El colapso en la capacidad del sistema penitenciario provincial es una de las grandes problemáticas que tendrá que afrontar la próxima gestión de Gobierno sobre la que no existen propuestas de parte de quienes compiten en las elecciones para administrar el Gobierno local, ya sea por desconocimiento o por no querer meterse en una camisa de once varas.
inicia sesión o regístrate.
El colapso en la capacidad del sistema penitenciario provincial es una de las grandes problemáticas que tendrá que afrontar la próxima gestión de Gobierno sobre la que no existen propuestas de parte de quienes compiten en las elecciones para administrar el Gobierno local, ya sea por desconocimiento o por no querer meterse en una camisa de once varas.
Si bien la sobrepoblación carcelaria es una situación que Salta comparte con todos los distritos del país, eso no es una excusa para soslayar el tema, más si se tiene en cuenta que el nivel de hacinamiento en las unidades penitenciarias de la provincia casi duplica la media nacional.
De acuerdo a los últimos datos disponibles de la Dirección Nacional de Política Criminal, la sobrepoblación en cárceles salteñas fue del 41% en 2018 (unas mil personas de exceso) y el promedio en todo el país llegó al 25% en el mismo período. Nada indica que los porcentajes disminuyeron este año, sino más bien todo lo contrario.
La cantidad de personas privadas de la libertad sigue escalando año a año. En 2008, la población penitenciaria provincial era de 1.714 internos y 10 años después se incrementó en un 90% para llegar a 3.266, según los datos oficiales. La curva de crecimiento de la población de las cárceles se mantuvo sin grandes desniveles, aunque siempre en ascenso, hasta 2014, cuando pega un salto luego de que la Provincia se hizo cargo de los casos de microtráfico y las celdas se empezaron a llenar de revendedores de droga de poca monta.
El año pasado habían 440 presos por microtráfico en las cárceles provinciales, incluidas las alcaidías. Pero no es el delito con mayor incidencia en los establecimientos de reclusión, se encuentra en el cuarto lugar en cantidad de casos.
Las violaciones y otros abusos sexuales son los hechos que producen más condenados y procesados en Salta. En 2018, 730 personas estaban detenidas por esos delitos, que forman parte de los altos índices del flagelo de violencia de género contra la mujer que registra Salta.
A nivel nacional, los mismos crímenes están en la cuarta posición entre las personas que pierden su libertad. En primer término se encuentran los robos o tentativa de los mismos.
Hacinados
En una reciente entrevista, el secretario de Políticas Penales de la Provincia, Pablo Alavila, actualizó la información sobre la cantidad de internos en la Alcaidía de la capital salteña, que llega a 700 personas internas cuando la capacidad es de 350.
En tanto, en la penitenciaría de Villa Las Rosas dijo que hay más de 1.400 personas detenidas y la capacidad del penal es para mil internos.
Se estima que la población carcelaria aumentaría en la provincia entre un 10 y 20% para 2020.
Después de la Alcaldía de Salta, la unidad carcelaria N§3 de Orán es la que mayor sobrepoblación tiene. El año pasado cerró con 508 alojados en ese lugar cuando la capacidad es para 300, un 70% más. La cárcel de Tartagal, en tanto, está en un 55% por encima de su capacidad. En 2018 había 311 internos en ese centro de detención y su capacidad era de 200.
Discusión estéril
En gran parte de este año el tratamiento sobre las cárceles salteñas se redujo a las idas y vueltas por una supuesta deuda de $500 millones que Nación debería entregar a la Provincia por hacerse cargo de los presos por microtráfico, que antes quedaban en jurisdicción federal.
Desde el Gobierno central afirman que esa deuda "no existe", mientras que en la Provincia sostienen que la ley que habilita a las jurisdicciones subnacionales a actuar en temas de drogas consigna el desembolso de fondos, tan necesarios para ampliar la infraestructura carcelaria.
Colapso en las cárceles federales de Salta
El Servicio Penitenciario Federal en Salta el año pasado rompió un récord alojando a 2.962 personas en sus tres unidades carcelarias, según un informe de la Procuración Penitenciaria nacional.
El penal de General Gemes es el complejo de mayor envergadura de la Delegación NOA del sistema federal. En el lugar se llegó a alojar 611 reclusos en 2018, 140 por arriba de lo que se declaró apto para el establecimiento. Para aumentar la capacidad se puso camas cuchetas en celdas individuales. La sobrepoblación carcelaria en este caso es del 30%, mientras que la media del país llega al 14%.
El colapso carcelario es uno de los problemas más complejos por solucionar por la Justicia Federal que por un lado eficientiza y acelera los trámites para condenar a quienes cometen algún delito, con la implementación del nuevo Código Procesal Penal, y por otra parte no queda espacio en las penitenciarías para cumplir con la creciente demanda.
Esa situación se reconoció con la declaración de la emergencia penitenciaria, que fue dictada en marzo pasado y por un lapso de tres años por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Sin embargo, eso solo no basta. Desde la Procuración Penitenciaria sostuvieron que aún "no existen estrategias ni políticas públicas específicas dirigidas a detener o revertir este aumento constante de presos".