Muchos se especuló sobre quién podría agarrar con las manos la brasa encendida que es hoy Aguaray tras los desmanejos del intendente Enrique Prado, quien no llegó a cumplir el año de gestión luego de estrenar el cargo en diciembre con la escandalosa venta de 35 km de caños del gasoducto del NEA, una causa que obra en la Justicia Federal.
“Aguaray hoy es una zona caliente”, decían los que opinaban sobre la realidad que enfrentaría el futuro interventor. Y los nombres comenzaron a danzar entre el exintendente de La Merced Juan Angel Pérez, el exvicegobernador Miguel Angel Isa; hombres de política del norte como Mario Oscar “Tito” Angel y Marcelo Abraham, y también se escuchó nombrar al exsecretario de Servicios de Salud, Francisco Marinaro Rodó, y a Matías Asenatto, quien fue interventor de El Bordo en 2015.
A pesar de su crucial participación en la denuncia que llevaría a Prado a este escandaloso final, nadie arrojó el nombre de Adrián Zigarán, quien hasta ayer fue secretario provincial de Participación Ciudadana y Relaciones con la Comunidad. Tras la decisión de las cámaras legislativas de apartar al intendente Jorge Enrique Prado de su cargo, el gobernador Gustavo Sáenz lo designó como interventor de Aguaray.
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Muchos se especuló sobre quién podría agarrar con las manos la brasa encendida que es hoy Aguaray tras los desmanejos del intendente Enrique Prado, quien no llegó a cumplir el año de gestión luego de estrenar el cargo en diciembre con la escandalosa venta de 35 km de caños del gasoducto del NEA, una causa que obra en la Justicia Federal.
“Aguaray hoy es una zona caliente”, decían los que opinaban sobre la realidad que enfrentaría el futuro interventor. Y los nombres comenzaron a danzar entre el exintendente de La Merced Juan Angel Pérez, el exvicegobernador Miguel Angel Isa; hombres de política del norte como Mario Oscar “Tito” Angel y Marcelo Abraham, y también se escuchó nombrar al exsecretario de Servicios de Salud, Francisco Marinaro Rodó, y a Matías Asenatto, quien fue interventor de El Bordo en 2015.
A pesar de su crucial participación en la denuncia que llevaría a Prado a este escandaloso final, nadie arrojó el nombre de Adrián Zigarán, quien hasta ayer fue secretario provincial de Participación Ciudadana y Relaciones con la Comunidad. Tras la decisión de las cámaras legislativas de apartar al intendente Jorge Enrique Prado de su cargo, el gobernador Gustavo Sáenz lo designó como interventor de Aguaray.
Sobre la decisión tomada, el ministro de Gobierno provincial, Ricardo Villada, dijo: “Con el gobernador hemos firmado la promulgación de la ley de intervención que saldrá mañana (por hoy) en el Boletín Oficial y, en base a conversaciones previas, se decidió que la persona indicada es Adrián Zigarán por el profundo conocimiento que tiene del territorio y de sus problemáticas. El gobernador Sáenz le ha encomendado a Adrián que lleve paz, diálogo y contención a la gente de Aguaray durante este proceso de intervención que llevará adelante hasta las próximas elecciones de autoridades del año que viene”. Agregó: “También se le solicitó especialmente que en el marco del diálogo busque consenso con los siete concejales de Aguaray, quienes fueron elegidos por el pueblo, respetando siempre esa voluntad soberana”.
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Sobre los otros candidatos a ser interventores de la comuna norteña, Villada comentó: “Sin dudas hay mucha gente en el Gobierno y exfuncionarios que están en condiciones de asumir la intervención, pero el gobernador Sáenz entendió que Adrián Zigarán es la persona más adecuada porque tiene un amplio conocimiento de la zona y ha contribuido a destrabar pacíficamente situaciones muy complejas”.
Consultado sobre la decisión de Prado de apelar a la Corte “porque es inconstitucional la intervención”, según dijo ayer el destituido intendente, el ministro expresó: “Los legisladores se tomaron el tiempo necesario para entender que había tal gravedad institucional como para intervenir el municipio de Aguaray, por lo que no solo tiene legalidad el proceso, sino que cuenta con la legitimidad de ambas cámaras. Más allá de la opinión de Prado, la resolución es incuestionable”.
Acotó: “La causa está en la Justicia Federal y los legisladores ya pidieron informes sobre la misma. Nosotros como gobierno seremos respetuosos del proceso judicial del ámbito federal, pero como sector político ansiamos respuestas de la Justicia sobre este caso que afecta a todos los argentinos, porque robarse un gasoducto es difícil de entender”. marzo pasado, pero recién la semana anterior el oficialismo admitió la necesidad de apelar al remedio de la intervención.