Como primera trinchera del Estado, los municipios son los que reciben directamente las demandas de la gente y hay preocupación entre los intendentes por la disminución de recursos para asistencia social.
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Como primera trinchera del Estado, los municipios son los que reciben directamente las demandas de la gente y hay preocupación entre los intendentes por la disminución de recursos para asistencia social.
La eliminación del impuesto a las cooperadoras asistenciales, única medida que se mantuvo del pacto fiscal del 2017 que firmó el anterior gobierno salteño con el también anterior gobierno nacional, significó una quita de $500 millones a los municipios.
Frente a esta realidad, algunos lores abogan por la autonomía municipal y otros realzan el concepto de federalismo.
Desde que fueron creadas por ley, las cooperadoras son el principal eslabón de la cadena de asistencia social desde los municipios hacia las personas con mayores necesidades.
Según se planteó, el más perjudicado es el municipio de la ciudad de Salta, que dejó de recibir unos 22 millones de pesos mensuales.
En el encuentro que se realizó ayer en la sede del Foro por más de tres horas, la situación de las cooperadoras asistenciales fue el tema que mayor expectativa concentraron las palabras del coordinador de Enlace y Relaciones Políticas de la Gobernación, Pablo Outes.
También estuvieron presentes el titular del Foro de Intendentes, Daniel Moreno y los secretarios del Interior, Mario Cuenca, y de Relaciones Institucionales, Antonio Hucena.
“En los fondos que son destinados en parte a asistencia social estaba la preocupación” de los intendentes, señaló Outes tras la reunión. “Es una parte la que deja de ser remitida, otra parte se mantiene, como el de la descentralización que se hizo en 2010”, dijo.
Esos fondos que seguirán llegando a las comunas tendrán un buen complemento, porque habrá dentro de poco una vinculación con el programa alimentario nacional, explicó y dijo que “técnicamente entendemos van a estar satisfechas las necesidades”.
Agregó que del programa nacional alimentario de unos 60 mil millones de pesos, a Salta llegarán 4 mil millones, una cifra superior a la que se asignaba, y se buscará que llegue a todos los sectores, cosa que no haya duplicación de fondos a políticas alimentarias.
Tras subrayar la importancia de dar la mayor eficiencia a la asignación de fondos, anunció que se trabaja para poner en marcha “un plan de formación de oficios muy fuertes”.
“El objetivo es usar bien los programas nacionales en asignación alimenticia y que la Provincia, con sus programas, apueste fuerte a la formación de oficios, sobre todo en zonas del interior donde hay carencia”.
Outes dijo que al desaparecer el impuesto a las cooperadoras, en el lugar que más incide es en la ciudad de Salta.
“Lo evaluamos y no van a salir del circuito de asistencia; la eliminación del impuesto fue una cuestión del gobierno provincial anterior; se hará una buena asignación de los recursos”, sostuvo. Outes explicó que a nivel provincial se manejaba 1.300 millones de pesos y que “la derogación del impuesto a cooperadoras implicó 500 millones, pero 700 millones siguen llegando a los municipios”. Dijo que les explicó a los intendentes que los fondos de asistencia crítica se mantienen, como también siguen llegando a los municipios las partidas de libre disponibilidad. “La Provincia ayudará a todos los intendentes”, señaló finalmente.
Los municipios tienen menos capacidad de respuesta social
La Cooperadora de la ciudad tiene un 75% menos de recursos.
Tras participar de la reunión con funcionarios del Gobierno provincial, la intendenta de la ciudad de Salta, Bettina Romero, puntualizó que la realidad muestra hoy que los municipios tienen menos capacidad de brindar respuestas sociales.
“Me preocupa que en este escenario delicado se deje a las cooperadoras asistenciales con un 75% menos de recursos”, señaló la jefa del gobierno municipal de la ciudad de Salta, al tiempo que insistió en remarcar el importante rol social que cumplen las cooperadoras asistenciales y las administraciones municipales en esta provincia.
Bettina Romero señaló que “el municipio es la primera puerta a la que el vecino golpea ante una urgencia o un problema” y dijo que cree en el papel del Estado como agente de justicia social.
“Me preocupa que en este escenario delicado, con un 41% de nuestra población viviendo en la pobreza, se deje a la Cooperadora Asistencial de la ciudad con un 75% menos de recursos. Por ende, de capacidad y posibilidad de dar respuestas o asistir a quienes más lo necesitan. Hoy los municipios tenemos menos autonomía”, manifestó.
En este sentido, puntualizó que el 75% de los fondos que recibían las cooperadoras asistenciales ya no existe.
Si bien celebró que haya un plan alimentario, una medida nacional que igual iba a llegar, marcó que ello nada tiene que ver con el financiamiento de las cooperadoras.
“Era bueno quitarles presión tributaria a los comercios y empresas, pero no se previó cómo reemplazar el monto que se dejó de percibir”, dijo la jefa comunal ante los periodistas que siguieron la reunión.