El derrocamiento del presidente Martín Vizcarra y su reemplazo por el titular de la Asamblea Nacional, José Merino, constituyó un nuevo eslabón de la crisis que experimenta el sistema institucional peruano.
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El derrocamiento del presidente Martín Vizcarra y su reemplazo por el titular de la Asamblea Nacional, José Merino, constituyó un nuevo eslabón de la crisis que experimenta el sistema institucional peruano.
Tras las violentas manifestaciones de protesta contra su designación, Merino se vio obligado a dimitir y, en medio del caos callejero, el Congreso designó en su lugar a Francisco Sagasti, un economista de 76 años que se había opuesto a la remoción de Vizcarra y tendrá a su cargo el gobierno hasta las elecciones presidenciales previstas para abril de 2021.
La presidencia de Vizcarra, un dirigente político virtualmente desconocido a nivel nacional, fue una experiencia efímera. Como vicepresidente, asumió el mando en marzo de 2018 a raíz de la destitución del presidente Pablo Kuczynski, quien con apenas veinte meses en el gobierno fue removido de su cargo, acusado de corrupción, por una mayoría parlamentaria hegemonizada por Fuerza Popular, el partido liderado por Keiko Fujimori, la hija de Alberto Fujimori, el mandatario que lideró las reformas estructurales en la década del 90.
El fujimorismo
La caída de Kuczynski fue una represalia del "fujimorismo": Keiko había perdido en la segunda vuelta electoral en 2016, después de haber ganado en la primera ronda con el 39% de los votos contra el 21% de su contrincante. Vizcarra fue electo entonces por el voto "antifujimorista" pero una vez en el gobierno alcanzó niveles inéditos de imagen positiva en virtud de su prédica anticorrupción. Con el aval de esa repentina popularidad, Vizcarra hizo una cruzada contra la "clase política". A tal efecto, convocó a un referéndum para aprobar una reforma constitucional que prohibía la reelección de los legisladores. En la consulta popular, efectuada en diciembre de 2018, el "sí" obtuvo el 79% de los votos.
Para enfrentar la férrea oposición parlamentaria, Vizcarra adoptó entonces la drástica decisión de disolver el Congreso y convocar a nuevas elecciones legislativas, que tuvieron lugar en enero pasado.
Su resultado constituyó una dura derrota para el "fujimorismo", que redujo su representación en el Parlamento de 73 a sólo 15 escaños. La contrapartida de esa debacle fue un grado de dispersión electoral pocas veces visto en la historia mundial.
Nueve partidos políticos superaron el piso electoral del 5% establecido legalmente para tener representación legislativa, pero el que más sufragios obtuvo cosechó apenas el 11%. En un Parlamento de 130 miembros, el bloque más importante pertenece a Acción Popular con sólo 25 bancas.
La obtención de las mayorías parlamentarias necesarias para la sanción de las leyes quedó así supeditada a maniobras y negociaciones de todo tipo, más individuales que colectivas. Sin apoyatura política propia, Vizcarra quedó a merced de la extorsión permanente de un Congreso transformado en el ámbito de las transacciones de una "clase política" desestructurada por la crisis del sistema de partidos, urgida en sus tiempos personales por un mandato legislativo de dos años y privada encima de la perspectiva de la reelección en sus bancas, lo que en la mayoría de los casos llevó a la búsqueda de un futuro individual en las gobernaciones y alcaldías, cuando no en el simple enriquecimiento personal.
Tormenta en un vaso de agua
La imposibilidad material de satisfacer esa multiplicidad de demandas económicas sectoriales o personales tornó también problemática la relación entre Vizcarra y el nuevo Congreso. En esa pulseada, la corporación parlamentaria terminó inclinándose por asumir directamente las riendas del gobierno. Por una abrumadora mayoría de votos, Vizcarra fue destituido por "incapacidad moral permanente", una figura legal tan ambigua como arbitraria, y sustituido por Merino, titular de un Parlamento que tiene 68 procesados entre sus 130 miembros.
Las violentas movilizaciones callejeras de protesta contra la destitución evidencian el contraste entre la popularidad del exmandatario y el desprestigio de los diputados que aprobaron su remoción. El resultado fue la designación de Sagasti.
El flamante mandatario no tendría que dormir tranquilo. Perú ostenta un récord mundial: de sus cinco últimos presidentes electos, cuatro están en la cárcel y uno se suicidó para no correr la misma suerte. Fujimori cumple una condena de 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad en la lucha para erradicar la guerrilla de Sendero Luminoso. Alejandro Toledo (2001-2006), sucesor de Fujimori, está detenido por haber recibido 20 millones de dólares del grupo Odebrecht. Ollanta Humala (2011-2016) cumple prisión preventiva por lavado de dinero. Alan García (2006-2011) se quitó la vida el año pasado cuando estaba por ser detenido. Tras ser destituido, Kucynski (2016-2018) también fue apresado en abril de 2018 por lavado de dinero.
La paradoja peruana
Paradójicamente, esas ásperas confrontaciones que giran en torno a la situación judicial de los responsables de la conducción del Estado contrastan con el consenso implícito que sostiene los lineamientos básicos del rumbo económico impuesto por Fujimori en la década del 90. Esa continuidad hizo que Perú pudiese suscribir tratados bilaterales de libre comercio con Estados Unidos y China.
También, unirse a México, Costa Rica, Colombia y Chile en la Alianza del Pacífico, la asociación regional que desde 2011 nuclea a las economías más abiertas de América Latina.
En Perú, el peso de la realidad suele impactar en los presidentes. García, durante su segundo mandato, hizo lo contrario de lo que realizó durante su primer gobierno (1985-1990), cuando impulsó una moratoria unilateral de la deuda externa que condenó al país al aislamiento financiero y terminó su gestión en medio de un brote hiperinflacionario. Humala abandonó en el poder la prédica “filochavista” que enarboló en su campaña electoral. El propio Fujimori ganó en 1990 las elecciones con una imagen “populista” como alternativa al programa ortodoxamente liberal encarnado por el escritor Mario Vargas Llosa.
Esto explica por qué en el último cuarto de siglo la economía peruana exhibe un vigoroso crecimiento económico, cuyas causas fueron magistralmente descriptas por el economista Jaime de Althaus en su libro “La revolución capitalista en el Perú”, sin que sus recurrentes crisis políticas alteren la continuidad del rumbo elegido y aunque los principales artífices del milagro tengan que observar su obra desde las ventanas de la cárcel. De hecho, la izquierda peruana no existe como opción de gobierno.
La pandemia, que afectó a Perú más severamente que a ningún otro país de la región, golpea hoy con fuerza a la economía, pero la ausencia de alternativas viables en ese terreno hace que el aumento de la disconformidad social no esté focalizado tanto en el modelo económico como en el sistema político. A cinco meses de las elecciones presidenciales, ninguno de los candidatos en danza, que incluyen desde George Forsyth, un exarquero del seleccionado nacional de fútbol apoyado por el movimiento evangélico, hasta el economista Hernando De Soto, autor del célebre libro “El otro sendero”, llega al 15% de los votos. Lo notable es que mientras la incertidumbre política es total la tasa riesgo país está por debajo de los 200 puntos y es la más baja de América del Sur. Lo que en otros países sería una hecatombe en Perú parecen tormentas en un vaso de agua.
* Vicepresidente del Instituto de Planeamiento Estratégico