El Gobierno nacional tomó la decisión de devolver a las provincias el dinero que tienen invertido en deuda de corto y mediano plazo que será reperfilada, para evitar una asfixia financiera.
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El Gobierno nacional tomó la decisión de devolver a las provincias el dinero que tienen invertido en deuda de corto y mediano plazo que será reperfilada, para evitar una asfixia financiera.
Según fuentes gubernamentales, se trata de aproximadamente unos 1.300 millones de dólares que habían sido colocados en Letras del Tesoro en pesos (Letes) y Letras capitalizables (Lecaps), que luego la gestión de Mauricio Macri decidió "reperfilar" el 28 de agosto, en medio de la crisis de financiamiento del Ejecutivo nacional.
A pesar de que la cifra está expresada en dólares, se facultó a la Secretaría de Hacienda que conduce Rodrigo Pena para "determinar la moneda de asistencia y su cantidad, en función de las necesidades financieras de las respectivas jurisdicciones".
Así lo decidió el Ministerio de Hacienda que comanda Hernán Lacunza a través de la resolución 731/2019 publicada ayer en el Boletín Oficial.
Con esa medida el Gobierno creó el "Programa de asistencia para la recomposición financiera", con el fin de asistir financieramente a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ahora la situación avanza para darle respiro a Buenos Aires, CABA, Mendoza, San Juan, Salta, Río Negro, Catamarca, Formosa, Santa Fe y La Rioja, que deberán suscribir a un convenio para poder rescatar los bonos reperfilados. "Estamos buscando este mecanismo para resolver las urgencias financieras que tengan las provincias por servicios de deuda o pasivos", dijeron fuentes oficiales.
La intención es darle acceso a dólares a los distritos que tengan que pagar servicios de deuda en esa moneda; una excepción al control cambiario. "Tiene que estar justificada la utilización de los dólares. Si quieren cambiar las Letes sin justificación lo podrán hacer, pero convertidas a pesos a valor dólar del Banco Nación", agregaron.
Con esta decisión oficial se atenderá el déficit financiero de las jurisdicciones provinciales y se colaborará en la regularización de los atrasos de tesorería en concepto de salarios y servicios esenciales.
Esto se ejecutará en el marco de los objetivos establecidos en el decreto 286 del 27 de febrero de 1995 y lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley N§ 11.672 Complementaria permanente de presupuesto y la resolución 150 del 26 de marzo de 2010 del entonces Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
La asistencia financiera se instrumentará contra la cesión de los títulos representativos de deuda pública nacional de corto plazo individualizados en el decreto de necesidad y urgencia 596 del 28 de agosto de 2019.
Se trata de títulos que se encuentren registrados bajo la titularidad de las jurisdicciones al 31 de julio de 2019 y que las provincias y la Ciudad de Buenos Aires mantengan en su poder al momento de celebración del convenio.
El convenio deberá ser suscripto por el director ejecutivo de ese fondo, en su representación, y las jurisdicciones provinciales y la CABA.
Lacunza facultó a la Secretaría de Hacienda para determinar la moneda de asistencia y su cantidad, en función de las necesidades financieras de las respectivas jurisdicciones, y de acuerdo con la información que brinde la Secretaría de Provincias del Ministerio del Interior.
Hacienda deberá impulsar las medidas pertinentes para que el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial cuente con el financiamiento para la implementación del programa creado por el artículo 1´ de esta resolución.
Demandas contra los DNU de Macri en la Corte
En la Corte Suprema empezaron los movimientos para resolver, antes de las próximas elecciones, las 15 demandas de gobernadores contra los decretos de Mauricio Macri que afectaron fondos coparticipables.
Los gestos comenzaron en los últimos días y el martes, durante la reunión semanal de los jueces, se habló concretamente de tomar una decisión en el corto plazo respecto de las medidas cautelares planteadas, informaron a fuentes al tanto de las conversaciones.
No se decidió cuándo se resolverá ni están definidas todas las posiciones, pero en distintas vocalías de la Corte dan por hecho que los planteos de las provincias contra el Estado nacional cuentan con el apoyo de los jueces Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti. No está claro lo que harían Elena Highton y Carlos Rosenkrantz.
Fuentes de la Corte relataron que hasta hace algunas semanas el tema se estaba estudiando con tranquilidad, que se concluyó que no había grandes complejidades desde lo jurídico y que ahora se estaba trabajando en un estudio “más fino” de las respuestas que podría dar el máximo tribunal. “Esto permite avizorar que cuando los jueces lo decidan, saldrá”, dijo un funcionario del tribunal a diario La Nación.
Los planteos de gobernadores que se resolverían ahora son medidas cautelares contra dos decretos pos-PASO de Macri, que incluyeron la eliminación del IVA de un grupo de alimentos y una modificación en el alcance del impuesto a las ganancias. Además, a la Corte entraron cuatro presentaciones de provincias petroleras contra el DNU que congeló el precios de combustibles.