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“La dolarización de los insumos torna difícil el acceso a la diálisis”

Entrevista con Roque Mascarello, Ministro de Salud Pública de la Provincia de Salta.
Domingo, 01 de septiembre de 2019 00:16

En un contexto de devaluación y de recesión a nivel nacional, en que los más golpeados por la crisis son los más vulnerados, el ministro de Salud Pública del Gobierno de Salta, Roque Mascarello, dialogó con El Tribuno sobre las deudas que tiene el programa nacional Incluir Salud con la Provincia, que llegan a los 150 millones de pesos y afectan a cientos de personas que necesitan diálisis.

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En un contexto de devaluación y de recesión a nivel nacional, en que los más golpeados por la crisis son los más vulnerados, el ministro de Salud Pública del Gobierno de Salta, Roque Mascarello, dialogó con El Tribuno sobre las deudas que tiene el programa nacional Incluir Salud con la Provincia, que llegan a los 150 millones de pesos y afectan a cientos de personas que necesitan diálisis.

El funcionario se refirió a la falta de entrega de medicamentos oncológicos por parte del Gobierno de la Nación, que la Provincia ha tenido que salir a comprar de forma abierta. Recordó que este año también hubo demoras con la provisión de vacunas y de tratamientos para personas con VIH.

El ministro mencionó que también se complicaron los trabajos para combatir el Chagas en la provincia, por el retraso en la derivación de fondos nacionales para insumos, como insecticidas, y para los viáticos de los trabajadores.

Al hablar sobre el protocolo nacional de aborto no punible, al que Salta adhirió en mayo del año pasado, Mascarello aseguró que las prácticas se realizan sin inconvenientes. Mencionó los casos polémicos que hubo en Jujuy y en Tucumán este año, donde se obstaculizó el acceso a este derecho a niñas que habían sido violadas.

Consultado sobre los pocos avances que ha habido en la provincia para cumplir la ley nacional de salud mental Nº 26.657, aseguró que a nivel país Salta es la que más ha hecho por ello y pidió mayor compromiso a los funcionarios del Poder Judicial.

El Gobierno nacional adeuda fondos a la Provincia por los tratamientos de pacientes en diálisis. ¿Desde cuándo sucede esto? 

Incluir Salud (ex-Profe) es un programa nacional que tiene suscripto un convenio con cada una de las provincias, por el cual les transfiere una cápita de dinero para la atención de pacientes discapacitados y en diálisis. La última cápita que nos llegó fue la de febrero. La semana pasada, cuando hice el reclamo formal con respecto a los incumplimientos y a los atrasos que hemos tenido, mandaron la de marzo. O sea, nos deben abril, mayo, junio, julio y agosto: son cinco meses. Por eso las dificultades vinculadas con los prestadores de diálisis, que manifestaron su enojo. Es uno de los sectores que tiene dolarizados todos sus insumos. Eso lo torna dificultoso y pone en una situación compleja a la gente que depende de diálisis para vivir, y también a los prestadores, porque les resulta imposible reponer los insumos, porque el valor de la diálisis no se actualiza como el de estos.

Hicimos la presentación con la Provincia, que reclamó los fondos que dejó de percibir por coparticipación. Mandamos una carta documento y ya tiene la documentación la fiscal de Estado (Pamela Calletti) para accionar en contra de la Nación, porque es inaceptable.

¿Cuánto dinero debe Incluir Salud?

La cápita mensual es de alrededor de 30 millones de pesos. La Provincia está poniendo esa plata para, de alguna manera, contribuir a ese sector tan castigado de los prestadores, para que no se vean resentidos. La Provincia va a anticipar esa plata hasta tanto se hagan todos los reclamos pertinentes y terminen de transferirse los recursos. Vamos a salir en ayuda de ese sector para no perjudicarlos más de lo que ya han sido perjudicados.

Lo mismo sucedió con los medicamentos para pacientes con cáncer, ¿no?

Durante todo el año hemos tenido dificultades y esto lo hemos dicho. También pasó con la entrega de vacunas y medicamentos de VIH. Cuando tenés imprevisibilidad, es bastante difícil. No podemos estar supeditados a que lo manden o a que no lo manden. Tuvimos que salir a hacer una compra abierta. No existe nadie que quiera vender. El rubro de los medicamentos ha tenido incrementos que superan largamente el 400 por ciento durante los años de gestión de este Gobierno. Yo tenía la obligación de seguir proveyéndoles los medicamentos oncológicos. Les pedí por favor que me los mandaran y en 24 horas lo hicieron, facilitándonos esa provisión, entendiendo que en el medio había personas. Desde hace algunos años la compra abierta nos permite que no esté supeditado al valor de la compra de la licitación, sino que, a medida de los requerimientos, se hace la provisión de los medicamentos que forman parte del programa médico obligatorio: no nos han faltado en ningún hospital ni servicio de la provincia.

Desde la Nación también se disminuyó el presupuesto para combatir el Chagas, ¿como van a trabajar para controlar a las vinchucas, que constituyen el principal vector de la enfermedad?

No sé si se disminuyó o no. Lo que sé es que tienen dificultades con la provisión de los recursos, con la regularidad y la frecuencia. Se programaba una actividad y muchas veces se tuvo que suspender el rociado de las viviendas porque no teníamos insumos o porque no tenían los viáticos para que saliera la gente al terreno, al campo, y, por eso, se demoraban las acciones. Yo sé que tuvimos que modificar varias veces la salida, postergarla, porque había alguna razón económica ya sea con los insumos -el insecticida- o con la plata para los viáticos. Después la mandan, pero hay que arrancar de vuelta desde cero.

En mayo de 2018, la Provincia adhirió al protocolo nacional y hubo 77 abortos no punibles desde entonces hasta junio de este año. ¿Como evalúa su aplicación? ¿Hay objeciones de los médicos? 

Nosotros tenemos que cumplir con la ley. Las leyes están para acatarlas. Si no el país termina siendo un escándalo anárquico. A lo largo de este año y medio la Provincia no ha tenido ningún tipo de dificultad y se realizan las prácticas cuando se tienen que realizar y nunca hubo reclamos, como sucedió con provincias vecinas, por decisiones que no las entiendo. Acá, en la provincia, las prácticas se realizan siguiendo el protocolo y sin ningún tipo de inconveniente. Para nosotros es positivo, porque cumplimos con la ley, que es la primera cuestión que tiene que tener cualquier sociedad y cualquier estado.

La ley de salud mental obliga a que en 2020 los hospitales monovalentes, como el Ragone, se conviertan en polivalentes y a que los problemas de salud mental se atiendan en hospitales generales. ¿Por que, después de nueve años, aún estamos lejos de cumplir la ley?

La ley se cumple paulatinamente. No existe ningún lugar del mundo donde se haya logrado eso. El país que más avanzó fue Italia. En todos lados existen dificultades. En nuestra provincia el Hospital del Milagro tiene camas para pacientes con patologías psiquiátricas y estamos estableciendo un protocolo para que todos los hospitales tengan camas para atender a los pacientes con este tipo de patología e ir desarticulando el hospital monovalente, que es el Ragone. Es un proceso que no se puede hacer del día a la noche. La Provincia hizo una cosa trascendente, que fue cerrar la colonia Lozano, un depósito de pacientes psiquiátricos, que estaban durante 30 años y nadie sabía quienes eran. (NdR: en agosto de 2010, antes de que se sancionara la ley, tras una acción de amparo, el Gobierno clausuró el lugar, que funcionaba en Potrero de Linares).

Nosotros hemos avanzado y mucho. Queda un largo camino por recorrer, pero también se tiene que tener en cuenta que la Justicia tiene que participar de este proceso, porque un juez te saca una resolución y te indica que se interne a ese paciente, sin importar el proceso de desmanicomialización y la ley que existe a nivel mundial. Para ellos existe una persona que requiere internación, y nosotros tenemos que acatarlo. No depende solo del sector Salud; el cumplimiento cabal de la ley involucra a otros actores. En Salta se viene cumpliendo de manera acabada todo el proceso, avanzando en ese sentido, y te puedo asegurar que mucho más que cualquier otra provincia en la Argentina.

Esta ley recomienda que el 10 por ciento del presupuesto de Salud Pública vaya al área de Salud Mental. ¿Por qué todavía no se llega a ese porcentaje?

La Provincia no tiene un presupuesto por programas. En algún momento habrá que hacerlo. No tuvo ningún tipo de dificultad para el funcionamiento, de acuerdo a los requerimientos y a las necesidades de cada una de las áreas de Gobierno. Para nosotros el conjunto de las actividades se tienen que desarrollar. En algún momento creo que sería lógico y razonable comenzar a trabajar con presupuestos por programa, lo que además implicará una rendición de cuentas, para ver la eficiencia del funcionamiento y la eficacia en las acciones logradas a partir de esa distribución de recursos.

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