La presidenta de la Red Solidaria de Ciudadanos en Defensa de sus Derechos (Red Sol), María Elena Jiménez, dijo a El Tribuno que el juicio por un centenar de edificios que fueron construidos de manera irregular en la ciudad de Salta ha tomado impulso en los últimos tiempos. Recientemente, desde el Poder Judicial negaron la prescripción solicitada por exfuncionarios públicos que están involucrados en la causa. Además, consideraron que a los primeros delitos se les sumaron nuevos.
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La presidenta de la Red Solidaria de Ciudadanos en Defensa de sus Derechos (Red Sol), María Elena Jiménez, dijo a El Tribuno que el juicio por un centenar de edificios que fueron construidos de manera irregular en la ciudad de Salta ha tomado impulso en los últimos tiempos. Recientemente, desde el Poder Judicial negaron la prescripción solicitada por exfuncionarios públicos que están involucrados en la causa. Además, consideraron que a los primeros delitos se les sumaron nuevos.
En 2009, Red Sol presentó en la Justicia una denuncia penal por incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos y falsificación de documentos para la realización de esas obras, que, en la mayoría de los casos, no cuentan con planos aprobados de manera definitiva.
Se hicieron denuncias por 97 edificios en esa instancia y en 2015 la organización incorporó a otros 35 inmuebles, en una presentación realizada ante la Procuración General de la Provincia.
Profesionales designados por la Justicia advirtieron que muchos edificios se ejecutaron sin planos aprobados, factibilidad de servicios esenciales, estudios de impacto ambiental ni juntas sísmicas. Este último aspecto es clave, ya que Salta está categorizada por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres) como de alto riesgo.
La presidenta de Red Sol, María Elena Jiménez, manifestó su esperanza de que, en el marco de la causa, se llame a indagatoria a personas que todavía no fueron convocadas.
Conflicto con Copaipa
Jiménez reveló además que el Consejo Profesional de Agrimensores, Ingenieros y Profesionales Afines (Copaipa) inició un juicio contra Red Sol, luego de que esta sociedad civil pidiera la intervención de la institución por los edificios de altura que se construyeron sin revisión de estructuras sismorresistentes.
"Pedimos al Poder Ejecutivo de la Provincia la intervención del Copaipa porque ellos no aseguran la revisión sísmica en los edificios", expresó. "Ahora, esperamos que la Justicia nos desligue y seguir actuando porque estamos investigando el problema de la seguridad sísmica en todo el país".
Jiménez planteó que el Copaipa debe cumplir la Ley 5556, que rige desde 1980, que lo facultó a "verificar el estricto cumplimiento de las normas sismorresistentes, arbitrando los medios necesarios para su cumplimiento".
Además consideró que, si bien la Municipalidad de Salta ejerce el poder de policía para controlar las obras, el Copaipa omitió deberes delegados por la legislación.
Según esta norma, todas las construcciones ejecutadas en la provincia, tanto públicas como privadas, deben contar con estructuras sismorresistentes ajustadas a las normas establecidas por el Inpres.
"En el municipio tendrían que tener un departamento de verificación de la calidad sísmica, pero no lo tienen. Los otros, que son profesionales, que la universidad les da el saber y el conocimiento, tampoco garantizan nada. Entonces, ¿quién garantiza esto en una de las provincias más peligrosas del país en cuanto a movimientos sísmicos?", se preguntó.
"Ellos cobran y dicen que no tienen nada que hacer. Esto se tiene que resolver de alguna manera", cerró Jiménez.
Proyecto para cuentapropistas
Desde Red Sol se informó, por otra parte, que hace un mes enviaron la base de un proyecto al ministro de Producción y Trabajo de la Nación, Dante Sica, para registrar a quienes trabajan por su cuenta de manera informal.
"Que carpinteros, mecánicos de autos y vendedores ambulantes tengan su registro en alguna parte", planteó María Elena Jiménez.
La escribana manifestó que, al no estar formalizados, estos trabajadores "figuran como desocupados, engrosan la lista de desempleados, cobran por sueldos, son invisibilizados por el sistema y tienen todo el grupo familiar con ayuda social, incluso ellos".
"El plomero va a tu casa por un arreglo, cobra 5 mil pesos de contado y como comprobante te da un papelito: no te sirve para exigir un buen trabajo, no sabés quién es la persona que te prestó el servicio ni si está capacitada. Si está mal el trabajo, no podés pedir nunca más la devolución. Esta es una situación muy grave", apuntó Jiménez.
"Pedimos que se registre el trabajo informal y después que se lo capacite, que se dé una ayuda social que sea la mínima para el grupo familiar, que sean intervenidos por la AFIP, que den un recibo en forma, porque es lo lógico. Si no, no entramos en una relación laboral normal", consideró.
La escribana contó que esto sucedió en España, donde la desocupación no bajaba de dos dígitos. "Cuando fueron a entrar a la Comunidad Económica Europea, les exigieron que declararan todo el trabajo y la estadística de desocupación bajó y no volvió a subir nunca más", afirmó.
Desde el Ministerio de Trabajo se mostraron interesados en la propuesta y, según comunicó María Elena Jiménez, le respondieron que estudiarían la iniciativa.
Planes sociales
El martes, desde Red Sol enviaron un pedido a la ministra de Salud y Desarrollo Social de Nación, Carolina Stanley, para que estudiara la legitimidad de la entrega de planes sociales y el otorgamiento de este tipo de ayuda. Plantearon que estos deben reconvertirse a planes productivos.
“Vemos con preocupación cada día cómo, sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires, se cortan calles, van a manifestaciones con chalecos y banderas, no tienen limitación de horarios, son abastecidos por delivery de comida en la calle y son llevados por ómnibus. Nos preocupa cómo un país va a vivir del subsidio y no del trabajo o de la capacitación”, expresó Jiménez.
En el escrito, desde la organización preguntaron cuáles son las instituciones o personas a través de las cuales se entregan y gestionan estos planes y pidieron que se hiciera una lista de acceso público sobre los beneficiarios.
Jiménez destacó que, según el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, la ayuda social prevista en el presupuesto 2019 es “la más grande de toda la historia”. “Después, se acude al FMI y se toma préstamo, que va al barril sin fondo de las ayudas sociales”, cuestionó.