Vivimos momentos difíciles para el país. Muchas veces, se asocia una crisis con los riesgos políticos que pueda correr el presidente circunstancial, pero la realidad es implacable: desde hace casi 90 años, nuestro país ha fracasado sistemáticamente en la construcción de una institucionalidad sólida y el precio de la inestabilidad se ha traducido en atraso económico, pobreza y decadencia.
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Vivimos momentos difíciles para el país. Muchas veces, se asocia una crisis con los riesgos políticos que pueda correr el presidente circunstancial, pero la realidad es implacable: desde hace casi 90 años, nuestro país ha fracasado sistemáticamente en la construcción de una institucionalidad sólida y el precio de la inestabilidad se ha traducido en atraso económico, pobreza y decadencia.
Los malos momentos y la incertidumbre de estos días son indicio claro de que concluyó una estrategia, la del gradualismo, con la que desde 2015 se intentó salir de la recesión, el déficit y la inflación minimizando costos políticos y evitando eclosiones sociales.
Hoy la realidad es inocultable: se vienen momentos difíciles para la economía en general, los asalariados y las personas cuya subsistencia depende de la ayuda del Estado.
En pocos meses, la cotización del dólar se duplicó. La consecuencia, necesariamente, es el incremento de costos internos para la industria, porque la nuestra es una economía dolarizada, pero también la suba generalizada de precios (la inflación) mientras que las tasas de crédito anticipan un freno aún más fuerte de la inversión productiva.
Es hora de dejar de lado los pretextos y de evitar el oportunismo de los "pescadores de río revuelto". La agitación que incita a saqueos y otras acciones violentas solo perjudica a los sectores de menores ingresos, entre quienes se cuentan, desde 1989, las víctimas fatales de esos estallidos. La ciudadanía repudia el caos y la desestabilización.
Es claro que muchas manifestaciones compulsivas de protesta son impulsadas por opositores que solo piensan en obtener un beneficio electoral al debilitar al oficialismo. También por organizaciones "antisistema", que no creen en la democracia representativa.
Sin embargo, más allá de esos oportunismos, las tensiones reales y genuinas son la consecuencia lógica y previsible de la incertidumbre salarial y laboral.
Hace pocos meses, al inaugurar el período parlamentario, el presidente Mauricio Macri dijo que "lo peor ya pasó". Esa frase, para entonces, se había convertido en muletilla desde principios de 2017.
Un mandatario tiene la obligación de construir la esperanza, pero eso no se logra con optimismo voluntarista, sino con la definición de objetivos claros y con plazos.
Hace cuarenta días, en la Exposición Rural, la vicepresidente Gabriela Michetti ratificó que las retenciones a las exportaciones no volverían. El lunes pasado, no solo se ratificaron las existentes, sino que se ampliaron los porcentajes y se dispuso aplicar ese impuesto a otros rubros exportadores.
El ciudadano necesita que le digan la verdad; las "buenas noticias" son un engaño sin sentido. Cuando las cosas van bien, la gente se da cuenta sin que nadie se lo diga.
Las "buenas noticias" pueden ser un boomerang para un estadista.
Ni el Gobierno nacional ni los opositores deberían actuar hoy como si lo único importante fueran las elecciones de 2019. Esa fecha es importante para los candidatos. Para la sociedad, lo esencial es saber si vamos a mejorar, o no.
Más allá de los problemas estructurales de la economía nacional, agravados por la degradación del empleo y la falta de capacitación profesional, la Argentina necesita solidez institucional, que es la garantía de la seguridad jurídica.
Una crisis como la actual se profundiza y se proyecta a futuro porque no solo se verifican las falencias del gobierno de turno, sino que los eventuales sucesores no brindan seguridad a los posibles inversores.
La esencia de la crisis es que nuestra economía no es eficiente ni competitiva y produce menos de lo que se gasta. Resolver semejante problema requiere inversión extranjera, pero ningún inversor juega a la lotería con su capital.
El Gobierno y los dirigentes de la oposición deberían colocarse a la altura de esta crisis y salir del círculo pequeño en el que se sienten cómodos y seguros. Conocer la realidad cotidiana de las familias, los barrios, los asalariados y las empresas les permitiría proyectar el futuro con más acierto y tomar las decisiones que la gente les reclama.