Todos perdieron a su mamá a manos de la violencia machista. Son varias las familias salteñas que, ayudadas por el Gobierno de la Provincia, tramitan las pensiones nacionales para los hijos de mujeres víctimas de femicidio.
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Todos perdieron a su mamá a manos de la violencia machista. Son varias las familias salteñas que, ayudadas por el Gobierno de la Provincia, tramitan las pensiones nacionales para los hijos de mujeres víctimas de femicidio.
Profesionales del programa de Orientación y Asistencia Jurídica para Víctimas y Familiares de Víctimas de Delitos Graves acompañan a familiares de Paola Álvarez, Andrea Nery y Claudia Saracho, entre otros casos emblemáticos de femicidio ocurridos en la provincia.
Esta oficina recibió ayer a Franco Arroyo, para ayudarlo en la presentación de la documentación exigida para el trámite de la reparación económica para su hija, quien sufrió la pérdida de su madre, Paola Álvarez, en un caso de femicidio. La joven desapareció el 5 de mayo y luego el 17 de agosto de 2017 apareció su cuerpo en la ruta 9, camino a La Caldera.
La solicitud busca dar cumplimiento en Salta a la implementación de la Ley nacional 27.452 (ley Brisa), que establece un régimen de reparación económica para niñas, niños y adolescentes cuya madre haya sido víctima de femicidio.
"Esta ley representa un gran logro para la reparación de derechos que, junto al inicio y resolución de procesos judiciales por casos de femicidio, busca dar respuesta a familiares de víctimas", indicó Rafael Benegas, director del programa de Orientación y Asistencia Jurídica a Víctimas y Familiares de Víctimas
El beneficio que establece la ley Brisa equivale a un haber jubilatorio mínimo e incluye una cobertura integral de salud hasta los 21 años de edad; el mismo tiene carácter vitalicio en caso de que los beneficiarios sean personas con discapacidad. A la norma se la conoce como ley Brisa a raíz del nombre de pila de la hija menor de Daiana Barrionuevo, quien fue asesinada a golpes por su expareja y padre de sus tres hijos en diciembre de 2014.
"El caso del señor Franco Arroyo, papá de una nena de 4 años hija de Paola Álvarez, víctima de femicidio, es el primer caso que ayudamos formalmente a realizar la presentación de papeles", aseguró.
Al tiempo que también contó que tienen en carpeta el caso de Andrea Nery (quien fue asesinada por su pareja en el penal de Villa Las Rosas en enero de 2017) y el de Claudia Saracho (asesinada por su marido en junio de 2017 de una puñalada). Esta última mujer dejó 10 hijos, varios de ellos menores de edad, por lo que se tramita el beneficio para cada uno de ellos.
Una ayuda
Rafael Benegas señaló que desde su área ayudan a reunir los requisitos. Por ejemplo, juntar las actas de defunción, partida de nacimiento, por lo que tramitan en el Registro Civil la constancia a costo cero. Por otro lado, se contacta a los jueces por la sentencia, que acredita que la mujer murió víctima de un femicidio.
"La ley nacional habla de distintas etapas procesales. En Salta la configuramos con el requerimiento de elevación a juicio o con la sentencia propiamente dicha", señaló el funcionario.
Por otro lado, contó que se encuentran con casos en Orán, en Joaquín V. González y Colonia Santa Rosa, donde no está ni papá ni mamá. "Papá está preso, mamá falleció y capaz que quedó una tía o un hermano. Ellos necesitan una sentencia como tutores o guardadores o alguna instancia civil que sea similar a la guarda, que todavía no salió. Hacemos gestiones para que puedan cobrar la pensión por los chicos", afirmó.
Y para finalizar dijo que ellos tratan de ayudar a las personas que ya sufrieron demasiado con la pérdida de la madre.