Cuando Cambiemos llegó al poder no contaba con un programa de política laboral. Han transcurrido 30 meses de gestión y el equipo de Macri no logra superar esta carencia.
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Cuando Cambiemos llegó al poder no contaba con un programa de política laboral. Han transcurrido 30 meses de gestión y el equipo de Macri no logra superar esta carencia.
En el ámbito laboral el "gradualismo" esconde, en mi opinión, una acentuada orfandad de ideas que intenta ser cubierta con una retórica contraria a los fundamentos del Derecho del Trabajo. Una retórica que se extiende, lamentablemente, a ciertos ámbitos del Poder Judicial proclives ahora a invertir el principio "in dubio pro-operario".
El modelo sindical
El actual gobierno se caracteriza, hasta aquí, por haber aceptado sin rechistar la herencia kirchnerista y, por extensión, las bases legendarias del modelo sindical cuyos cánones fueron definidos en la segunda mitad de los años de 1940, y que el propio peronismo intentó modular en el Congreso de la Productividad (1954).
Las diligencias que llevaron a la cárcel a sindicalistas que delinquieron son acontecimientos positivos, pero en modo alguno suplen las carencias programáticas ni alteran la dinámica de aquel modelo que, sin mejorar la posición de los trabajadores, traba la modernización de nuestro país.
Curiosamente, el dogma "gradualista" ha convertido al gobierno del presidente Macri en un celoso tutor de aquel modelo sindical centrado en los privilegios que detentan los sindicatos con personería gremial. Me refiero a una tutela que comprende el mantenimiento de la concesión que, para administrar los cuantiosos recursos destinados a la salud de los trabajadores, hizo en 1970 la dictadura en favor de los sindicatos monopólicos. Recuérdese que, en 1973, el presidente Perón -inspirado por Domingo Liotta- procuró, sin éxito, reemplazar el esquema de Onganía por el Sistema Nacional Integrado de Salud. (El Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) se aprobó por las Leyes 20.748 y 20.749. Fue implementado en algunas provincias, hasta que en 1978 fue derogado por la dictadura de Videla).
Con estas actitudes tutelares, el gobierno de Macri no hace sino sumarse sin condiciones al pacto tácito que vincula desde hace décadas a los sindicatos oficiales y a la gran patronal, contestes en defender el modelo sindical apelando al antidemocrático argumento de que esta defensa detiene el avance de la izquierda leninista o trotskista y de la "resistencia peronista" en el seno del movimiento obrero.
Al seguir este sendero la coalición gobernante abandona su ideario republicano y se desentiende de cualquier compromiso efectivo con la Libertad Sindical reconocida en la Constitución Nacional, en los Tratados Internacionales y en la doctrina de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El conflicto en la empresa Metrovías
Los trabajadores del subterráneo de Buenos Aires llevan años mostrando de modo contundente que, en ejercicio de su libertad sindical, han decidido apartarse de la UTA y constituir su propio sindicato. Pero el férreo guión del modelo sindical les condena a ser representados por la Unión de Tranviarios Automotor (UTA), la organización que detenta la personería gremial y, por tanto, el monopolio representativo en la actividad del transporte.
Es bueno recordar que el anterior gobierno se mostró pronto partidario de tutelar el modelo sindical histórico y que los presidentes Kirchner se resistieron también a reconocer al sindicato de los así llamados metrodelegados, condenando a las más de 700.000 personas que utilizan diariamente el transporte subterráneo en la ciudad de Bueno Aires a periódicos e intensos padecimientos provocados por huelgas sin preaviso y sin servicios mínimos.
Esta espiral de luchas obreras y de chicanas gubernativas pareció terminar en diciembre de 2015 cuando la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, imaginando trasladar nuevas complicaciones a quién le sucediera, optó por cumplir con la Constitución y otorgó, mediante Resolución 1.601/15, la ansiada personería gremial a la "Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y del Pre-
metro", fundada por los metrodelegados.
Pero en marzo de 2017 la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (CNAT), ante la existencia de "irregularidades formales", revocó dicha Resolución y devolvió el expediente al ministerio para que "luego de haber cumplido rigurosamente con las reglas adjetivas aplicables, se expida nuevamente en relación a la cuestión sustancial de la contienda". A los pocos días, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) desestimó el recurso planteado por los metrodelegados por entender que el fallo de la CNAT no era en realidad una "sentencia definitiva".
Lo que equivale a decir que, contrariamente a lo que sostuvo recientemente el Gobierno, los jueces no se han pronunciado sobre la cuestión de fondo ni, menos, han desestimado el derecho de libertad sindical de los trabajadores agrupados en la "Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y del Pre-metro". Como consecuencia de estas marchas y contramarchas el gobierno de Macri, la UTA, Metrovías y los metrodelegados continúan enzarzados en un combate ciertamente feroz y cuyas principales víctimas son los usuarios del transporte subterráneo de pasajeros.
Huelgas contrarias
Para completar este análisis debo referirme aquí al comportamiento también ilegal de los convocantes de las sucesivas huelgas que paralizan los servicios de Metrovías. Pienso que alguien tendría que explicarle a los metrodelegados que su incuestionable derecho a organizarse sindicalmente en libertad y a dejar de trabajar para presionar en defensa de sus intereses, ha de ejercerse en el marco de la misma Constitución y de los mismos Tratados que, al reconocer la libertad sindical y el derecho de huelga, reconocen otros derechos de igual o superior jerarquía. Explicarle, por ejemplo, que el ejercicio del derecho de huelga impone modulaciones que están en la raíz de toda democracia constitucional.
Suena absurdo que la férrea y legítima defensa de la libertad sindical que llevan a cabo los metrodelegados utilice modos y métodos que desprecian al resto de los principios y normas constitucionales.
Se trata, nada más y nada menos, que de reconstruir -también en el terreno de las relaciones colectivas de trabajo- el consenso constitucional roto por años de dictaduras y de experimentos antirrepublicanos.
Una de las consecuencias más graves de la falta de una política laboral es el mantenimiento de la Ley que regula el derecho de huelga y que ha excluido (como consecuencia del pacto Kirchner-Moyano) al transporte de la lista de servicios esenciales.
Muy probablemente el gobierno y los argentinos tengamos oportunidad de ver las consecuencias de esta arriesgada opción legislativa, el día en que el sindicato de camioneros decida seguir los pasos dados en Brasil por sus homólogos.
Pero no estamos sólo frente a una omisión reformista. Cuando el gobierno no convoca a la Comisión de Garantías para que tome carta en las huelgas de los trabajadores de la empresa Metrovías, está mostrando una clara impericia. La actuación de esta Comisión permitiría, por ejemplo, calificar al transporte de pasajeros como esencial, colaborar en la fijación de los servicios mínimos “para compatibilizar el ejercicio del derecho de huelga con los demás derechos reconocidos en la Constitución” (Decreto 272/2006).
A mi modo de ver, el Gobierno debería completar el expediente largo tiempo demorado por el kirchnerismo y otorgar la personería gremial como único modo de hacer efectiva la supremacía de la Constitución Nacional y del principio de libertad sindical.
Esta reconducción de la posición del Estado hacia el cauce del que nunca debió apartarse reforzará la legitimidad de las medidas que haya de adoptar para garantizar tanto el derecho de huelga como la libertad de trabajar, de circular y de trasladarse que tienen los no huelguistas.