El Tribuno expuso ante la opinión pública el lunes pasado un aberrante caso de abuso sexual y promoción de la prostitución en perjuicio de niñas menores de edad en la localidad salteña de Rosario de Lerma. Fuentes judiciales informaron ayer que dos hombres, de 44 y 28 años, fueron imputados y puestos a disposición de la Justicia. La investigación está a cargo de Federico Obeid, fiscal penal de la Unidad Contra la Integridad Sexual.
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El Tribuno expuso ante la opinión pública el lunes pasado un aberrante caso de abuso sexual y promoción de la prostitución en perjuicio de niñas menores de edad en la localidad salteña de Rosario de Lerma. Fuentes judiciales informaron ayer que dos hombres, de 44 y 28 años, fueron imputados y puestos a disposición de la Justicia. La investigación está a cargo de Federico Obeid, fiscal penal de la Unidad Contra la Integridad Sexual.
J. G., de 44 años, y C. R., de 28, fueron acusados del delito de "abuso sexual calificado y promoción de la prostitución agravada por la recepción de pagos, por el vínculo, la convivencia y la minoridad de las víctimas". Se trata de cargos con penas que llegan hasta los 15 años de prisión.
Los hechos investigados por el comisario Claudio Burgos y su gente se produjeron en el barrio San Rafael de Rosario de Lerma, donde J.G. está sindicado como violador y principal acusado. A su vez este sujeto ofrecía dinero a un familiar de una de las menores para que las convenciera de mantener relaciones sexuales. Bajo la dirección de la fiscalía se recibieron declaraciones testimoniales y otras medidas probatorias, las que permitieron establecer que el segundo acusado, identificado como C.R., de 28 años, también del barrio San Rafael, era quien cumplía el rol de intermediario, pues influía en la menor para que acuda a los encuentros sexuales con Guaymás, quien era su patrón.
C.R. recibía como pago una suma de 500 pesos. En vista de ello, y de otros elementos de prueba, el fiscal Obeid solicitó la detención de este sujeto, al que imputó el delito de promoción de la prostitución agravada por la recepción de pagos, por el vínculo, la convivencia y la minoridad de las víctimas, el que establece penas de hasta 10 años de prisión.
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