Imputaron a tres policías por una muerte en Floresta

Tres uniformados pertenecientes a la división de Infantería de la Policía de Salta fueron imputados por el cargo de homicidio culposo.

Los acusados intervinieron en una disputa por la posesión de un terreno, circunstancias en que procedieron a demorar a la víctima, la que se descompensó y murió como consecuencia de las maniobras ejercidas por los policías para reducirla. Las imputaciones, dispuestas por la fiscal penal María Luján Sodero, surgen de declaraciones, denuncias y otras pruebas producidas tras la muerte de David Alfonso Neri Ovejero, un vecino de Villa Floresta (44).

El terreno, según lo establecido por la fiscalía, pertenece a Soledad Rivero, quien lo cedió a su hermano, Pablo, quien se identificó como personal policial perteneciente a la comisaría 24 en la ciudad de Orán.

Por otra parte, Miriam Gaspar adujo que el terreno estaba abandonado y decidió tomar posesión. El día del hecho, en tanto, Rivero y su hermana tomaron conocimiento de la intromisión de Gaspar, por lo que se dieron cita en el terreno en cuestión, donde se produjo una disputa. El desencuentro demandó la presencia policial, por lo que al lugar llegaron efectivos de la 4 como así también un móvil de Infantería. Cuando todo parecía haber arribado a un arreglo, se presentó Neri Ovejero, quien es conocido por los vecinos debido a que ayudó a varios de ellos a obtener sus terrenos.

Neri Ovejero ingresó al terreno a fin de asesorar a Gaspar para que no se retire del mismo, circunstancia en que los policías acusados procedieron a la demora del mismo.

Otros testigos declararon que la intervención de Neri Ovejero no generó desorden. Al proceder los policías acusados a la demora, los vecinos advirtieron que uno de ellos lo tomó de los brazos, mientras que otro, más alto, lo tomó del cuello.

 

COMUNICADO DE LA MESA PROVINCIAL POR LOS DERECHOS HUMANOS DE SALTA

La Mesa Provincial por los Derechos Humanos de Salta reclama justicia por David Alfonso, un vecino de Villa Floresta muerto en un desalojo llevado a cabo por la policía el 22 de junio. Ese día, una mujer con cinco hijos intentó asentarse en la parte final de Floresta. Doce policías fueron a desalojarla y un vecino intervino pidiendo a los gritos que no los saquen del lugar. Los policías, según el testimonio de los vecinos presentes, lo tomaron del cuello, lo asfixiaron  y lo dejaron inconsciente tirado en la calle y cuando les pidieron que lo auxiliaran no hicieron nada y solamente “se reían”. Cuando llegó la ambulancia, después de media hora, David ya estaba muerto. Es preciso señalar que este trágico hecho ha sucedido en el marco de un operativo ilegal, porque no hubo ninguna orden judicial en el “procedimiento”. Y que tampoco se trata de un hecho aislado,  porque esta es la misma policía que acabó con la vida deNahuel Salvatierra, 17 años, asesinado en el barrio Solidaridad de un balazo en el cráneo, de Gabriel Mura Ortiz, asesinado por la espalda en el barrio Sarmiento, de Diego Federico Quiroga, 32 años, asesinado de nueve disparos en el barrio El Círculo, de Nahuel Franco, 15 años, asesinado en villa 20 de junio. Es la policía de un gobierno que hace apología del gatillo fácil y garantiza impunidad a los uniformados, que tiene bien aceitado el aparato policial para someter a la población por el miedo y frenar la resistencia a  la miseria producida por sus brutales políticas de ajuste, políticas apoyadas entusiastamente por el intendente Gustavo Sáenz y el gobernador Juan Manuel Urtubey, quien mandó a sus legisladores en el congreso nacional a votar todas las leyes de ajuste.
Aquí, donde los medios se preocupan tanto por  la seguridad del ex ministro y diputado Fernando Yarade,  preguntamos ¿Cuál es la “seguridad” de quienes viven en los asentamientos de Salta en viviendas inadecuadas, sin acceso a los servicios básicos, en condiciones infrahumanas, en lugares que no reúnen las mínimas  condiciones de habitabilidad?  ¿Cuál es la “seguridad” de la población de los barrios pobres que sufre la amenaza diaria de la represión, que es víctima de hostigamiento e intimidación, de vejaciones en cárceles y comisarías y es asesinada a sangre fría por las llamadas “fuerzas de seguridad”?.
Y preguntamos también: ¿Dónde está el derecho a la vivienda de esa mujer con cinco hijos que va a meterse en un asentamiento porque no tiene un lugar para vivir? ¿De esa “usurpadora” que pone sobre el tapete el abandono estatal que padecen miles de familias salteñas?  ¿Y dónde está el derecho a la vida de David Alfonso, de su esposa Vilma Cuellar, de sus hijos, de su familia que ha quedado destrozada y desamparada? Y dónde están los gobernantes responsables de todo esto. Porque, como con suma claridad lo han expresado en un comunicado los mismos vecinos de villa Floresta: “Es nuestra intención denunciar públicamente al gobierno Provincial y Municipal por la reiterada omisión de responsabilidades para con los Derechos Humanos Fundamentales de las personas que viven en los territorios más pobres de Floresta y en los cordones periféricos que crecen en toda Salta Capital, ante la falta de acompañamiento social, de previsión y de planificación urbana”.
Los organismos de derechos humanos de Salta exigimos justicia para David Alfonso y afirmamos  que es urgente decir basta a la policía que mata con la complicidad de jueces y políticos y con total desprecio por la vida humana. Basta de policías y jueces que arman cadenas de encubrimiento, que borran rastros, que colaboran con la construcción de escenarios falsos para que los hechos parezcan otra cosa, que manipulan para que la culpa sea de la víctima. Basta de policías que disparan a una persona desarmada y por la espalda y que disfrazan casos de gatillo fácil de “enfrentamientos” con pruebas plantadas. Basta de policías que fusilan niños y siguen en libertad y en funciones. Basta de violencia, abusos de autoridad y atentados a los derechos más básicos.  Llamamos a resistir esta política que degrada la democracia y profundiza el rol represivo y criminal del estado a través de sus “fuerzas de seguridad”.

 

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