El ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia de Salta, Marcelo López Arias, volvió a plantear al titular del Ministerio de Justicia, Germán Garavano, la compleja situación que genera a Salta la deuda que Nación mantiene con la Provincia por la manutención de presos por microtráfico de drogas. El monto asciende a los $500 millones.
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El ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia de Salta, Marcelo López Arias, volvió a plantear al titular del Ministerio de Justicia, Germán Garavano, la compleja situación que genera a Salta la deuda que Nación mantiene con la Provincia por la manutención de presos por microtráfico de drogas. El monto asciende a los $500 millones.
En una reunión que se realizó ayer, Garavano ofreció el financiamiento parcial para la ampliación de la Alcaidía de la capital salteña.
"La nueva propuesta es hacer la obra con aportes de ambos gobiernos, la parte que le correspondería a cada uno es un tema a discutir", informó López Arias.
Esta semana hay más de 740 personas en la Alcaidía ubicada en el predio de Ciudad Judicial, cuando la capacidad máxima es para 350 personas.
Desde hace cinco años los que son detenidos por vender drogas al menudeo son investigados por la Justicia provincial en lugar de la Federal. Eso implica que los acusados dejaron de ser alojados en los penales que administra la Nación y pasaron a las cárceles provinciales.
El Gobierno salteño adhirió a la ley de desfederalización en enero de 2014. Esta modificación apuntaba a descongestionar los juzgados federales para que puedan dedicarse a perseguir a las redes que se dedican al tráfico de drogas a gran escala.
Pero Nación no aportó lo que estaba previsto para que la Provincia se haga cargo de mantener a cientos de personas que están privadas de la libertad por vender drogas a pequeña escala.
La semana pasada Marcelo López Arias salió a admitir que las unidades penitenciarias están desbordadas por la cantidad de presos. Informó que el sistema tiene una capacidad general para alojar a 3.500 personas y hay unos mil presos por arriba de esa cifra en este momento.
En la unidad de varones de Villa Las Rosas hay espacio para 850 presos y hoy alberga a más de 1.800. En la unidad de mujeres la capacidad es para 80 y hay más de 115. En Orán, debería haber 425 presos pero ya superan los 520. En Tartagal hay más de 300 internos en un edificio para 254.
"De la Nación, a pesar de los convenios firmados por los que ellos tenían que hacerse cargo de los presos por microtráfico, hasta ahora nunca hemos recibido un peso", dijo hace días el ministro López Arias.
Tobilleras
El año pasado se intensificaron las gestiones de la Provincia para que se salde la deuda por el mantenimiento de presos federales y se encaren nuevas obras carcelarias que mejoren las condiciones de alojamiento.
López Arias participó ayer en el Consejo Federal de Justicia, oportunidad en la que se reunió con Garavano.
El proyecto de ampliación de la Alcaidía ya fue presentado al Ministerio de Justicia de la Nación: "Nuestros técnicos deberán abocarse a actualizar costos y cuestiones técnicas para avanzar", dijo el funcionario local.
López Arias asistió al Consejo Federal de Justicia con la secretaria de Justicia y Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos, Carina Iradi, quien detalló que también se renovó el pedido de más tobilleras para monitorear a presos y presas con prisión domiciliaria, ya que la mayoría está en uso y se recibieron nuevos pedidos por parte de la Justicia.
Cárceles modulares
El ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia de Salta, Marcelo López Arias, dijo que está descartada la posibilidad de solucionar el problema del hacinamiento de presos con cárceles modulares, similares a viviendas prefabricadas.
Si bien esta salida se había planteado el año pasado, el funcionario aseguró que ya no se habla de eso. Insistió en que “el nuevo compromiso es el financiamiento parcial” para ampliar la Alcaidía.