Cuando pasaron casi seis años desde que se aprobó la Ley Nacional 26.743, en Salta no están dadas las condiciones para garantizar las operaciones y tratamientos de adaptación del cuerpo a la identidad de género autopercibida que garantiza la norma.
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Cuando pasaron casi seis años desde que se aprobó la Ley Nacional 26.743, en Salta no están dadas las condiciones para garantizar las operaciones y tratamientos de adaptación del cuerpo a la identidad de género autopercibida que garantiza la norma.
En el sistema público hay un solo organismo que trabaja en el tema, con tan solo una profesional para toda la provincia.
En el sector privado se realizan algunas intervenciones, pero las esperas son largas y el colectivo trans denuncia que se aplican protocolos que hacen complejo el acceso a intervenciones o tratamientos.
La ley nacional de identidad de género permitió cambiar de nombre y DNI con un trámite sencillo y sin necesidad de pedir una autorización judicial. También estableció que el sistema de salud debe garantizar que cualquier persona pueda acceder a una operación de reasignación de sexo o terapia hormonal.
En el sistema de salud pública solo los varones trans tienen acceso a intervenciones quirúrgicas. Se hacen en el Hospital Materno Infantil, donde hasta el momento se realizaron 11 mastectomías (remoción de mamas), y anexohisterectomías (extirpación del útero y sus anexos).
El nosocomio es el único organismo público que trabaja de manera coordinada con el sector de la Diversidad del Ministerio de Salud de la Provincia.
En los otros centros sanitarios de la provincia no se realiza ningún tipo de intervención. “Quisimos coordinar con el hospital San Bernardo, pero no hay cirujanos especializados, solo para reconstrucción”, indicó María del Carmen Salvo, responsable del sector de la Diversidad.
Fuentes del policlínico confirmaron esta información y destacaron que, al ser un “espacio para la atención de agudos”, las condiciones no estarían dadas para trabajar con temas de identidad de género.
Por su lado, Marcelo Nallar, gerente del hospital Oñativia, aseguró que faltan profesionales capacitados en el tema y, además, consideró que “son cirugías que tienen que ver con una cuestión estética”.
Salud pública
La Ley 26.743 consideró que las cirugías de reasignación y otros tratamientos para adaptar el cuerpo a la identidad de género son un derecho y una cuestión de salud pública.
La OMS (Organización Mundial de la Salud) destacó que la norma “generó los procedimientos de afirmación de género como un derecho legal en los sistemas públicos y privados de salud, con el consentimiento de las personas trans como único requerimiento”.
Mary Robles, referente de la Asociación de Travestis Transexuales y Transgéneros de Argentina de Salta (ATTTA), señaló que no se trata de una cuestión estética. “Nacimos en cuerpos que nunca sentimos nuestros”, señaló .
El Observatorio para la Promoción de Derechos de la Diversidad Sexual de Salta es una organización no gubernamental que trabaja hace casi diez años con la comunidad trans y tiene un Centro de Asesoramiento Integral en Sexualidad (CAIS).
Su referente, Matías Hessling, advirtió: “La legislación vigente en el país no se debe prestar para opiniones personales, porque esto no tiene que ver con lo estético sino con una construcción de identidad que atraviesa lo biopsicosocial y cultural”.
Destacó además que, con una ley vigente, el médico debe limitarse a “aplicar la norma”. Consideró que lo contrario tiene como consecuencia impedir el “acceso a un derecho”.
Coordinación
María del Carmen Salvo es responsable del organismo oficial creado para coordinar la temática y destaca que es la “única edocrinóloga especializada en la provincia”.
La atención a las personas trans por consultas de intervención y tratamientos hormonales se hace a través del Consultorio de Inclusión, que atiende un día a la semana y por la mañana. Esto genera malestar de los pacientes, que piden se extienda el horario.
Salvo señaló que, durante el año pasado, en este espacio se atendieron unas 160 consultas.
Sobre la falta de coordinación entre los organismos públicos de salud, la endocrinóloga señaló: “No pudimos generar un sistemas de redes porque no hay profesionales médicos que estén trabajando en esto”.
Actualmente, para las cirugías de vaginosplastía hay dos médicos del sector de salud pública realizando capacitaciones con profesionales de Buenos Aires, por lo que acerca la posibilidad de que las mujeres trans accedan a esta compleja intervención.
Los varones trans deberán esperar un poco más. Para la operación de construcción del neofalo aún no hay profesionales capacitados ni preparándose.
Desde el área de Diversidad señalan que se deben derivar pacientes a Buenos Aires, con los costos que implica.
En el sector privado
En el sector privado, las posibilidades de acceder a operaciones de reasignación y tratamientos para adaptar el cuerpo a la identidad de género se amplían. Hay profesionales y medios, pero el colectivo trans denuncia que se aplican protocolos que implican requisitos como estudios psicológicos, que no están establecidos en la ley nacional.
“La ley no obliga tener un psicodiagnóstico para la intervención”, señaló María del Carmen Salvo, responsable del sector de Diversidad.
Gabriela Dagum y Karla Franqui son afiliadas al Instituto Provincial de Salud de Salta (IPSS). Ambas solicitaron intervenciones de glúteos y de mamas. Karla espera hace tres años por la de glúteos. “Me pedían tantas cosas que llegué a enfermarme de los nervios”, contó.
Ante la incertidumbre, las dos afiliadas solicitaron mediante notas el protocolo para conocer cuáles eran los requisitos para acceder a las intervenciones.
Aseguran que la obra social más importante de la provincia no contestó. Tampoco respondió la consulta de El Tribuno. Se pudo saber que diseñaron un protocolo para tratamientos hormonales y psicológicos.
Salvo indicó que, ante los reclamos, consultó al IPSS y le dijeron que necesitan “ver si la decisión es por el paciente o por influencia de terceros”.
“Ya tenemos una identidad construida, no necesitamos que nos cuestionen más”, expresó Renata Soto.
Leira Carrizo asegura que, entre pedidos de tratamientos hormonales y psicológicos, también por el IPSS, desistió. Viajó a Tucumán y de manera particular se realizó la intervención de implantes mamarios.
“Pero no todas podemos, nos cuesta encontrar trabajo porque somos mal vistas”, dijo Agustina López.
Con el sí de la obra social, se libra una nueva batalla: la del coseguro. Gabriela Dagum está a punto de acceder a la reasignación de género.
Cuenta con el coseguro integral pero, ante la solicitud de la cobertura del 20% (que no cubre la obra social), dice que la acusaron de contratar el coseguro solo para que le garantizara la operación.