Tras las primeras señales de desabastecimiento de combustible y gas en La Paz, una operación conjunta de militares y policías reprimió hoy a los manifestantes que habían tomado la planta de Senkata, en El Alto, en protesta contra el gobierno interino de la autoproclamada Jeanine Áñez, con un saldo de al menos un muerto y treinta heridos, y la salida de la primera caravana de camiones cisterna con destino a la capital.
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Tras las primeras señales de desabastecimiento de combustible y gas en La Paz, una operación conjunta de militares y policías reprimió hoy a los manifestantes que habían tomado la planta de Senkata, en El Alto, en protesta contra el gobierno interino de la autoproclamada Jeanine Áñez, con un saldo de al menos un muerto y treinta heridos, y la salida de la primera caravana de camiones cisterna con destino a la capital.
La prensa boliviana informó que los agentes de seguridad dispararon granadas de gas lacrimógeno para despejar el camino hacia Senkata, pese a que los manifestantes aseguraron que accedieron a permitir el paso de la caravana, según la española Europa Press.
Luego que policías y militares lograron retomar el control de la entrada y salida de camiones de la planta, el canal de televisión ruso RT mostró cómo las corridas y la represión continuaron, las fuerzas de seguridad disparando balas y gases lacrimógenos, y los manifestantes tirando piedras. También se vio a un grupo haciendo estallar un paquete de dinamita.
Ayer, el ministro de Hidrocarburos de Bolivia, Víctor Hugo Zamora, había informado que el gobierno interino de Áñez tomó la decisión de importar combustibles desde Chile y Perú para asegurar el abastecimiento en La Paz, en peligro a causa del bloqueo de la Planta de Senkata.
"Tenemos la instrucción de nuestra Presidenta de trabajar todo el día para poder lograr el reabastecimiento. Estamos listos para distribuir y normalizar todo el abastecimiento", añadió hoy Zamora.
Desde el inicio de esta semana, un cabildo abierto de juntas vecinales del departamento de El Alto aprobó cercar La Paz y evitar la llegada de combustibles y alimentos, para presionar a Áñez para que renuncie y se busque una salida constitucional a la crisis desatada por la renuncia forzada del presidente Evo Morales, su denuncia de un golpe de Estado y su exilio en México.
La falta de combustible que provocó el cerco alrededor de La Paz derivó en la reducción de las frecuencias del trasporte público en la capital, mientras se multiplican los signos de desabastecimiento de productos de primera necesidad por los problemas de distribución.
Muchos de lo videos muestran a los militares disparando a los pobladores de El Alto.
La renuncia
Morales fue forzado a renunciar a la presidencia de Bolivia el 10 de noviembre, cuando los mandos de las Fuerzas Armadas le recomendaron que dimita, en medio de protestas sociales y denuncias acerca de posibles irregularidades en los comicios del 20 de octubre, que le dieron la reelección al líder indigenista.
Posteriormente, Áñez asumió la presidencia en una sesión parlamentaria sin quórum y con la misión de convocar a nuevas elecciones en el plazo más breve posible.
Hoy, desde México, tras conocerse que las fuerzas de seguridad habían vuelto a reprimir a manifestantes que exigían la renuncia de Áñez, Morales pidió a "los militares patriotas y nacionalistas dejar de usar contra nuestros hermanos bolivianos el equipamiento que les dotamos con recursos conseguidos gracias a la lucha del pueblo".
"Que las Fuerzas Armadas no manchen su honor con la sangre del pueblo por sostener a un gobierno de facto", agregó en su cuenta de Twitter.
Fuertes manifestaciones en El Alto
Las manifestaciones en El Alto, bastión de movimientos campesinos e indígenas que apoyan a Morales, se incrementaron luego de la fuerte represión de los cuerpos de seguridad del Gobierno de facto en contra de una marcha pacífica de cocaleros en Cochabamba, que dejó el pasado viernes nueve personas muertas por heridas de bala y más de un centenar de heridos.
Desde que Morales se vio obligado a renunciar, el pasado 10 de noviembre, y antes de este operativo en El Alto, ya se habían contabilizado 24 muertos en Bolivia, según datos de la Defensoría del Pueblo.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alertó sobre un "grave decreto" que exime de "responsabilidad penal" a las Fuerzas Armadas cuando participan en "operativos de restablecimiento y estabilidad del orden interno".