Las puertas de la Asociación Docente Provincial (ADP) permanecieron hoy otra vez cerradas. Por segundo día consecutivo se realizaron allanamientos en las oficinas de calle Juramento casi España. Contrariado, el abogado la tesorera del gremio, Marita Cerezo, se quejó de que no lo dejaron ingresar al allanamiento, mientras continúan las denuncias.
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Las puertas de la Asociación Docente Provincial (ADP) permanecieron hoy otra vez cerradas. Por segundo día consecutivo se realizaron allanamientos en las oficinas de calle Juramento casi España. Contrariado, el abogado la tesorera del gremio, Marita Cerezo, se quejó de que no lo dejaron ingresar al allanamiento, mientras continúan las denuncias.
También hoy, y luego de mucho hermetismo, se conoció que los procedimientos se realizaron por supuesta administración fraudulenta. El juez de Garantías 2, Ignacio Colombo, hizo lugar a lo solicitado por la Fiscal Penal de Delitos Económicos Complejos, Mónica Poma, y ordenó el allanamiento. Los mismos se dan en el marco de una investigación que lleva adelante la fiscal por supuesta administración fraudulenta. La causa se inició por denuncias de los agremiados de la ADP.
En tanto, el abogado de la tesorera de la ADP, Nicolás Maggio, señaló esta mañana: "Mi defendida está dispuesta a entregar todo lo que requiera la Justicia, pero exigimos que todos los trámites legales se realicen acorde a derecho”.
Y denunció: “Yo como abogado de la señora Cerezo tengo que estar presente en el allanamiento. No me dejaron ingresar y no entiendo la medida".
Si bien la causa aún no cuenta con personas imputadas, la medida ordenada tiene como finalidad reunir elementos de prueba que sirvan para acusar a quienes corresponda.
El allanamiento, que se lleva a cabo hoy está a cargo de personal de la Brigada de delitos económicos, y se autorizó la participación de una contadora del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF).