Renzo José "Yuthiel" Alderete, señalado como uno de los cabecillas en la toma de terrenos de Parque La Vega y quien fue detenido hace una semana e imputado, continúa aislado en la Alcaidía Judicial por padecer COVID-19.
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Renzo José "Yuthiel" Alderete, señalado como uno de los cabecillas en la toma de terrenos de Parque La Vega y quien fue detenido hace una semana e imputado, continúa aislado en la Alcaidía Judicial por padecer COVID-19.
Se supo que se encuentra separado del resto desde el día de la detención, el miércoles pasado, porque ingresó con síntomas. Incluso el mismo Alderete habría expresado que podía tener coronavirus cuando efectivos policiales estaban por detenerlo.
Por ese motivo, le solicitaron análisis de sangre y un hisopado, los que fueron realizados por personal del hospital Papa Francisco. Los resultados arrojaron: "COVID-19 detectable".
"Este resultado da la pauta de que el asentamiento es un peligro. Puede convertirse en una bomba de contagios. Nos preocupa mucho la salud de las familias", habían expresado a este diario una fuente ligada al caso.
Mediación
Además, se conoció que el fiscal penal 3, Horacio Córdoba Mazuranic, no tiene previsto desalojar el predio porque hay un proceso de mediación que está en marcha en el que interviene el área de Mediación Penal del Ministerio Público Fiscal. Por una parte están las familias asentadas y por otra los funcionarios del Ejecutivo provincial. "La idea es llegar a un consenso, es decir, que las partes le pongan empeño y haya consenso para que se retiren, pero no está prevista una orden de desalojo", destacaron las fuentes.
Justamente ayer, el procurador Abel Cornejo mantuvo una reunión con la diputada nacional Lía Caliva, en la que coincidieron en la necesidad de conformar una mesa de concertación junto a los distintos poderes del Estado, donde se podrían abordar temas de tierras .
Cornejo destacó -en el encuentro- la importancia del diálogo y de garantizar la paz, igualdad y equidad entre los distintos sectores en el marco de la emergencia sanitaria y social vigente, a la vez que precisó que desde el inicio del asentamiento en San Calixto, se produjeron más de veinte audiencias de mediación a través de una comprometida tarea de los mediadores del MPF y ante una situación que se fue tensando debido a la rotación de distintos funcionarios del Poder Ejecutivo Provincial.
El procurador propuso que ante el déficit de más de 100 mil viviendas y en el marco de la mesa de concertación, se analice como vía de solución que se avance en un relevamiento integral de tierras fiscales disponibles y déficit habitacional y que, entonces, se permuten tierras productivas de propiedad del Estado, por tierras privadas donde podrían ejecutarse loteos sociales.
Se abstuvo de declarar
Alderete fue detenido hace una semana, al mediodía, a pocas cuadras del asentamiento, cuando volvía junto a otros delegados de una reunión con funcionarios provinciales en el Centro Cívico Grand Bourg, a donde habían sido citados.
El fiscal penal Córdoba Mazuranic lo imputó el jueves pasado por los delitos de entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte y comunicación (2 hechos), lesiones leves, coacción, amenazas, coacción agravada y retención indebida (4 hechos) a partir de 11 actuaciones iniciadas ante las denuncias radicadas por personas que participaron del asentamiento y vecinos de la zona en su contra.
También se le imputó los delitos de turbación de aguas y desobediencia judicial en concurso real a partir de la denuncia radicada por los representantes de la empresa Aguas del Norte por una excavación que realizó junto a otras personas, hasta acceder a un caño de la red pública de distribución de agua, y provocar una rotura en el mismo, con la finalidad de efectuar una conexión clandestina para el asentamiento.
Ante la situación sanitaria existente, la audiencia se realizó con el imputado desde su lugar de detención, por videollamada, y el fiscal con los abogados defensores en sede fiscal. Alderete, luego de conocer las acusaciones en su contra, se abstuvo de declarar y Córdoba Mazuranic solicitó, al Juzgado de interviniente, su prisión preventiva.