La historia se repite con asombrosas coincidencias e idénticos resultados: áreas hidrocarburíferas concesionadas por la Provincia, petroleras en falta, contaminación y pobladores que reclaman por los daños y por el pago de la servidumbre. Mientras tanto, la explotación de los yacimientos no se detiene y el reclamo de los propietarios cae una y otra vez en laberínticos pasillos dominados por la burocracia y las sospechas de corrupción.
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La historia se repite con asombrosas coincidencias e idénticos resultados: áreas hidrocarburíferas concesionadas por la Provincia, petroleras en falta, contaminación y pobladores que reclaman por los daños y por el pago de la servidumbre. Mientras tanto, la explotación de los yacimientos no se detiene y el reclamo de los propietarios cae una y otra vez en laberínticos pasillos dominados por la burocracia y las sospechas de corrupción.
En San Martín
En esta oportunidad el caso aparece en el norte de la provincia, a 55 kilómetros al oeste de Ballivián, en una finca denominada "Trasfondo de Baules" sobre la ruta provincial 141. Allí, en el lote 4 de la matrícula 4308, la firma Pluspetrol opera desde hace más de dos décadas y los propietarios aseguran que nunca pagaron servidumbre. El nivel de daño ambiental que observan en la propiedad como consecuencia de la actividad petrolera los movilizó nuevamente a presentar denuncias policiales y en la fiscalía penal.
El área en cuestión pertenece al yacimiento Ramos, que Pluspetrol Energy opera desde el año 91 y por un término de 25 años. Posteriormente la firma consiguió una ampliación y prórroga de ese plazo por otros 10 años más, con lo cual está habilitada para operar hasta el año 2026. Pese al tiempo transcurrido los propietarios afirman que nunca recibieron pago alguno por la servidumbre.
"Trasfondo de Baules" es una finca de 4.333 hectáreas, de las cuales casi 11 hectáreas fueron transformadas en caminos petroleros por parte de Pluspetrol.
La finca pertenece a la familia de Carla Roxana Seoane Martell, quien interpuso las acciones legales y hoy se encuentra a la espera de la fijación de la fecha de mediación penal por parte de la fiscal de Embarcación, Gabriela de Souto.
Seone Martel interpuso la denuncia policial contra la petrolera el 19 de septiembre pasado, asegurando que Pluspetrol opera desde hace 25 años en ese inmueble y nunca tuvo acuerdo con los propietarios.
"La empresa recibió la concesión de Ramos y desde entonces no asentó la servidumbre en ningún catastro. Nosotros tenemos iniciado un juicio civil en Capital Federal desde 2014. Pluspetrol aduce que le paga al vecino, pero tampoco figura inscripta ninguna servidumbre en ese catastro", afirmó la denunciante.
Luego de la denuncia en la Policía, Carla Seoane Martell amplió la presentación ante la fiscalía donde presentó la documentación que acredita la propiedad, informe de daños ambientales, fotografías y videos actualizados sobre la actividad petrolera en el lugar. Allí se observan quemas irregulares en lagunas de decantación, pozos con desechos, filtraciones de hidrocarburos en los arroyos de las quebradas y múltiples zonas de derrumbe en las laderas.
Pruebas
Carla Seoane llegó al lugar para constatar los daños y tomó muestras para reforzar las denuncias. "Viendo que la vecina de abajo nuestro lleva casi diez años de juicio y aunque está para sentencia, su abogado le dijo que creía iban a apelar. Además, el ingeniero que contratamos nos dijo que hay elevado riesgo de derrumbe de la zona por lo que me dirigí al campo con el propósito de realizar un acta de constatación con la jueza de Paz, ya que si la geografía cambia producto de la actividad que la empresa ejecuta, también desaparecían mis pruebas. Gracias a esto la jueza pudo fotografiar los pozos de quema irregulares y en una clara maniobra están construyendo una que sí cumple con los requisitos medioambientales", advirtió la denunciante.
El peligro en dos pozos de la zona
En la denuncia policial presentada en septiembre en Ballivián, Carla Seoane aseguró que durante una inspección que efectuó junto con familiares por el inmueble recibió la advertencia de un operario de la empresa de que en la zona había peligro por la fuga de gases del terreno en los pozos R1009 y R1006 en caso de que quisieran acampar en el lugar.
El caso en Chirete en una “zona libre”
A fines de mayo de este año, una situación similar se dio en Rivadavia, en una zona hidrocarburífera de las denominadas “libres” que la provincia también otorgó en concesión para exploración en los últimos años. En la zona denominada Chirete, cerca de Los Blancos, en Rivadavia Banda Norte, la familia Robledo fue expulsada de su propia finca luego de impedir el paso a la petrolera china High Luck Group a la que los puesteros venían exigiendo el pago del canon por servidumbre. Fueron detenidos. También habían denunciado por severos daños ambientales que luego fueron constatados por la Secretaría de Energía, al igual que la extracción de 13 millones de litros de crudo que salían como supuestas “muestras” de material desde los pozos abiertos en el lugar.