El Procurador General de la Provincia, Abel Cornejo emitió dictamen señalando que debe hacerse lugar a la demanda iniciada por los diputados Carlos Zapata, Julio Moreno y el ciudadano Nolasco Zapata, para que se declarare la inconstitucionalidad del artículo 17 de la Ley 8171 que otorga fueros a favor de los ministros del Poder Ejecutivo y del Secretario General de la Gobernación.
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El Procurador General de la Provincia, Abel Cornejo emitió dictamen señalando que debe hacerse lugar a la demanda iniciada por los diputados Carlos Zapata, Julio Moreno y el ciudadano Nolasco Zapata, para que se declarare la inconstitucionalidad del artículo 17 de la Ley 8171 que otorga fueros a favor de los ministros del Poder Ejecutivo y del Secretario General de la Gobernación.
En su dictamen el Procurador General señaló que es irrazonable e inconstitucional que una ley otorgue fueros a ministros del Poder Ejecutivo ya que tales prerrogativas sólo pueden ser establecidas por la Constitución.
Antecedentes del Caso
La causa contra los fueros de los ministros se inició en enero de este año con el patrocinio del abogado Gonzalo Guzmán, a los pocos días de promulgada la Ley de 8171.
Ya desde su banca los Diputados Zapata y Moreno habían advertido que el proyecto de ley enviado por el gobernador Gustavo Sáenz pretendiendo que se reconozca a favor de sus Ministros los mismos fueros que la Constitución consagra a favor de los legisladores era inconstitucional y si bien adelantaron que iniciarían una acción popular de inconstitucionalidad en su contra, el Gobernador de la Provincia resolvió igualmente promulgar la ley y garantizar tales fueros para sus Ministros.
Emitido el dictamen del Procurador General resta ahora que se pronuncie la Corte de Justicia dictando sentencia.
Carlos Zapata señaló que el dictamen del Procurador es un paso decisivo para la causa y que si la Corte hace lugar a la demanda se desactivará por fin una mala práctica en nuestra Provincia en relación a esa materia que se viene repitiendo hace años.
“El Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo no tienen atribuciones para conceder inmunidades, y tampoco el constituyente les ha delegado tal facultad y es nuestro deber como ciudadanos y como legisladores velar por el cumplimiento de la Constitución”, afirmó Carlos Zapata.