Una estudiante, contra quien se llevaba adelante una investigación penal por el delito de intimidación pública y amenazas, contenido en los artículos 211 y 249 bis del Código Penal, fue beneficiada con la suspensión de juicio a prueba (probation) por la que deberá realizar tareas comunitarias por el lapso de un año. El caso surgió a partir de una denuncia realizada por el Centro de Reunión de Información Salta de Gendarmería Nacional a la Unidad Fiscal Salta, que quedó en manos del fiscal federal Francisco Snopek y dispuso las medidas investigativas respectivas.
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Una estudiante, contra quien se llevaba adelante una investigación penal por el delito de intimidación pública y amenazas, contenido en los artículos 211 y 249 bis del Código Penal, fue beneficiada con la suspensión de juicio a prueba (probation) por la que deberá realizar tareas comunitarias por el lapso de un año. El caso surgió a partir de una denuncia realizada por el Centro de Reunión de Información Salta de Gendarmería Nacional a la Unidad Fiscal Salta, que quedó en manos del fiscal federal Francisco Snopek y dispuso las medidas investigativas respectivas.
Las diligencias giraron en torno de un comentario realizado el 9 de octubre pasado al pie de una nota que anunciaba la llegada del entonces presidente Mauricio Macri a Salta. El mandatario vino a la provincia en una recorrida de campaña, de cara a las generales del 27 de octubre pasado.
Dicha manifestación se hizo a través de la red social Facebook en la cuenta de un medio informativo local. "Lista mi MP5 (Maschinepistole 5, un subfusil de calibre 9 mm de diseño alemán) para darle en la frente", rezaba el comentario, el cual alertó al personal de Gendarmería dispuesto para garantizar la seguridad del exmandatario nacional. Atento a ello, se identificó a la persona que realizó el comentario, que en su perfil mostraba fotos en prácticas de tiro.
Posteriormente, se efectuó un allanamiento, oportunidad en la que se secuestraron cartuchos de distintos calibres. La fiscalía, en tanto, siguió adelante con el proceso penal, que avanzó con la formalización de la acusación y otras medidas probatorias.
El lunes pasado hubo una propuesta de la defensa oficial, a cargo de Nicolás Escandar, para llegar a una suspensión del proceso a prueba. La medida fue tomada como favorable por el fiscal general Snopek, quien dispuso de la acción penal por dicha vía. La auxiliar de la fiscalía Roxana Gual informó al juez de Garantías, Julio Bavio, sobre el curso del proceso por parte de la fiscalía. No obstante, especificó los detalles del hecho, la calificación penal impuesta -que establece una escala penal de 2 a 6 años de prisión- y las pruebas reunidas.
La Fiscalía reconoció la colaboración, conducta y falta de antecedentes de la acusada, lo que permitió arribar al acuerdo.
Sin antecedentes
La auxiliar fiscal reconoció la colaboración y conducta de la acusada, como así también la falta de antecedentes, lo que permitió arribar al acuerdo de la aplicación de distintas reglas de conductas por el término de un año, entre ellas el cumplimiento de 8 horas mensuales de tareas en favor del Hogar Instituto de Rehabilitación del Paralítico Cerebral (Hirpace) por un año.
Atento a la presentación de la fiscalía, el juez interrogó a la acusada a fin de verificar si la misma entendía los términos del acuerdo y si prestaba conformidad, a lo que la imputada respondió afirmativamente.
Bavio, entonces, dio por finalizada la audiencia en razón de lo decidido por el Ministerio Público Fiscal. No obstante, resaltó que los beneficios de este acuerdo podrían ser revocados ante el incumplimiento de las reglas de conductas establecidas, entre ellas las tareas que debe cumplir en Hirpace, institución que, a su vez, también prestó conformidad a la propuesta.