A las 10.40 arribaron ayer al aeropuerto de Salta los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) Humberto Antonio Sierra Porto y Patricio Pazmiño Freire. Llegaron para llevar a cabo una evaluación sobre la actuación del Estado en el caso de Lhaka Honhat, el conflicto territorial por las 643 mil hectáreas de los ex lotes fiscales 55 y 14.
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A las 10.40 arribaron ayer al aeropuerto de Salta los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) Humberto Antonio Sierra Porto y Patricio Pazmiño Freire. Llegaron para llevar a cabo una evaluación sobre la actuación del Estado en el caso de Lhaka Honhat, el conflicto territorial por las 643 mil hectáreas de los ex lotes fiscales 55 y 14.
Funcionarios provinciales recibieron a los magistrados. En el VIP del aeropuerto, la fiscal de Estado, Pamela Calletti, y la ministra de Asuntos Indígenas, Edith Cruz, dialogaron con los magistrados y coordinaron algunos puntos de la agenda conjunta.
Patricio Pazmiño Freire fue el portavoz del organismo. Nacido en Quito (Ecuador) y juez de la Corte desde el 1 de enero de 2016, expresó a El Tribuno que el fin de la visita al territorio es comprobar que las decisiones que toma la Corte IDH tengan un eficaz cumplimiento por parte de los estados.
"A nombre de la misión de jueces y funcionarios de la Corte, nosotros estamos bajo el marco de una disposición del pleno de la Corte, en el proceso de verificación del cumplimiento de sentencias. Este mecanismo es establecido en la Corte para asegurar que las disposiciones, decisión y sentencias tengan un eficaz y oportuno cumplimiento", expresó a este medio minutos después de haber arribado a Salta.
El conflicto territorial más grande que enfrenta el país, en el que se disputan 643.000 hectáreas, entró en su fase final. Las comunidades aborígenes, representadas por Lhaka Honhat, reclaman el título único de 400.000 hectáreas porque quieren seguir viviendo de la caza y pesca en un territorio compartido. Además, los criollos, la otra parte involucrada, solicitan su relocalización en unas 243 mil hectáreas restantes.
En octubre de 2017 la CIDH encomendó al Estado nacional y provincial que implemente un plan de traspaso para la solución definitiva del conflicto, lo que implicaba la reubicación de familias criollas.
En esta oportunidad a la Corte IDH le toca visitar a las comunidades de Lhaka Honhat en Salta. "Ahí vamos a entrevistarnos con las autoridades locales, los pueblos indígenas y el Estado, para conversar y medir el nivel de cumplimiento de nuestra sentencia", señaló el magistrado.
Patricio Pazmiño Freire explicó que hay una sentencia dictada por la Corte IDH y que aspiran a que "se cumpla".
"Lo que está claro también es que son sentencias que no son de fácil cumplimiento, son complejas. En este caso existen pueblos indígenas, comunidades, comunidades de colonos, grandes extensiones de tierra, aquí hay que demarcar, legalizar, entonces todo ese proceso es que tenemos que verificar en qué estado está para asegurarnos de que vaya cumpliéndose progresivamente nuestra decisión", expresó.
En cuanto al tiempo que se tomará la Corte IDH para resolver la cuestión de fondo, el magistrado expresó que la resolución del tribunal depende mucho del informe, pero aclaró que el organismo internacional ya tiene una programación anual, por lo que cree será muy difícil para este año tener una definición.
En la agenda de los jueces está previsto, a primera hora, sobrevolar en helicóptero distintos parajes de Santa Victoria. En Santa María participarán de una asamblea con integrantes de las comunidades originarias. Además, tienen previsto un recorrido a los alambrados de puestos criollos en dicha localidad.
Los magistrados también tendrán una reunión con comunidades indígenas que no están alineadas con la Asociación Lhaka Honhat y las familias criollas relocalizadas en la zona norte.
La ministra de Asuntos Indígenas, Edith Cruz, expresó que desde el Gobierno provincial tienen una buena "expectativa" por la visita de los jueces de la Corte IDH.
"Se ha venido trabajando durante todos estos años para llegar a una resolución de este conflicto, con los mejores resultados posibles para no afectar a nadie, ni a la población originaria ni la población criolla. Creo que se va a lograr ver lo que se vino haciendo estos años", afirmó la funcionaria.
Cruz expresó que los acuerdos de parte, entre aborígenes y criollos, estuvieron entre los trabajos más complejos para la Provincia, ya que fueron tomando cada una de las peticiones.
"Seguramente seguirá habiendo algunas recomendaciones a nivel país para que podamos nosotros seguir adelante. Todo el trabajo que se ha hecho se hizo en función de acercar estas posiciones encontradas entre las comunidades y los criollos para que puedan resolver el problema", comentó la ministra.
Los funcionarios provinciales van a llevar adelante la misma agenda que tienen los jueces. "Principalmente lo que vamos a hacer es estar en la zona, organizar, acompañar y que esté toda la logística para que se puedan expresar los verdaderos involucrados", añadió.
La funcionaria provincial expresó que desde hace dos semanas las comunidades aborígenes vienen teniendo reuniones. "Algunos acordando y volviendo a tomar sus posiciones y defendiendo cada uno su postura", finalizó.