“Se contempló un panorama de conjunto y se hizo la conquista más grande. La universidad se llenó de hijos de obreros, donde antes estaba sólo admitido el oligarca”, evaluaba Juan Domingo Perón, dos décadas después de haber establecido la gratuidad de los estudios superiores. Al cumplirse 70 años de ese significativo hecho político, las universidades públicas celebraron debates, conferencias y otros eventos para celebrar aquella decisión adoptada por el mandatario el 22 de noviembre de 1949, medida que se hizo efectiva por medio del decreto 29.337.
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“Se contempló un panorama de conjunto y se hizo la conquista más grande. La universidad se llenó de hijos de obreros, donde antes estaba sólo admitido el oligarca”, evaluaba Juan Domingo Perón, dos décadas después de haber establecido la gratuidad de los estudios superiores. Al cumplirse 70 años de ese significativo hecho político, las universidades públicas celebraron debates, conferencias y otros eventos para celebrar aquella decisión adoptada por el mandatario el 22 de noviembre de 1949, medida que se hizo efectiva por medio del decreto 29.337.
Por entonces, sólo existían las universidades nacionales de Buenos Aires, Córdoba, Cuyo, La Plata, Tucumán y Litoral, todas aranceladas. El impacto de la norma hizo que se pasase de 51.272 estudiantes en 1947, a 143.542 en 1955.
El 22 de noviembre de 1949 el decreto 29.337 del presidente Juan Domingo Perón suspendió el cobro de los aranceles universitarios. A 70 años de ese hecho histórico, el carácter gratuito de la universidad pública se ha convertido en uno de los pilares del sistema educativo nacional.
Al homenajear a Manuel Belgrano, el 20 de junio de 1949, Perón prometió: “Interpretando sus ideas y sentimientos, que lo impulsaran a destinar sus bienes y recompensas para construir escuelas en la rudimentaria comunidad Argentina de su tiempo, deseo anunciar que desde hoy quedan suprimidos los aranceles universitarios, en forma tal que la enseñanza sea absolutamente gratuita y al alcance de todos los jóvenes argentinos que anhelan instruirse para el bien del país. Para honrar a los héroes nada mejor que imitarlos”.
Como resultado de la sanción de la gratuidad, la matrícula estudiantil universitaria aumentó exponencialmente: mientras en 1945 había 47 mil estudiantes, para 1950 ya eran 80.445 y para 1955 eran 138.317. Recién con la dictadura militar iniciada en 1976 se generaría un retroceso en la inscripción de alumnos.
La promesa se transformó en realidad. El artículo 1° del decreto 29.337 establece la suspensión de los aranceles con anterioridad al Día de la Bandera de aquel año y señala que “como medida de buen gobierno, el Estado debe prestar todo su apoyo a los jóvenes estudiantes que aspiren a contribuir al bienestar y prosperidad de la Nación, suprimiendo todo obstáculo que les impida o trabe el cumplimiento de tan notable como legítima vocación”.
A ese hito fundamental se había llegado después de otro, la Reforma Universitaria de 1918, que contó con el aval político del presidente radical Hipólito Yrigoyen y su ministro de Justicia e Instrucción Pública, el riojano José Santos Salinas, aunque no se había incorporado la gratuidad.
En 1953, el segundo gobierno peronista eliminó el examen de ingreso de las universidades públicas, y al año siguiente aprobó la ley 14.297, que fue la primera norma sancionada por el Congreso que incluyó la gratuidad universitaria. El capítulo I, “De la misión y organización de las universidades”, inciso 7 del artículo 1º, establece “asegurar la gratuidad de los estudios”.
Quedaba plasmada así la concepción fundamental del peronismo con respecto a la educación superior, para desarrollar la investigación científica y tecnológica, con el propósito de reemplazar el país meramente agroexportador, matriz de nuestros males centenarios, por una Argentina moderna capaz de exportar productos con alto valor agregado.
El hijo del barrendero
“Sepan ustedes que la Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Todos los historiadores le atribuyen la frase a Arturo Rial, un oscuro capitán de navío, que alcanzó el grado de contraalmirante y murió en 1981, quien se la lanzó a un grupo de trabajadores días después del golpe de 1955. Hacía sólo seis años que Perón había instituido la gratuidad y el libre acceso a los estudios superiores para que el hijo del barrendero, si así lo quisiere, pudiera graduarse de ingeniero, periodista, docente o médico.
“La autodenominada Revolución Libertadora, dictadura cívico-militar que derrocó al peronismo en 1955, derogó las leyes universitarias y estableció una serie de decretos. En muchas casas de estudio se reinstalaron los exámenes de ingreso, y la matrícula dejó de crecer”, escribe el doctor en Ciencias Sociales (UBA) Sergio Friedemann en La gratuidad de la educación superior, a 70 años (Edunpaz, 2019).
En declaraciones al Suplemento Universidad, Friedemann precisó que la normativa impuesta en 1955 “no se modificó después durante los gobiernos constitucionales de Arturo Frondizi y Umberto Illia, pero hubo un aumento paulatino en la cantidad de estudiantes entre 1958 y 1966, fruto de la autonomía de cada institución para regular el ingreso y un aumento de las vacantes”.
Destacó que desde la dictadura del general Juan Carlos Onganía “la matrícula sufrió una leve caída, hasta que entró en marcha el Plan Taquini, que en 1970-1971 dispuso la creación de nuevas universidades nacionales, revirtiendo esa tendencia negativa”.
“La reforma universitaria de 1973 instauró nuevamente la gratuidad y el ingreso irrestricto, elementos también presentes en la Ley de Universidades aprobada por el Congreso de la Nación en 1974 (Ley Taiana). Si en 1972 había 333.000 estudiantes universitarios en todo el país, en 1975 se contaban 507.000”, puntualizó Friedemann.
Del ’18 al ‘49
Por su parte, la socióloga y doctora en Ciencias Sociales (UNLP) Nayla Pis Diez, advirtió que “es importante no caer en análisis basados en dicotomías clásicas, sino observar modelos de universidades que jerarquizaron elementos en distintos momentos de nuestra historia”.
“Sirve más ver de forma articulada las leyes universitarias peronistas entendiéndolas como modelo peronista de universidad que, es verdad, se opuso en muchas cosas al modelo reformista, defendido por buena parte del estudiantado y profesores desde 1918. A diferencia del segundo, aquel modelo se caracterizó por el abandono de los principios liberales aplicados a la universidad, como la autonomía, la democracia interna, hasta la libertad de participación y el pluralismo ideológico”, aseguró Pis Diez al Suplemento Universidad.
Sin embargo, afirmó que “a la hora de ponderar elementos, mi opinión es que el peronismo sustituyó el principio de democratización política por el de la democratización social de los estudios, a partir de definir nuevas funciones a la educación, así como nuevas relaciones entre ésta, la economía, la política y los requerimientos del país”.
Para Victoria Chabrando, licenciada en Historia (UNC), “más allá de desencuentros y tensiones que podemos visualizar entre el peronismo y la universidad, entiendo importante destacar los diálogos existentes entre los acontecimientos de 1918 y 1949”.
“El carácter desacralizador da cuenta de líneas de continuidad de ambos procesos. Si en 1918 las premisas fundamentales fueron el trastrocamiento de la educación clerical y la construcción de una universidad liberal, opuesta a una tradición monárquica, en épocas de primer peronismo la desacralización implicó la subversión de una verdad instituida donde la enseñanza universitaria cumplía con la reproducción del poderío político, económico y social de un sector privilegiado de la población”, afirmó Chabrando al Suplemento Universidad.
Y resaltó que “entre 1918 y 1949 hay más de una coincidencia porque, más allá de lo vertido en el Manifiesto Liminar, los reformistas también impulsaron acciones para aumentar la matrícula, a pesar de las élites que habitaban la alta casa de estudios, aunque ese proceso quedó trunco. Dicho de otro modo, el decreto 29.337 concretó el impulso verdaderamente democratizador abierto en 1918”.
Con el golpe de 1955 se produjo un retroceso en materia de democratización del acceso a la universidad, tras la derogación del entramado institucional y normativo del justicialismo. El gobierno democrático de 1973 eliminó los aranceles y las tasas académicas implementadas en los años sesenta y principios de los setenta. Sin embargo la dictadura militar del 76 nuevamente los introdujo. Con la vuelta a la democracia, las universidades eliminaron el cobro de aranceles, luego autorizados por la Ley de Educación Superior sancionada en 1995, bajo el menemismo. Finalmente, en octubre de 2015, el Congreso aprobó una reforma de la LES y estableció que "los estudios de grado en las instituciones de educación superior de gestión estatal son gratuitos e implican la prohibición de establecer sobre ellos cualquier tipo de gravamen, tasa, impuesto, arancel, o tarifa directos o indirectos".
Fuente: Horacio Raúl Campos para Página 12