S.A” y “Logística Belgrano”. Se trata, siempre según el fiscal, de compañías que en realidad siempre fueron dueñas de PIMP S.A.
En rigor, el circuito de supuesta corrupción nació mucho antes del proceso de licitación cuando, en junio de 2013, Sampayo vendió a TECMASA un terreno de su propiedad, el cual sería ofrecido en alquiler por esta firma para que PIMP SA pueda resultar adjudicataria de la recolección de basura.
Por otra parte, el informe señala que PIMP S.A. no tenía antecedentes en el rubro ni contaba con terreno ni oficinas propias. El documento concluye en que la exintedenta efectuó un llamado a licitación a los apuros sabiendo que tendría el apoyo del Sindicato a cargo de Jacinto Sampayo, quien a través de otras personas se convirtió en socio de PIMP SA y de ella.