El Juez Federal de Garantías de Orán, Gustavo Montoya, dispuso el cese de la prisión preventiva impuesta al ex intendente Jorge Enrique Prado, uno de los 11 imputados que tiene la investigación penal que se lleva adelante desde febrero pasado por el robo de caños del Gasoducto GNEA.
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El Juez Federal de Garantías de Orán, Gustavo Montoya, dispuso el cese de la prisión preventiva impuesta al ex intendente Jorge Enrique Prado, uno de los 11 imputados que tiene la investigación penal que se lleva adelante desde febrero pasado por el robo de caños del Gasoducto GNEA.
En remplazo, y en vista del éxito de las medidas probatorias llevadas adelante en Aguaray, el fiscal general Eduardo José Villalba, quien está al frente del caso, solicitó que se impongan otras medidas de coerción en contra de Prado a fin de garantizar el cumplimiento de testimoniales que restan recibirse.
Villalba, de esta manera, cumplió con el compromiso tomado respecto al plazo de la prisión preventiva del ex intendente, la cual se había dispuesto, en una primera etapa, hasta el 6 de diciembre. Luego, sin embargo y dado los nuevos elementos probatorios reunidos al comenzar a la toma de testimoniales en ese municipio, el fiscal solicitó una extensión, la cual fue fijada por el juez Montoya hasta el 18 de diciembre.
Pese a sendos planteos interpuestos por la defensa de Prado para que se revoque, tanto la prisión preventiva y se morigere por un arresto domiciliario, la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones rechazó en ambos casos los recursos y confirmó la prisión preventiva hasta la fecha indicada por Montoya.
En víspera del cumplimiento de este plazo, y dado que la testimoniales tomadas revelaron otros aspectos que fundamentan la hipótesis criminal del caso, el fiscal solicitó una medida de prohibición de acercamiento para que Prado no pueda presentarse en las instalaciones de la Municipalidad de Aguaray.
A ellas se sumaron otras más, como el compromiso de colaboración con la justicia y evitar cualquier acto que entorpezca la investigación pena, la prohibición de salir del país y comunicarse, cada 15 días, con la fiscalía a cargo del caso.
Tras fundar la razón de estas medidas, basadas en la influencia y ascendencia que el ex intendente ejerce sobre los empleados del municipio, el juez Montoya dispuso lo peticionado por la fiscalía, la cual avanza con la sustanciación de la imputación penal formalizada.
Testimonios
Respecto a las testimoniales de empleados y funcionarios municipales en Aguaray, ayer desde la fiscalía se informó que los resultados fueron muy positivos, puesto que los datos aportados no sólo confirmar la hipótesis criminal sino también permitieron profundizar la investigación en otros aspectos.
Esto, casualmente, llevó a la fiscalía a pedir otras testimoniales, aparte de las 13 que fijaron inicialmente. Asimismo, y de lo aportado por los testigos, es que se solicitaron otras medidas, como el secuestro de documentación y de computadoras.
Villalba, por último, resaltó la tarea de la auxiliar fiscal Roxana Gual y de todo el equipo de trabajo de la fiscalía, puesto que se trabaja frente a “una causa muy compleja, no sólo por la cantidad de imputados sino también por la trama que se llevó adelante para sacar provecho personal de bienes pertenecientes al Estado Nacional”.
En vista de ello, el fiscal consideró que la fiscalía cumplirá con el plazo de investigación solicitado oportunamente, el cual se vence en febrero próximo, puesto que ya se reunieron numerosos elementos de pruebas, como así también recordó que se recuperaron más de 300 caños a partir de las medidas impulsadas desde la Unidad Fiscal.