Por los fondos gastados en la Revolución Verde, un programa que lanzó la gestión de Miguel Isa en 2014, la Justicia libró el pasado jueves un ultimátum al municipio.
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Por los fondos gastados en la Revolución Verde, un programa que lanzó la gestión de Miguel Isa en 2014, la Justicia libró el pasado jueves un ultimátum al municipio.
Ricardo Casali Rey, juez de la Sala I de la Cámara de Apelaciones civil, ordenó al secretario de Hacienda, Emilio Savoy, que informe las erogaciones que hubo hasta 2015, en forma debida, en tres días hábiles.
El plazo, por los feriados, vencerá el próximo viernes. Si el abogado Gonzalo Guzmán Coraita no recibe los comprobantes que pidió, Savoy afrontará multas diarias de $3.500.
En el marco del citado programa se anunció hace cinco años una reforestación urbana con 200 mil árboles. También se construyeron estacionamientos para bicicletas y se instalaron cestos de basura en distintos puntos de la capital.
La Revolución Verde también abarcó obras de limpieza, la entrega de lámparas de bajo consumo y un censo forestal acordado con la Universidad Nacional de Salta (UNSa) desde 2011.
Poco se sabe hoy sobre la cantidad y suerte de los árboles plantados. El censo, por lo que trascendió, se ejecutó de modo parcial y poco representativo. Menos se conoce sobre las partidas gastadas.
En diciembre de 2015, Guzmán Coraita solicitó las constancias de los gastos. Sin respuestas a su pedido de acceso a la información pública, inició acciones judiciales.
El 28 de junio de 2017 la jueza civil Bibiana Acuña ordenó la entrega de las rendiciones. El demandante solo recibió un comprobante por $94.967, correspondiente a la adquisición de especies forestales, y dos órdenes de pago extendidas a favor de los viveros Las Margaritas y Norma Sonia.
En su apelación, la Municipalidad alegó que había puesto a disposición toda la documentación disponible en archivos.
La Corte rechazó ese argumento, tras concluir que la comuna omitió acompañar otras constancias de pago emitidas entre 2011 y 2015.
En un fallo unánime, el 28 de mayo de 2018 el máximo tribunal dejó firme la sentencia.
Tras esa resolución, la Procuración municipal convocó a Guzmán Coraita tres veces y le pidió un tiempo prudencial para reunir la documentación. Sin novedades, el titular de Salta Transparente pidió a la Justicia que ordene cumplir la sentencia. "La Revolución Verde no nos dejó árboles, pero sí muchas dudas sobre el manejo y destino de los recursos públicos", sostuvo Guzmán Coraita, tras el ultimátum de la Cámara. "Tanto Miguel Isa como Gustavo Sáenz tienen la obligación frente a la ciudadanía de explicar qué pasó con la tan promocionada revolución", acotó.